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España pierde su primer arbitraje internacional por los recortes a las renovables ante el Banco Mundial

  • El Ciadi impone una multa de 128 millones por la reclamación efectuada
  • España estudia un recurso y dice que el laudo no es extrapolable a otros casos
  • El Constitucional, el Supremo y el arbitraje sueco avalaron recortes en renovables

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Un panel fotovoltaico
Un panel fotovoltaico. Getty Images

España ha perdido el primero de los arbitrajes internacionales fallados en la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi) del Banco Mundial por los recortes aplicados a las energías renovables aprobados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y ha multado al país con 128 millones de euros más intereses por los perjuicios que el recorte de las primas a las renovables causó a tres plantas termosolares instaladas por la británica Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg.

El ministerio de Energía español ha reaccionado comunicando que estudia un recurso contra el laudo y que en ningún caso considera sea extrapolable o que sirva de patrón para otras denuncias. De hecho subraya que se refiere únicamente a las tres plantas termosolares de Eiser y al perjuicio, excesivo a juicio del tribunal, que la reforma eléctrica acometida en 2013 y 2014 causó a sus titulares. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha defendido que la reforma eléctrica del PP fue "la adecuada" y ha asegurado que "no se cuestiona" por el laudo.

España acumula casi una treintena de denuncias ante este organismo por los recortes a las renovables. Según el Ciadi, sus laudos "son definitivos y obligatorios respecto de las partes en la diferencia", aunque el convenio que regula esta institución, dependiente del Banco Mundial, contempla posibilidades muy limitadas de recurrir y nunca "ante los tribunales locales sobre la base del derecho interno o de otros tratados".

En el caso español, las denuncias se centran tanto en los recortes a la energía solar y a la termosolar que el Gobierno aplicó a finales de 2010 como los acometidos por el actual Ejecutivo en funciones durante la legislatura concluida a finales de 2015.

La inversión comprometida era de 935 millones

En este caso, Eiser era socio en España de Elecnor y de la firma de ingeniería Aries. La firma un 36,95% en Aries Solar Termoeléctrica (Aste), que posee dos plantas termosolares de 50 megavatios (MW) en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), así como el 33,83% de Dioxipe Solar (Astexol), que desarrolla otra planta termosolar de 50 MW en Badajoz.

La inversión comprometida en estas tres centrales alcanza los 935 millones de euros y se acometió en 2007, el mismo ejercicio en el que se aprobó el real decreto 661/2007, cuya aplicación provocó un rápido despegue de las energías renovables.

Tras ese momento, el sector fue sometido a diversos recortes retributivos, el primero de ellos a finales de 2010, con el PSOE en el poder, y el último, en 2013, con la aprobación de la reforma del sector eléctrico por parte del Gobierno del PP.

Primer revés en los tribunales 

El fallo del Ciadi supone el primer revés en los tribunales internacionales para España por estos recortes. En enero 2016, el Tribunal Arbitral de Estocolmo también se pronunció sobre la demanda presentada por Charanne B.V. y Construction, Investments, dos sociedades vinculadas a Isolux, por los recortes al sector fotovoltaico, aunque en aquella ocasión se pronunció a favor del Reino de España.

Ese fue el primer laudo arbitral internacional en resolverse de los interpuestos contra España en el sector renovable al amparo del Tratado de la Carta de la Energía.

Según un comunicado de Energía, "hasta la fecha, se ha producido un desistimiento en un arbitraje y, en los dos arbitrajes en materia de renovables que han sido resueltos expresamente, los laudos han dado la razón al Reino de España de manera contundente". Lo que bajo su criterio le lleva a exponer que el laudo "no cuestiona la reforma eléctrica llevada a cabo por el Gobierno en 2013 y 2014".

Anteriormente, las sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional habían avalado también los recortes aplicados por el Gobierno en esta materia en los últimos años. 

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