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La Inspección de Trabajo culpa a la direccion de France Telecom de la ola de suicidios

  • Acusa a la dirección de no hacer nada para aliviar el sufrimiento
  • Vincula los suicidios a la política de reorganiza ción d ela empresa

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France Telecom's outgoing CEO Lombard and incoming CEO Richard attend a news conference in Paris
El presidente saliente de France Telecom, Didier Lombard, a la derecha, y el entrante, Stephane Richard, durante una conferencia de prensa en París.

El informe de la inspección de trabajo que investiga la oleada de suicidios de trabajadores de France Télécom apunta a los ex altos cargos de la compañía por no hacer nada ante las consecuencias de su plan de reorganización de la empresa sobre la plantilla.

El texto indica que los últimos suicidios o intentos de suicidios de trabajadores en el primer operador francés de telecomunicaciones "no son casos particulares" y están relacionados con "la política de reorganización y gestión" puesta en marcha en 2006.

El diario Le Parisien publica este sábado algunos extractos de este documento, de 82 páginas, que ya ha sido remitido a la Fiscalía de París y en el que la inspectora laboral, Sylvia Catala, habla de "acoso moral" en el seno de la compañía.

Según ella, los más altos cargos de la empresa fueron alertados "en muchas ocasiones" por médicos, sindicalistas o inspectores laborales de "los efectos sobre la salud de los trabajadores" que estaba teniendo la política de reorganización emprendida en la compañía.

Pese a eso, añade en su informe, apenas aplicaron medidas para poner remedio al "sufrimiento" de la plantilla.

Sus acusaciones se dirigen en concreto contra tres directivos, entre ellos, el ex presidente Didier Lombard, recientemente reemplazado en el cargo por Sthéphane Richard.

La inspectora argumenta que los problemas que derivaron en una cuarentena de suicidios en los dos últimos años son consecuencia del llamado "Plan Next", puesto en marcha en 2006 para mejorar el rendimiento, la eficacia y la productividad de la empresa.

Ese plan contemplaba la supresión de 22.000 empleos en tres años y el traslado forzoso de 11.000 trabajadores.