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Los acreedores de Grecia le exigirán una bajada de salarios y la limitación de las huelgas

  • La CE, el BCE y el MEDE lo exigen para la evaluación del tercer rescate
  • Piden rebajar el salario mínimo a 586 euros y limitar las primas
  • Son los datos que revela un informe difundido por la prensa helena

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Imagen de archivo del Parlamento griego, en Atenas.
Imagen de archivo del Parlamento griego, en Atenas. EPA fp sh

La Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), quieren una reforma profunda del mercado de trabajo en Grecia en la siguiente evaluación del tercer rescate que incluiría la bajada del salario mínimo y reducción del derecho de huelga, según revela la prensa helena.

En un documento publicado por los medios locales y que se extiende durante un total de 21 páginas, los acreedores de Grecia desgranan las exigencias al Gobierno heleno a cambio de abonar el siguiente tramo del rescate, entre ellas la bajada del salario mínimo en 2017 hasta los 586 euros y la limitación de las primas por antigüedad.

La fijación de este suelo salarial, dice el documento, sería decretada por el Gobierno del primer ministro Alexis Tsipras y en su decisión los sindicatos no podrían negociar sino que tendrían un mero papel consultivo, otra consecuencia de la crisis griega.

Reducción de derechos laborales

Los acreedores también piden a Grecia la eliminación de las pagas extra para los nuevos contratados y que se suprima definitivamente la negociación colectiva sectorial, es decir, que las condiciones de trabajo se negocien dentro de cada empresa.

El Gobierno griego ha reiterado en múltiples ocasiones que en la siguiente revisión del rescate pediría a los acreedores la recuperación de dicha negociación colectiva.

En el documento los acreedores sugieren que se aumente el límite de puestos de trabajo que se pueden recortar por ley con un ERE, del 5% al 10%, y que sea más fácil despedir a los liberados sindicales.

Por último los acreedores proyectan una reforma profunda del derecho de huelga, haciendo más compleja la aprobación de los paros y proporcionando a las empresas dos nuevos mecanismos para el "bloqueo" de las mismas.

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