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Independencia de Cataluña

La Audiencia cita el jueves y viernes a Puigdemont y sus exconsellers para declarar por rebelión

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La Audiencia cita a Puigdemont y sus exconsellers el jueves y viernes para declarar por rebelión

La juez Carmen Lamela ha citado el jueves 2 y viernes 3 de noviembre como investigados al expresidente catalán Carles Puigdemont y a los otros 13 exconsejeros del Govern contra los que el lunes se querelló la Fiscalía en la Audiencia Nacional por delitos de rebelión, sedición, malversación y otros conexos. También les da un plazo de tres días para depositar una fianza de 6.207.450 euros y advierte a los miembros del ya cesado Govern de que se embargarán sus bienes hasta alcanzar esa cifra si no lo hacen.

De este modo, mientras Puigdemont ha comparecido en una rueda de prensa en Bruselas junto a cinco de sus exconsellers denunciando la falta de imparcialidad de la justicia y negándose a volver a España hasta que se le concedan "garantías" de un "juicio justo", han sido admitidas las dos querellas que este lunes presentó la Fiscalía respectivamente en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo contra el Govern y los miembros de la Mesa del Parlament, a los que considera responsables en el proceso de independencia en Cataluña desde que comenzó su andadura en 2015.

Así, por la mañana, el Supremo se declaró también competente para investigar por estos hechos a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros cinco miembros de la Mesa, que también han sido citados a declarar los próximos jueves y viernes.

En lo que respecta a la Audiencia Nacional, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 se ha declarado competente para investigar la querella de la Fiscalía General del Estado y ha acordado estas primeras diligencias, es decir, la citación de los 14 querellados los próximos jueves y viernes, ambos días las 9 de la mañana, y también la celebración de una vistilla de medidas cautelares tras su declaración [ver auto de la Audiencia Nacional, en pdf].

Según informan fuentes jurídicas, Lamela no precisa en su auto si Puigdemont es citado para el jueves o el viernes.

El expresidente catalán ha dicho en declaraciones a los medios que no ha recibido aún la citación y que se ha enterado de ella "por la prensa", antes de abandonar el hotel donde se alojaba en Bruselas.

Podrían tomarse medidas cautelares contra el Govern cesado

En su auto, la juez recoge el relato del fiscal, que en su querella expone de manera "seria, racional y lógica" los indicios que llevarían a Puigdemont a ser acusado de un delito de rebelión, "que absorbería los delitos de sedición, desobediencia y prevaricación".

Lamela explica que los hechos investigados iban dirigidos a proclamar una república catalana independiente de España, rompiendo la organización territorial del Estado, y al entender que esto puede encajar en una manera de atentar contra la forma actual de gobierno del país, es competencia de la Audiencia Nacional.

La magistrada recuerda que la admisión de la querella no constituye aún una imputación judicial. Se tomará declaración como investigados a las 14 autoridades citadas y se celebrarán vistillas de medidas cautelares de carácter personal, en las que la Fiscalía puede pedir medidas como la retirada del pasaporte, comparecencias periódicas en el juzgado o su ingreso en prisión preventiva.

Lamela se ha hecho cargo de la querella por conexión con la causa que tiene abierta por sedición y que hasta ahora cuenta con cuatro investigados: el que fuera mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, la intendente del cuerpo Teresa Laplana y los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixartestos dos últimos en prisión preventiva desde el 16 de octubre.

"Urdieron una estrategia" secesionista con "reparto de papeles"

En sus razonamientos, la juez concluye que los querellados "urdieron una estrategia de lo que habría de ser todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas (ANC y Ómnium) que llevaron a la celebración del referéndum ilegal el día 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el Parlamento el pasado 27 de octubre".

La juez de la Audiencia adopta los postulados de la Fiscalía al exponer que desde enero de 2016 hasta septiembre de 2017, los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP, y en particular Puigdemont y su vicepresidente, Oriol Junqueras, consiguieron la aprobación de leyes y resoluciones que iban dirigidas a dotar de aparente cobertura normativa al proceso de separación.

Al igual que el Ministerio Público, la magistrada asegura que los querellados intentaban "dar una apariencia de legalidad a las etapas del proceso de desconexión", amparándose especialmente en la actuación de los movimientos populares, ya que el objetivo era crear en la ciudadanía "un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas que justificaran la desobediencia de la sociedad (...) y que permitieran, cuando fuera necesario, su movilización para respaldar la consecución de los fines independentistas".

El Supremo también cita a Forcadell y los miembros de la Mesa

Carme Forcadell, presidenta de la Diputación Permanente del Parlament

Carme Forcadell, presidenta de la Diputación Permanente del Parlament. AFP PHOTO/Josep Lago

Asimismo, en la causa por los mismos delitos, el Tribunal Supremo ha citado para los días 2 y 3 de noviembre a los seis miembros de la Mesa del Parlament, entre ellos su presidenta Carme Forcadell. Tienen la obligación de comparecer ya que al tratarse de diputados autonómicos la investigación penal en el Supremo no requiere suplicatorio.

El instructor les recuerda que vienen en calidad de investigados y que tienen que comparecer con abogado. La providencia no especifica que día deben comparecer cada uno de los investigados, que tendrán que estar todos el próximo día 2 a las 9:30 de la mañana.

La citación se produce apenas una hora después de ser admitida a trámite la querella presentada por la Fiscalía contra los exmiembros de la Mesa del Parlament que participaron en el proceso que llevó a la declaración de independencia, suspendida por el Tribunal Constitucional este mismo martes.

La querella se presenta contra un total de seis personas, cinco pertenecientes a Junts pel Sí y una a Catalunya Sí que es Pot: la presidenta del Parlament de CataluñaCarme Forcadell, el que fuera miembro de la Mesa hasta el pasado mes de julio y actual presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí Lluís Maria Corominas, los también miembros de la Mesa y diputados del mismo partido Anna Simó, Lluis Guinó y Ramona Barrufet -todos ellos miembros de la Diputación Permanente de este órgano, y por ello aforados- y contra el secretario tercero de la misma Joan Josep Nuet, de CSQP.

El Supremo ha designado instructor al magistrado Pablo Llarena, que fue presidente de la Audiencia de Barcelona y portavoz de la asociación mayoritaria en la Carrera, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Él será quien investigue el procedimiento y quien debería decidir si procede adoptar medidas cautelares.

Forcadell también reclama la atención de Europa

Ante esta situación, Forcadell ha defendido vía comunicado del Parlament el "pacifismo" de la cámara catalana y del Govern ante la "querella política" de la Fiscalía, que considera una "causa general contra el soberanismo".

"Nos quieren en prisión por lo que pensamos y por lo que representamos, no por lo que hemos hecho", ha afirmado, en la línea de lo dicho por Puigdemont en Bruselas antes de conocer su propia citación, aduciendo que la querella "no se sustenta jurídicamente". Forcadell señala que si el delito de rebelión requiere del "uso de la violencia", esta "en ningún caso se ha producido".

"Quien piense que con las querellas o prisiones acabará con las instituciones catalanas se equivocará", ha agregado, y ha concluido que Europa "no puede mirar hacia otro lado ante la posibilidad real de que no se produzca un juicio justo, basado en la imparcialidad, la independencia y la separación de poderes".

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