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La patronal de las empresas eléctricas defienden la necesidad de pagar peajes por el autoconsumo

  • Rechazan el informe de la Comisión Nacional de la Energía, que pide quitarlo
  • "Lo que sería discriminatorio sería no imponer dicho peaje de respaldo", dicen
  • Fitch ve más creíble la reforma eléctrica portuguesa que la española

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Las empresas eléctricas agrupadas en Unesa -Endesa, Iberdrola, Gas Natural, E.ON España y EDP España- han defendido este martes la necesidad de que quienes opten por el autoconsumo paguen el denominado "peaje de respaldo", una carga económica propuesta por el Gobierno para que los consumidores que elijan este modelo también contribuyan a los costes del sistema.

En un comunicado, Unesa rechaza la propuesta de la Comisión Nacional de Energía (CNE), incluida en su informe sobre la propuesta normativa del Gobierno, de que se retiren estos peajes por ser "discriminatorios".

La patronal de las grandes eléctricas señala que, como cualquier otro consumidor, los usuarios que opten por el autonconsumo deben pagar los costes regulados del sistema, donde se incluyen las primas a las renovables o la retribución a las actividades de transporte y distribución, entre otros. De lo contrario, añaden, el coste recaería en el resto de los consumidores, "que tendrían que pagar más (...) para compensarlo y evitar nuevos aumentos del déficit".

"Lo que sería discriminatorio (para la gran mayoría de los consumidores) sería no imponer dicho peaje de respaldo", afirman. Para Unesa, este peaje no haría inviables las instalaciones de autoconsumo sino que "simplemente" alargaría el período de recuperación de la inversión.

Las eléctricas recuerdan la urgencia de lograr la sostenibilidad financiera del sistema y acabar con el déficit de tarifa -desfase generado al ser los ingresos insuficientes para cubrir sus costes-, y rechazan que los peajes al autoconsumo dificulten cumplir con los objetivos comunitarios para 2020.

Energía pide su eliminación

Energía publicó este lunes el informe en el que analiza la propuesta de real decreto para el autoconsumoaprobada por el Gobierno en julio como parte de la reforma eléctrica. En ella, la CNE pide al Ministerio de Industria que elimine el nuevo 'peaje de respaldo' al autoconsumo de electricidad por ser discriminatorio y  hacer inviables los proyectos, lo que va en el sentido contrario de las  directivas comunitarias sobre eficiencia energética.

En su informe (ver. PDF), el regulador considera que "supondría un trato discriminatorio respecto a otros consumidores" obligar a los clientes con sistemas de autoconsumo a pagar por la energía ahorrada,  algo que no sucede con otros mecanismos de eficiencia, como la mejora  del aislamiento de la vivienda o el uso de lámparas de bajo consumo.  Estos consumidores "no pagarían este peaje por la energía que pudieran  ahorrar", señala la CNE.

Fitch ve más creíble la reforma eléctrica portuguesa

Los planes de Portugal para equilibrar los costes de su sistema eléctrico son más "creíbles" que los anunciados en España, según un informe de la agencia de calificación de riesgos Fitch. La agencia señala que los planes portugueses para atajar su déficit tarifario, un desfase entre los ingresos y los costes del sistema eléctrico, van acompañados de una agenda detallada y un proceso de supervisión y se ven beneficiados de la independencia de la regulación. Unos elementos, añade Fitch, que están ausentes, o menos desarrollados, en el plan de trabajo de España.

La agencia, además, advierte de que la factura de la luz y la sostenibilidad del sistema eléctrico pueden verse sometidas a nuevas presiones relacionadas con la "anémica" demanda y por la necesidades de refinanciación de parte de la deuda del sector a través del Fondo de Amortización de la Deuda Eléctrica (FADE).

Al analizar la situación española y la reciente reforma  energética, Fitch considera que las medidas están expuestas a  "volatilidad", no solo por posibles caídas de demanda, sino también  porque "el regulador no ha demostrado en los últimos años su  capacidad para hacer valer sus decisiones técnicas para asegurar que  los costes del sistema estén firmemente controlados". Además, la puesta en práctica de "medidas retroactivas" como parte  de la reforma y, en concreto, de los nuevos esquemas de retribución a  las actividades reguladas puede suponer una señal "no amistosa para  los inversores" y conducir a "disputas legales".