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La Ley Rider acaba de reconocer a los repartidores de plataformas digitales como asalariados. En la calle, algunos riders aplauden la iniciativa y otros temen por su futuro y las consecuencias de la norma. A través de las historias personales de Natalia y Fernando nos acercaremos a este complejo conflicto que sigue sin estar cerrado.

Natalia trabajaba como cocinera 12 horas al día pero el nacimiento de su hija le hizo imposible compaginar ambas responsabilidades. Fernando era un administrativo cansado de su rutina que adoraba montar en bici. Hoy, ambos son repartidores en plataformas digitales pero su visión sobre el sector es opuesta. Ella quiere seguir siendo autónoma y él aplaude la reciente Ley Rider que les reconoce como asalariados.

Riders es un documental que se acerca y trata de dar respuestas a este complejo conflicto. Además, puedes ponerte en la piel de un rider e intentar llegar al salario mínimo en la experiencia interactiva del Lab de RTVEwww.rtve.es/rider-por-un-dia.

El Consejo de Ministros dará hoy luz verde a la nueva regulación que obligará a las plataformas digitales de reparto de comida a domicilio, como Glovo o Deliveroo, a trabajar con repartidores contratados. Con esta ley, bautizada como 'Ley Rider', se pone fin al modelo de autónomos y las empresas tendrán que hacer un contrato a sus repartidores, con los derechos laborales que eso supone, como más protección en caso de accidente, los horarios quedan claros, y vacaciones pagadas, entre otros. Una reforma que afectará a unos 14.000 riders, como el caso de Jordi Mateo, presidente de la Asociación Profesional de Riders Autónomos, que en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso ha expresado su malestar porque, según cree, "vamos a perder la libertad y la flexibilidad". Por eso, desde su organización piden "seguir siendo autónomos" aunque con mejora de las actuales condiciones, siguiendo el modelo de Francia o Italia, y anuncian movilizaciones, desde hoy, "y hasta que se derogue esta ley" en muchas ciudades de España. Por su parte, Nuria Soto, portavoz de Riders x Derechos, ha dicho que, aunque es una ley "muy poco ambiciosa" que debería haber ido "acompañada de la derogación de la reforma laboral", sí que se sienten "más protegidos que ayer", sobre todo por la mayor representación del Rider en las organizaciones sindicales, a las que ha llamado a afiliarse. Además, ha criticado "un modelo económico que va a acabar con el estado del bienestar" y ha prnosticado que "las empresas, como siempre, intentarán seguir saltándose la ley".

En un año de pandemia, más de 125.000 trabajadores sanitarios se han contagiado. El sindicato CSIF denuncia que la Seguridad Social no reconoce todavía la COVID-19 como enfermedad profesional, a pesar de que lo recoge un real decreto aprobado por el Gobierno en febrero. Solo uno de cada diez casos se ha declarado como accidente de trabajo.

El perfil de los repartidores es diverso. Según Melissa Renau, investigadora en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), no solo incluye hombres migrantes, sino también muchos otros perfiles, como estudiantes que buscan otra fuente de ingresos para un determinado momento temporal. Además, aquellos que están durante mucho tiempo en la plataforma no tienen otra opción laboral.

Puedes ver el Riders, el documental y vivir la experiencia interactiva aquí: https://lab.rtve.es/lab/riders/.

También puedes disfrutar de la serie de ficción de Playz 'Riders' aquí: https://www.rtve.es/playz/riders/

Hoy se inicia en el Hospital provincial la vacunación masiva de más de 1.400 personas nacidas durante 1956 y residentes en la provincia y se prolongará mañana.

Aumentan de nuevo los contagios por Covid 19 , 52 por 100.000 habitantes en 7 días. Ayer hubo 12 nuevos contagios y ningún fallecimiento.

El paro descendió en 121 personas en la provincia de Ávila durante el mes de marzo. Los agentes sociales coinciden en la necesidad de incrementar la vacunación para salir de la crisis provocada por la pandemia.

Los hosteleros afirman que la Semana Santa fue nefasta en Ávila mientras en Madrid contrataban personal abulense para sus establecimientos llenos.

Los trabajadores de las ambulancias de Ávila piden la mejora de sus salarios y condiciones laborales.

La pandemia ha empeorado las condiciones de buena parte de las empleadas del hogar, tan esenciales como vulnerables. Hoy se celebra su día internacional. Son quienes más empleos han perdido en la pandemia y 3 de cada 10 de estas mujeres viven en el umbral de la pobreza.

Es el doble que en otros sectores. Rafaela Pimentel, fundadora del primer sindicato de trabajadoras del hogar, asegura que muchas están en las colas del hambre. "Muchas no tienen para comer o para pagar la vivienda." No tienen derecho a paro y además hay otro punto que las hace más vulnerables: muchas trabajan en negro, algunas porque no tienen papeles y otras porque esa es la única opción que les ofrecen.

Marga se ha tropezado dos veces con esta situación. La primera cuando estuvo 14 años cuidando a una señora sin contrato. "Esos años no coticé, son años perdidos que no voy a tener derecho a una jubilación digna. Se murió y quedé en la calle." Querían brazos y llegamos personas, reivindican. Personas que además sostienen el mundo. 85.000 trabajadoras del hogar cuidan de dependientes porque el sistema público no llega.

El vicepresidente de la Asociación MIR España, Alex Mayer, ha denunciado en 'Las mañanas de RNE' el impacto que está teniendo la pandemia en la formación de los médicos residentes. "Somos la mano de obra barata, tenemos sueldos y contratos de formación, pero nos utilizan como médicos adjuntos", ha asegurado Mayer. "En un momento crítico de la pandemia, nos pusimos a trabajar haciendo labores asistenciales, dejando de lado la formación, y es comprensible. Pero durante el resto del año se sigue abusando de los residentes. Si el sistema tiene déficits estructurales, lo que hay que hacer es corregirlos", ha explicado Mayer, que cree que esa situación repercute negativamente en el sistema.

Tomas Toranzo, presidente de la Confederación estatal de sindicatos médicos denuncia que esta pandemia ha puesto en evidencia las carencias que tiene el sistema sanitario. Cree que hace falta mucho trabajo para resolver los problemas. Ahora, dice, se abre una oportunidad para reforzar a los sanitarios. Toranzo recuerda que los profesionales están en unas condiciones desastrosas. “Hay un cansancio físico y emocional que pone en peligro el sistema”, ha dicho en una edición especial de 'Las mañanas de RNE' desde el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, en Madrid. 

Muchos de los docentes que imparten clase en las universidades españolas cobran menos de 1000€ al mes. Son los profesores asociados, una figura bajo la cual se encuentran profesionales, en ocasiones con décadas de experiencia, que soportan bajos sueldos además de la incertidumbre de contratos de solamente un curso de duración. Jesús Zamanillo, portavoz de la Plataforma Estatal de Profesorado Asociado, ha explicado en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso que "en España se ha usado demasiado esta figura por lo barata que sale" debido a los "sueldos ridículos" de los profesores asociados y ha denunciado la falta de interés de las propias universidades y poderes políticos en solucionar una "situación muy compleja".

Centenares de riders han protestado en distintas ciudades españolas contra la conocida como ley riderLegislación que pretende regular su actividad obligando a las empresas a contratar a sus trabajadores. Una solución abordada por el Ministerio de Trabajo, sindicatos y patronales que no ha sido bien recibida por parte del colectivo. Los repartidores consideran que el cambio en la situación laboral no resuelve la precariedad que, dicen, padece el sector.

El temporal de nieve y ahora hielo está haciendo complicado para muchos ir a trabajar y muchas veces el teletrabajo no es posible. En esos casos, surge la pregunta de si se puede faltar al puesto de trabajo sin arriesgarse a perdelo. Una tormenta de nieve como ésta justifica la falta al puesto de trabajo por fuerza mayor, y la actual legislación laboral impide al empresario despedir o sancionar a un empleado.

Con la vacuna cada vez más cerca se abren algunos debates. Sanidad ya dijo que vacunarse será voluntario, pero surge la duda de si las empresas podrían exigir a sus empleados que estén vacunados. El Comité Económico y Social Europeo, un órgano consultivo de la UE, plantea la posibilidad de que los empresarios se nieguen a contratar a quien no quiera vacunarse. El Telediario ha hablado con expertos y trabajadores, y no hay unanimidad al respecto [Coronavirus: última hora en directo].

Un juzgado de Melilla ha reconocido el derecho del trabajador a aplazar sus vacaciones si estas coinciden con un periodo en el que no puede salir de casa porque hay confinamiento domiciliario. Es decir, que el juez equipara el confinamiento con una incapacidad laboral. La justicia da así la razón a una empleada de un taller de ITV que había pedido unos días de descanso a principios de abril, antes de que se decretara el estado de alarma y el confinamiento. La trabajadora podrá coger esos mismos días de vacaciones en diciembre. Es la primera sentencia de este tipo en el ámbito privado. En el sector público ya se ha dado un caso parecido con una trabajadora de la Consejería de Educación de Cantabria a la que la justicia también ha reconocido su derecho a anular sus vacaciones.

Las enfermeras también están llevando gran parte de la carga de las UCI y de una atención primaria saturada. Levantan la voz: denuncian que es urgente mejorar su situación laboral: Más personal, una jornada laboral más reducida, más tiempo para descansar entre guardias. Denuncian un déficit ya estructural. El Consejo General de Enfermería calcula que hacen falta 120.000 enfermeras de forma urgente.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a 131 controladores aéreos al pago de multas de entre 15.000 y 31.500 euros por la huelga de diciembre de 2010 que obligó a cerrar el espacio aéreo y dejó en tierra a miles de viajeros. La sentencia les considera culpables de un delito de abandono del servicio público. Además, el Tribunal condena a los acusados a abonar a los perjudicados, de forma conjunta y solidaria, junto con ENAIRE, 13 millones de euros.