La Fiscalía estudia pedir a Iñaki Urdangarin una fianza de dos millones de euros

• Ha solicitado a Hacienda un informe sobre los ingresos percibidos del imputado
• Así se cuantificará el dinero presuntamente defraudado a través de Nóos

La Fiscalía Anticorrupción está estudiando la posibilidad de solicitar una fianza de dos millones de euros para el Duque de Palma,  Iñaki Urdangarin, imputado en el caso Nóos.

Tomará una decisión una vez la Agencia Tributaria aporte el informe que solicitó el juez instructor en torno a los ingresos percibidos por el yerno del Rey Don Juan Carlos, lo que ayudará a cuantificar el dinero presuntamente defraudado a través de su entidad sin ánimo de lucro.

Sin embargo, aunque el Ministerio Público se encuentra a la espera de poder analizar la documentación de Hacienda y a partir de ahí calcular la cantidad a la que podría ascender la caución que los fiscales pidan al magistrado, se estima que la cifra podría alcanzar al menos los dos millones de euros, según han apuntado fuentes jurídicas.

Ya al término de la declaración que prestó Urdangarin ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, las acusaciones contemplaban solicitar medidas cautelares contra el imputado si bien varias semanas después están pendientes de cuantificar la cantidad exacta que pudo malversarse a través del Instituto Nóos y de que declarasen otras personas que también habrían tenido implicación en los hechos investigados.

Así, el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular en la pieza número 25 del caso Palma Arena, ya anunció que solicitaría la imposición de estas medidas, petición que la abogada que en esta causa representa a la entidad, Virginia López Negrete, tampoco ha efectuado por el momento al instructor de las pesquisas. 

Las investigaciones

Por ahora, los investigadores apuntan que Urdagarin y su exsocio Diego Torres encabezaron una trama a través de la cual se habrían apoderado de 5,8 millones de los fondos públicos que percibió Nóos.

En concreto, falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos son los delitos que se indagan en este fleco del caso Palma Arena, uno de los 26 que componen este complejo procedimiento judicial.

Las acusaciones consideran a ambos encausados responsables de  urdir un entramado societario cuando los dos estaban al frente de  Nóos con el fin de hacerse con los fondos públicos y privados que  recibía la entidad. 

Para ello, fijaban precios totalmente  desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración  y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del  entramado societario de Nóos. Cantidades que acababan presuntamente  así en manos de empresas controladas por los dos imputados.

Todo ello a través de mercantiles de las que eran propietarios y  administradores: Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L. -de la que  la Infanta es copropietaria al 50 por ciento-, Virtual Strategies  S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For  Stakeholder Management, empresas que centran el foco de atención de  las investigaciones junto al propio Instituto Nóos, que entre 2004 y  2007 recibió del Gobierno balear y la Comunidad Valenciana un total  de 5,8 millones mientras que de entidades privadas percibió hasta 4,4  millones de euros.  

Es más, la documentación intervenida en los registros practicados  en esta causa recoge asimismo apuntes manuscritos sobre una supuesta  estructura fiduciaria para desviar dinero al extranjero,  concretamente a Belice y Reino Unido, y donde jugaba un papel  fundamental la sociedad De Goes Center for Stakeholder Management así  como la figura del abogado experto en fiscalidad internacional  Salvador Trinxet. 

Sobre este punto, la Fiscalía identifica que se  transfirieron fondos 'invisibles' o de destino desconocido a  Inglaterra por valor de 420.000 euros.