arriba Ir arriba

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que obliga al Estado español a cumplir el compromiso que alcanzó con la UE en 2015 para tramitar las solicitudes de casi 19.500 refugiados que estaban en Grecia e Italia. Es la primera vez que un tribunal nacional condena a su propio país por no cumplir las decisiones de la Unión Europea.

La justicia griega ha dictado libertad sin cargos para los tres bomberos españoles Manuel Blanco, José Enrique Rodríguez y Julio Latorre, que estaban acusados de un presunto delito de tráfico de personas. Los tres fueron detenidos en 2016 por la Guardia Costera Griega cuando desempeñaban tareas de rescate de refugiados como voluntarios de la ONG Proem-AID.

Los tres han celebrado con emoción la resolución judicial, que ven como "un espaldarazo". "Por fin podemos descansar, parecía que nunca acababa, faltaba poco pero siempre se alargaba un poquito más", ha dicho a los periodistas José Enrique Rodríguez, quien ha confesado estar muy emocionado, todavía con alguna lágrima en los ojos.

Los tres bomberos sevillanos de la ONG Proem-Aid pueden respirar aliviados después de dos años de angustiada espera a una sentencia por presunta tentativa de tráfico de personas en Lesbos de la que este lunes han quedado absueltos sin cargos. Durante las diez largas horas de juicio la fiscal intentó demostrar que Manuel Blanco, Julio Latorre y José Enrique Rodríguez incurrieron en ese delito cuando el 14 de enero de 2016 decidieron ayudar a Mo Abassi y Salam Aldeem, de la ONG danesa Team Humanity, que habían recibido un aviso de varias embarcaciones con refugiados a la deriva.
 

El portavoz de la ONG Proem-Aid, José Amor, ha explicado que el trabajo de la organización fue siempre el mismo: "Buscábamos gente que tuviera problemas de hundimiento, a los que ayudábamos para que no murieran". En este sentido, ha asegurado que siempre habían tenido buena relación con las autoridades griegas y que hablaban con frecuencia con los guardacostas griegos.

Los tres bomberos españoles Manuel Blanco, José Enrique Rodríguez y Julio Latorredetenidos en 2016 en Lesbos por la Guardia Costera Griega cuando desempeñaban como voluntarios de la ONG Proem-AID tareas de rescate de refugiadosserán juzgados este lunes 7 de mayo en Mitilene por un presunto delito de tráfico de personas, penado con diez años de cárcel

Cientos de miles de personas se han manifestado este domingo en Atenas para exigir al Gobierno griego que no acepte que el nombre definitivo de la Antigua República Yugoslava de Macedonia incluya, precisamente, el término Macedonia. La protesta ha sido convocada por grupos nacionalistas y fascistas.
El orador principal de la manifestación, que se celebró en la plaza Syntagma frente al Parlamento, fue el compositor Mikis Theodorakis, de 92 años, durante décadas fue un símbolo de la izquierda griega. En la manifestación estaban también presentes el líder del partido neonazi Amanecer Dorado, Nikolaos Mijaloliakos, acompañado por todo su grupo parlamentario, y el ex primer ministro conservador Andonis Samarás.
El conflicto se remonta a 1991, cuando la pequeña república balcánica se independizó de Yugoslavia. Grecia rechazó que el nuevo país se llamara Macedonia porque tiene una región con el mismo nombre, teme reclamaciones territoriales, y además argumenta que ese término forma parte de la herencia cultural helénica.
Debido a las objeciones griegas, Macedonia fue admitida en la ONU con el nombre provisional de Antigua República Yugoslava de Macedonia. Y así es conocida en las organizaciones internacionales. Grecia se ha opuesto a su entrada en la OTAN y en la Unión Europea mientras el contencioso no se resuelva. En los últimos tiempos, y con dirigentes más moderados, los dos países intentan encontrar un compromiso que podría pasar por los nombres de Macedonia del Norte o Nueva Macedonia.

Los alcaldes de las ciudades de las islas griegas del Egeo se han manifestado en Atenas para exigir una solución al problema de los refugiados que se hacinan en los campamentos de sus localidades desde hace años. Más de 15.000 personas malviven en esas instalaciones, desbordadas por la avalancha de refugiados llegados desde Siria y Oriente Medio. La situación, según denuncia Médicos Sin Fronteras, está al borde de convertirse en una emergencia humanitaria. (07/12/2017)