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El Tribunal Supremo avala el ERE en Tragsa que afecta a 726 trabajadores

  • El Alto Tribunal corrige el fallo de la Audiencia Nacional, que lo anuló
  • La Audiencia también ordenó la readmisión de todos los despedidos
  • El ERE afecta en total a 1.336 personas, 610 de ellas en Tragsatec
  • El Supremo no ve discriminatorio que el despido afecte solo a personal fijo

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El delegado nacional de CSI-F en Tragsa, Rafael Fernández
El delegado nacional de CSI-F en Tragsa, Rafael Fernández.

El Tribunal Supremo ha avalado el despido colectivo presentado por la empresa pública Tragsa para 726 trabajadores indefinidos por razones económicas, productivas y organizativas con una indemnización de 20 días por año, la fijada por la ley para este caso. El fallo del Alto Tribunal corrige la decisión de la Audiencia Nacional, que el año pasado anuló el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y ordenó la readmisión de los despedidos.

El Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad -aunque con votos particulares concurrentes- estimar el recurso de casación de las empresas y declarar el despido colectivo ajustado a derecho. Entre otros motivos, la Sala cree que no es discriminatorio que el despido afecte solo a personal fijo y no a los contratados temporales.

Además, los magistrados consideran que "no concurren en el presente supuesto los requisitos para apreciar que haya existido grupo irregular de empresas y que no tiene en el caso responsabilidad solidaria la filial Tragsatec" y que, aunque no se aportaran inicialmente algunos datos contables, éstos han podido deducirse de las cuentas y documentación aportada.

La Audiencia Nacional estimó la demanda de los sindicatos y comités de empresa, quienes impugnaron el ERE -entre otros motivos- por la forma en la que fueron escogidos los empleados que iban a ser despedidos. El Tribunal Supremo considera ahora que "son suficientes los criterios de selección -no cuestionados durante la negociación- si están referidos a un cuadro geográfico y funcional de amortización de puestos de trabajo y en ellos se respetaron además los criterios constitucionales de mérito y capacidad".

El Supremo, además, insiste en que no es necesario aportar justificación adicional de la causa organizativa "cuando se reduce el número de afectados" por el ERE durante el proceso.

En el momento de iniciarse el procedimiento de despido colectivo, según el Supremo,  la plantilla de Tragsa estaba formada por 6.773 trabajadores, de los cuales 4.430 eran indefinidos y 2.343 temporales.

Un ERE solo para trabajadores indefinidos

Para justificar el ajuste, el grupo Tragsa había alegado en el mes de octubre de 2013 una drástica caída de los ingresos que le llevarían a incurrir en unas pérdidas de 17 millones de euros al final de ese ejercicio, y argumentó que el coste de personal -principal partida de gasto- no se había reducido acorde a la fuerte caída productiva y al descenso de la cifra de negocio. Por eso presentó un ERE para despedir a 1.639 personas en Tragsa y Tragsatec, ninguno de ellos temporales, que los sindicatos rechazaron convocando una huelga de 24 horas.

Durante el periodo de consultas la cifra de despedidos bajó y el 29 de noviembre de 2013 el grupo Tragsa comunicó a la autoridad laboral el despido de 1.336 trabajadores sin un acuerdo con los sindicatos en Tragsa (726 empleados fijos) y Tragsatec (610 empleados).

UGT, CGT, CC.OO., CSI-F y los comités de empresa de Castilla y León recurrieron el ERE ante la Audiencia Nacional, que el 1 de abril de 2014 les dio la razón: declaró nulo el ERE en Tragsa -no se pronunció sobre el de Tragsatec- y ordenó la reamisión de los trabajadores que hubieran sido despedidos hasta ese momento.

Dos meses después, Tragsatec y los sindicatos acordaron que volvieran al trabajo los despedidos en la filial del grupo (610 personas) a la espera del fallo del Supremo sobre Tragsa, que se ha conocido este miércoles. 

Los sindicatos esperan "que se imponga el sentido común"

El medio centenar de trabajadores del grupo Tragsa que se habían concentrado este miércoles frente al Supremo han recibido la noticia como un jarro de agua fría. CSI-F y UGT han mostrado su "preocupación" por el fallo y han apelado "al sentido común de la empresa pública" para que no se ponga en marcha el ERE.

"CSI-F esperará a conocer el contenido de la sentencia, si bien, de manera inmediata intensificará las negociaciones para que Tragsa reconsidere el ERE. La facturación del grupo ha aumentado un 70% respecto a 2012 y se trabaja a los niveles previos a la crisis", ha defendido el sindicato en un comunicado en el que recuerda que el despido colectivo fue diseñado para la situación de 2012 "muy diferente a la actual".

De hecho, según ha declarado a RTVE.es el delegado nacional de CSI-F en Tragsa, Rafael Fernández, en el último año "la empresa ha tenido que contratar a 1.000 eventuales por la elevada carga de trabajo". En todo caso, desde el sindicato CSI-F se reclama que no se produzca ningún despido forzoso.

Tragsa, abierta a la negociación

Mientras, Tragsa -que forma parte del holding de empresas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)- ha dicho a través de un comunicado que analizará "a fondo" la resolución del Alto Tribunal y se ha mostrado abierta a negociar con los sindicatos.

"Tragsa siempre ha estado abierta a la negociación, con la firme voluntad de alcanzar acuerdos beneficiosos que reviertan la situación negativa, permitiendo la sostenibilidad de la empresa y de sus puestos de trabajo, como ya demostró en el período de consultas, y con la presentación de un nuevo plan de viabilidad que no contemplaba ningún despido forzoso", ha señalado la empresa en dicha comunicación a la prensa.

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