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Imagen de archivo de labores de estiba en Castellón
Imagen de archivo de labores de estiba en Castellón EFE/Domenech Castelló

Puertos pendientes de un hilo: las claves de la liberalización de la estiba

  • Los estibadores piden subrogar sus contratos y un registro de trabajadores

  • Los empresarios quieren poder contratar libremente y organizar la jornada

  • El Gobierno asegura que para cumplir con la UE hay que liberalizar el sector

  • Fomento llama a llegar acuerdos en los convenios colectivos

  • Los trabajadores han desconvocado los paros por la prórroga del Gobierno

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Los puertos españoles están pendientes de un hilo ante el conflicto desatado con el sector de la estiba -la manipulación y distribución de la carga para buques- por la adaptación a la normativa europea.

El Tribunal de Justicia de la UE dictaminó en 2014 que la forma en la que se organiza el sector es incompatible con la competencia, y el Gobierno, ante la inminencia de una segunda sentencia y su correspondiente multa, se decidió a poner una fecha para regularlo de forma unilateral por Decreto Ley.

Los sindicatos de estibadores convocaron tres jornadas de paros intermitentes, lo que subió el tono del conflicto, con acusaciones de los empresarios, amplificadas por el Gobierno, de huelgas encubiertas y sabotajes.

La dimensión del conflicto tendría graves consecuencias para la economía, porque es la salida del 80% de las importaciones y el 60% de las exportaciones, según la patronal, con más de 200.000 millones de euros en movimiento al año, el 20% del PIB.

¿Cómo funciona la estiba en España?

Los estibadores es un colectivo de trabajadores de 6.150 personas que se agrupan en más de un 98% en la Coordinadora de Trabajadores del Mar. Para trabajar en la carga y descarga de los barcos hay que estar inscrito en las Sagep, sociedades anónimas de gestión de empleados de los puertos, instalados en cada uno de los puertos. Estas Sagep, en las que deben participar las empresas de estiba, reparten las jornadas de trabajo y seleccionan y forman al personal. 

¿Qué sentenció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)?

El TJUE dio la razón el 14 de diciembre de 2014 a la Comisión Europea que consideraba que la legislación española se estaban dando trabas a la libre contratación y establecimiento. Según la Corte, la normativa española "impide a las empresas estibadoras extranjeras establecerse en los puertos españoles".

España argumentó que efectivamente restringe la libertad de establecimiento pero que el servicio es de interés general con obligaciones de servicio público y además protege a los trabajadores. El TJUE consideró que esta regulación iba más allá de lo necesario para cumplir esos objetivos.

El incumplimiento de la citada sentencia acarrearía a España una nueva multa de más de 134.000 euros diarios mientras no se acate decisión, aparte de la sanción de más de 21 millones que ya acumula por no haber adaptado antes el sector de la estiba a la norma comunitaria .

Fomento abre la puerta a acuerdos entre estibadores y empresas una vez liberalizado el sector

¿Qué ha hecho el Gobierno?

La sentencia llegó con Ana Pastor como ministra de Fomento, que promovió contactos tripartitos de los que salió una defensa ante la sentencia, con el respetó de la la petición del colectivo de puntos de empleo que venían a perpetuar el sistema de gestión de las Sagep. 

La profusión electoral de 2015 y 2016 y la interinidad de 2016 mantuvieron el conflicto latente y sin contactos. Ya en 2017, con Ínigo de la Serna como titular de Fomento y ante la inminencia de una sentencia "que está al caer", según el propio ministro, el Gobierno presentó un borrador para la reforma de la estiba que liberaliza por completo el sector, anulando las Sagep y las vías similares acordadas entre trabajadores y empresas concretas.

El borrador se presentó el 2 de febrero y, tras dos reuniones sin acercamientos, la fecha para firmar el decreto ley se estableció para el 17 de febrero, aunque el 15 por la tarde decidieron dar una semana extra para la negociación entre patronal y estibadores.

¿Qué recoge el borrador de decreto ley?

El Gobierno no tiene intención de echarse atrás en la apertura del sector a la libre compentencia, "atadado de pies y manos por la Unión Europea" aseguran, pero invitan a que empresarios y trabajadores encuentren un punto de encuentro a través de la negociación colectiva para lo que se ha ofrecido a mediar el ministerio de Empleo y a supervisar el de Fomento. 

El Gobierno establece un periodo transitorio de tres años para liberalizar el sector, dando libertad a las empresas para contratar y a compañías europeas a establecerse.

El borrador incluye la obligación de mantenimiento de un porcentaje de la actual plantilla (el 75% el primer año, el 50% el segundo y el 25% el tercero).

El cambio exige adaptar los actuales convenios colectivos a la normativa nueva o se declararán nulos y, con alguna excepción, los estibadores necesitarán una titulación de Formación Profesional. Las autoridades portuarias, además, se comprometen a compensar los costes por despido.

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¿Qué piden los trabajadores?

Los estibadores creen que la liberalización que plantea al Gobierno es un "ERE encubierto", subvencionado por el Estado con fondos públicos, que les aboca al despido al día siguiente de la entrada en vigor y a volver a negociar una protección que el sector se ha ido ganando. 

Explican que les quieren indemnizar hasta 2014 con 20 días por año con cargo al Estado y partir de ese año se harían responsables las empresas.

Los estibadores pedían un registro de trabajadores en cada puerto, donde se inscriban los estibadores disponibles, y la subrogación de sus actuales contratos. 

Los trabajadores de la estiba aseguran que su trabajo exige una cualificación técnica por, al menos, dos motivos: la seguridad y el mantenimiento del nivel de productividad actual. 

El colectivo al que pone voz Antolín Goya, estibador canario, a través de la Coordinadora del Mar asegura que el éxito del trabajo portuario se debe a la profesionalización y organización actual. 

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¿Qué piden los empresarios?

Las empresas de estiba como colectivo a través de Anesco, Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques, y de PIPE, Plataforma de inversores en puertos de España - principales concesionarias  (Noatum, OHL Concesiones, Algeposa, Boluda o Bergé)-, en las que se inscriben defienden el borrador del Gobierno que propone la liberalización total del sector. 

Consideran a los estibadores "el último sindicato vertical", una anomalía de "trabajadores privilegiados". Creen que la reforma del sector permitirá bajar los costes y ser más competitivos.

Asegura desde PIPE que el problema no es que se pague a los estibadores "130.000 euros por seis horas de trabajo" sino la rigidez del sistema, que impide que los empresarios no pueden determinar a quién contratan, a quién premian o cómo reparten la tarea.

Algunas empresas como APM Terminal, Hutchison y Grimaldi, llegaron a acuerdos con los estibadores, lo que los representantes han esgrimido en las reuniones. Piden lso estibadores que se respeten pactos que han servido para los empresas, aunque según la patronal , se estaban obteniendo firmas mediante "presiones".

¿Qué repercusión tiene para la economía el trabajo del estibador?

Para medir la importancia del trabajo, el valor de la mercancía que se mueve por los puertos en exportaciones e importaciones alcanza los 200.000 millones de euros al año (20% del PIB).

Aproximadamente, la estiba acapara el 51% de los costes de manipulación de mercancía en un puerto, según un estudio de la consultora PwC para la patronal, citado por medios como 'El Confidencial', que sitúa el salario medio anual en 68.000 euros.

Los estibadores defienden la dificultad de establecer un cálculo y que nunca saben lo que cobrabarán a final de mes puesto que su salario se compone en el 80% de la carga de trabajo, de lo que produzcan a diario. Si el puerto no es atractivo o competitivo repercute por tanto en su salario.

Según la patronal, la liberalización del sector permitiría la contratación de 18.000 trabajadores, lo que supondría triplicar las plantillas actuales.

La plataforma PIPE considera que una huelga tendría un coste para la economía de 50 millones de euros diarios, incluso cumpliendo los servicios mínimos que garantizan el 50% de la carga de trabajo y la distribución de productos perecederos.

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