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Francia ha sufrido el mazazo del terrorismo yihadista en el último año y medio. En enero de 2015, 12 miembros de la redacción del semanario satírico Charlie Hebdó fueron asesinados. Al mismo tiempo, la sociedad francesa asistía paralizada al secuestro de un supermercado a manos de un terrorista que moría en el asalto de las fuerzas de seguridad aunque también perdieron la vida cuatro de los rehenes. El pasado 13 de noviembre, varios comandos terroristas suicidas asesinaron a 130 personas en París. Hace tan sólo una semana, en un atentado en Niza murieron 84 personas. Por otra parte, en Bélgica los atentados en marzo de este año en el metro y aeropuerto de Bruselas se saldaron con 32 víctimas mortales. Tampoco se pueden olvidar los atentados en territorio turco, intermitentes desde hace un año. El ataque de finales de junio en el aeropuerto Atatürk de Estambul dejó 44 muertos.
 

El ministro de Exteriores turco ha señalado que la reinstauración o no de la pena de muerte en el país se decidirá de acuerdo a consideraciones legales y no por lo que diga la Unión Europea. En una entrevista en televisión, el presidente Erdogan ha llamado a los turcos a seguir manifestándose contra los golpistas. Anoche miles de partidarios del gobierno volvieron a salir a las calles.

Este viernes se cumple una semana del intento de golpe de estado en Turquía y el país afronta su segundo día en estado de emergencia. El presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, ha anunciado que los seguidores del clérigo Fetula Güllén, a quien culpa de la conspiración, serán juzgados como miembros de una organización terrorista. La ONU y la Unión Europea piden respeto a los derechos humanos (22/07/16).

El Gobierno de Turquía ha anunciado este jueves la suspensión de la Convención Europea de Derechos Humanos en el marco de la aplicación del estado de emergencia que acaba de entrar en vigor para, según el Ejecutivo, prevenir un segundo golpe de Estado tras el intento fallido de la semana pasada, aunque las autoridades han reiterado que el estado de excepción no afectará a los ciudadanos.

En Turquía, se ha decretado el estado de emergencia en todo el país. La respuesta del Gobierno al intento fallido de golpe de estado parace no tener límites y, a partir de ahora, Recep Tayip Erdpgan va a poder obviar al Parlamento a la hora de tomar decisiones, podrá aprobar nuevas leyes, limitar o suspender derechos y libertades si lo consideran necesario. La cifra de 60.000 represaliados irá en aumento, pese a los llamamientos de la comunidad internacional a la contención y al respeto del estado de derecho (21/07/16)

En Turquía, el presidente Recep Tayip Erdogan continúa limpiando cualquier rastro golpista. Ya son más de 7.500 los detenidos, desde militares a jueces, pasando incuso por conserjes de edificios públicos. Pese a las llamadas de la comunidad internacional a la moderación y al respeto del estado de derecho, el gobierno turco insiste en que debe garantizar la seguridad del país y que ese proceso no ha hecho más que empezar. El clérigo Gulem sigue en el punto de mira de Ankara, que lo considera responsable del golpe de estado fallido. Este martes ha enviado a EE.UU. toda la información necesaria para solicitar su extradición.

En Turquía, continúan las consecuencias tras el intento de golpe de Estado del viernes. Ya son 7.500 los detenidos, entre militares, jueces y policías, por su presunta participación en la conspiración. La cifra de fallecidos asciende a 232. El presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, insiste en recuperar la pena de muerte para castigar a los implicados, a pesar de las advertencias de la comunidad internacional. Las advertencias de la comunidad internacional al Gobierno turco llegan desde distintos frentes. Estados Unidos ha pedido a Ankara que, como el resto de países de la OTAN, respete la democracia. Desde Europea le recuerdan a Turquía que si finalmente recupera la pena de muerte, perderá toda posibilidad de formar parte de la Unión (19/07/16).

La Unión Europea ha advertido este lunes a Turquía de que la reintroducción de la pena de muerte sugerida por el Gobierno turco tras el fallido golpe militar del pasado viernes le excluiría como futuro miembro del club comunitario, un aviso que se ha unido al de otros organismo, como la OTAN, para que respete la democracia y los procedimientos judiciales en los procesos contra los supuestos responsables del levantamiento.

El Gobierno de Turquía ha suspendido las vacaciones de los funcionarios hasta nueva orden y les ha restringido los viajes al extranjero, según publica el boletín oficial turco, mientras prosiguen las purgas contra los supuestos participantes en el golpe militar fallido del pasado viernes: el primer ministro, Binali Yildirim, ha informado en un discurso televisado de que hasta el momento han sido detenidas más de 7.500 personas, entre ellas unos 6.000 militares, 100 policías, 755 jueces y fiscales, así como 650 civiles.

Tayip Erdogan afirmó que el golpe de estado era un regalo de Dios que serviría para limpiar el ejército, y está llevando a cabo lo que prometió, cuando en la madrugada del sábado aterrizaba en Estambul, para hacer frente a los militantes sublevados. Hay 103 generales y almirantes detenidos, que se suman a los más de 7.000 soldados, policías, jueces y civiles arrestados desde el viernes por su supuesta relación con el fallido golpe militar. Desde el primero momento, el presidente denunció que los golpistas recibían órdenes desde los Estados Unidos, de Fetulah Gulem. Este partidario del Islám moderado, este millonario, que se autoexilió en Pensilvania, mantiene una gran influencia sobre grandes sectores de la sociedad turca, y pese a condenar el golpe de estado, el gobierno turco insiste en pedir su extradición a Washington. Tres días después de la rebelión militar, el liderazgo de Erdogan se ha engrandecido, y sus rivales, dicen que está aprovechando la situación para cimentar aún más su autoritarismo en un sistema democrático cada vez más cuestionado por la comunidad internacional (18/07/16).

  • Hay ya 7.500 personas detenidas, la mayoría militares, pero también jueces
  • Más de 8.500 policías y gendarmes han sido apartados de sus puestos 
  • Solo los funcionarios con un permiso expreso pueden viajar al extranjero
  • El comisario europeo de Ampliación cree que las listas de jueces estaban hechas