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El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha vaticinado este miércoles que habrá "pronto elecciones en Cataluña" porque hay no hay unidad en el independentismo. En una entrevista en Los Desayunos de TVE, ha asegurado que la resolución propuesta por JxCat, ERC y CUP para votar en contra de la sentencia del 'procés' y en la que también se reafirman en poder debatir sobre la autodeterminación es solo "una gesticulación del independentismo que no tiene ningún recorrido" y considera que llega en un momento de división entre los partidos secesionistas.

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha advertido este miércoles de que si el Parlament de Cataluña vota la resolución propuesta por JxCat, ERC y la CUP contra la sentencia condenatoria del 'procés' y en la que reafirman en poder debatir sobre la autodeterminación, podrían incurrir en un "delito de desobediencia".

En una entrevista en Los Desayunos de TVE, Marlaska ha señalado que lo que plantean los tres partidos es "un desafío al Tribunal Constitucional y los propios letrados del Parlament lo han hecho saber". "Esperemos que vuelva la sensatez, pero quienes desafían al marco constitucional, ya saben lo que acontece en un Estado de derecho", ha avisado.
 

La Mesa del Parlament catalán ha aprobado admitir a trámite este martes una nueva propuesta de resolución pactada por JxCat, ERC que rechaza la sentencia del Tribunal Supremo sobre el "procés", exige la libertad de los líderes independentistas presos y hace una alusión a la autodeterminación, redactado en unos términos que buscan evitar su impugnación. 

Lo ha hecho pese a que los letrados del Parlament han advertido contra esta propuesta de resolución tras las advertencias del Tribunal Constitucional. Tendrá que votarse en un pleno en las próximas semanas, previsiblemente después de las elecciones del 10N.

La Mesa del Parlament catalán ha aprobado admitir a trámite este martes una nueva propuesta de resolución pactada por JxCat, ERC que rechaza la sentencia del Tribunal Supremo sobre el "procés", exige la libertad de los líderes independentistas presos y hace una alusión a la autodeterminación, redactado en unos términos que buscan evitar su impugnación. Los letrados del Parlament han advertido contra esta protesta tras las advertencias del Tribunal Constitucional.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha condenado este jueves la violencia "venga de donde venga" como hizo en una declaración la pasada noche, ha insistido en que los responsables de los disturbios en Cataluña "son infiltrados" y ha advertido que su respuesta política a la sentencia del 'procés' será volver a poner las urnas para ejercer la autodeterminación en esta legislatura. Mientras, PP y Cs le han instado a hacer una condena "sin paliativos" de la violencia en las protestas contra la sentencia, el PSC le advierte del error que supondría volver a celebrar un referéndum  y los comunes han pedido su dimisión. 

José María Espejo Saavedra era vicepresidente segundo del Parlament en aquellos meses de 2017 que han sido juzgados. Es entrevistado en 24 Horas de RNE y ha afirmado que lo más importante ahora "es que los partidos constitucionalistas muestren unidad para el resto". Pide a Pedro Sánchez que se reúna con los líderes del PP y Ciudadanos para acordar qué medidas son necesarias para parar el problema. 

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont considerado que la sentencia del 'procés' confirma una estrategia de "represión" y "venganza".
"La sentencia del Tribunal Supremo contra miembros del Gobierno, el Parlamento y las entidades sociales más importantes de Cataluña, confirma la estrategia de la represión y la venganza contra todos los ciudadanos y ciudadanas que han buscado la vía de la democracia para hacer posible su voluntad", ha dicho Puigdemont en una rueda de prensa en Bruselas.
La sentencia, afirma, "condena a más de dos millones de personas que hicieron posible el referendo de autodeterminación del 1 de octubre de 2017", declarado ilegal por la justicia española

La del Supremo no será la única sentencia del 'procés'. La Audiencia Nacional juzgará el 20 de enero acusado de rebelión al que fuera mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y a otros tres exaltos cargos de la Consellería de interior.
También se sentarán en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña los exmiembros de la mesa del Parlament y la exdiputada de la CUP, Mireia Boia, acusados de desobediencia... Un juicio que está pendiente de fecha. Y otros 30 exaltos cargos y empresarios están procesados en el juzgado número 13 de Barcelona, que fue el primero en investigar los preparativos del referéndum...
 

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha rechazado la sentencia del procés del 1-O, en su nombre y en el del Govern, la ha tachado de injusta y ha asegurado que forma parte de "un juicio político y de una causa general" contra el derecho a la autodeterminación y el independentismo. Lo ha dicho en una declaración institucional en la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat secundado por todos los miembros del Govern y por el presidente del Parlament, Roger Torrent.

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha definido la sentencia del Tribunal supremo como "venganza", y ha afirmado que "lo que ha sucedido hoy es que la democracia ha muerto en el Estado Español". "No es justicia, es venganza. Lo vamos a repetir las veces que haga falta", ha asegurado Vilalta, al mismo tiempo que ha anticipado que la sentencia va a provocar "un terremoto social". "Condenan a doce personas porque no pueden condenar a todo un pueblo", ha dicho.

Laura Borràs, portavoz de Junts per Cat en el Congreso de los Diputados, ha valorado la sentencia del 'procés' sobre los líderes independentistas como "profundamente antidemocrática". "La sentencia ha sido redactada con una gran injusticia y de una forma profundamente antidemocrática", ha asegurado, en compañía de Eduard Pujol, también portavoz de la formación.
"Nos quieren hacer daño", ha continuado, "han atacado a nuestros líderes sociales". Al mismo tiempo que ha insistido en que "votar no es un delito". "La sentencia constata la absoluta falta de garantías", ha resumido.