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Activistas contrarios al TTIP protestan en la ciudad alemana de Múnich
Activistas contrarios al TTIP protestan en la ciudad alemana de Múnich el pasado 1 de junio. EFE EFE/Sven Hoppe

Puntos polémicos en la negociación del tratado de libre comercio entre la UE y EE.UU.

  • La armonización de normas de ambos lados del Atlántico despierta recelos

  • Los arbitrajes para dirimir problemas entre empresas y Estados, en la picota

  • Bruselas: no se rebajarán los niveles de protección en sectores sensibles

  • Los críticos alertan de que antepone el beneficio empresarial a las personas

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El tratado de libre comercio entre la Unión Europea y EE.UU. se conoce como Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP, por las siglas del inglés Transatlantic Trade and Investment Protocol) y se negocia desde julio de 2013 con la intención de que esté cerrado antes del final del mandato del actual presidente estadounidense, Barack Obama, uno de sus impulsores principales.

El objetivo oficial del tratado es “aumentar el comercio y la inversión” entre ambos lados del Atlántico, “creando un auténtico mercado trasatlántico que genere nuevas oportunidades económicas de creación de empleo y crecimiento, mediante un mejor acceso al mercado y una mayor compatibilidad reglamentaria”.

Según datos de la Comisión Europea, los intercambios de los Veintiocho con EE.UU. suponen en la actualidad el 40% del comercio mundial, y se realizan a un ritmo de 2.500 millones de euros diarios.

Una vez concluidas las negociaciones, la Comisión debe presentar el resultado al Consejo de la UE –integrado por los gobiernos de los Veintiocho-, que debe aprobarlo por mayoría cualificada (55% de los Estados con el 65% de la población total). Después debe ser ratificado por la Eurocámara –por mayoría simple- y los parlamentos nacionales. Todas esas votaciones se realizarán sobre la totalidad del acuerdo, por lo que no se podrá introducir enmiendas.

El proceso de negociación –en el que la UE está representada por la Comisión Europea- ha sido muy criticado por amplios sectores de la sociedad europea, que denuncian su falta de transparencia y el acceso prioritario concedido por las instituciones a los grupos de presión empresariales, a los que señalan como los auténticos beneficiarios del tratado. Hasta el momento, el movimiento de oposición al TTIP ha recogido dos millones de firmas en los Veintiocho.

Las críticas se han concentrado en tres puntos que articulan el futuro tratado de libre comercio y que se explican a continuación.

1. Eliminar barreras no arancelarias

Los funcionarios de ambas partes han admitido que el objetivo principal del TTIP no es estimular el comercio eliminando aranceles entre EE.UU. y la UE -que son muy bajos en la mayoría de los sectores y productos-, sino eliminar las barreras reguladoras, las denominadas medidas no arancelarias.

En algunos ámbitos, las normativas estadounidenses son más exigentes que las europeas, y en otros son más duras las europeas.

* CRITICOS: Una de las organizaciones que se oponen al tratado –Justicia Alimentaria Global- explica que el arancel medio de EE.UU. a los productos agrícolas europeos se sitúa en el 6,6% (era del 9,9% hace seis años) y el gravamen impuesto en la UE a los norteamericanos es del 12,8% (frente al 19,1% de 2009), mientras que el promedio del arancel agrícola en el mundo es de 60%.

Así, Justicia Alimentaria Global denuncia que las barreras que se quieren suprimir “son algunas de nuestras normativas más preciadas en materia de derechos sociales y medio ambiente, como los derechos laborales, las normas de seguridad alimentaria, las regulaciones sobre el uso de sustancias químicas tóxicas, las leyes de protección de la privacidad en Internet e, incluso, las nuevas garantías en el ámbito bancario”.

* DEFENSORES: La comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmström, ha negado que el TTIP vaya a anular las actuales exigencias europeas en asuntos tan sensibles como seguridad alimentaria o protección del medio ambiente.

"Sólo cooperaremos con EE.UU. en temas regulatorios donde tengamos los mismos objetivos", aseguró durante su visita a España, y puso como ejemplo dos de los temas que más preocupación despiertan entre los ciudadanos europeos: "No vamos a cambiar las reglas sobre hormonas en la carne ni sobre los organismos genéticamente modificados", los conocidos como transgénicos.

La máxima responsable europea en las negociaciones del tratado ha reiterado:"No se van a cambiar las leyes que nos protegen en alimentación. Los productos que no están permitidos aquí no se va a permitir que estén en las importaciones. Es evidente".

Sin embargo, sí ha señalado que hay una decena de sectores en los que, en lugar de tratar de armonizar las legislaciones, se pretende el reconocimiento mútuo de los estándares vigentes, "que son un poco distintos, pero equivalentes".

2. Convergencia regulatoria

Para armonizar sus legislaciones, los negociadores europeos y estadounidenses han establecido el llamado mecanismo de convergencia regulatoria, un proceso de adaptación de la normativa existente en ambos lados del Atlántico “para asegurar que los bienes producidos en un lado pueden exportarse al otro sin requisitos adicionales especiales”.

La armonización no se aplicará solo a la actual normativa, sino también a las legislaciones futuras.

Se crea un organismo de supervisión de ese proceso: el Consejo de Cooperación Regulatoria, un órgano transnacional integrado por expertos y representantes de los sectores implicados en cada caso.

* CRÍTICOS: Alertan que implicará una armonización a la baja, con lo que se rebajarán las normativas más exigentes. “Si el control financiero es más estricto en EE.UU., se armoniza teniendo en cuenta la regulación europea; si la legislación laboral es más dura en la UE, se aplican las normas estadounidenses que desregulan los derechos de los trabajadores”, asegura la plataforma No al TTIP, que añade “la idea es derogar toda reglamentación que sea un obstáculo al mercado”.

Advierten que esa convergencia se pretende extender a normas sociales, alimentarias, financieras y las que afectan a productos sensibles como los químicos, y que afectará a la legislación de todas las administraciones públicas: locales, regionales y estatales.

Los contrarios a este sistema avisan de que este mecanismo permitirá “una continua interpretación creativa [del TTIP] por parte de funcionarios y despachos de abogados al servicio de las corporaciones transnacionales”. Para Justicia Alimentaria Global, este mecanismo “permitirá que se tomen decisiones sin control público real y con todas las puertas abiertas para el lobby empresarial”.

“Las empresas participarán desde el inicio en el proceso, mucho antes de cualquier debate público y democrático, y tendrán una excelente oportunidad para deshacerse de importantes iniciativas para mejorar nuestros estándares de alimentos o proteger a los consumidores”, alerta esta organización, que considera que supone entregar a los grupos de presión empresariales la “co-escritura” de las leyes.

* DEFENSORES: La comisaria Malmström ha señalado que el nuevo organismo será "un foro de reguladores europeos y americanos" que -debido a que "la ciencia y la tecnología avanzan"- deberán analizar "cómo se pueden armonizar o reconocer los estándares defendidos por cada una de las partes".

Según ha indicado, ese análisis de convergencia no se llevará a cabo en todos los campos. "Las áreas donde no estemos de acuerdo estarán fuera de la discusión", ha dicho la política sueca, que no ha dado ejemplos de cuáles pueden ser esas áreas.

"No es un foro para decidir, no es un foro para legislar. Será un foro abierto, que contará también con la posibilidad de discutir con ONGs, con universidades, con distintos expertos... Pero después, está muy claro, serán los Parlamentos europeos y el Congreso americano los que harán la legislación", ha subrayado Malmström.

3. Mecanismo de Resolución de Disputas entre Estados e Inversores

Este mecanismo (en inglés, Investor-State Dispute Settlement, ISDS) recurre a tribunales internacionales de arbitraje para dirimir controversias entre gobiernos y corporaciones, y está incluido en más de 3.000 tratados internacionales de inversión vigentes en la actualidad en todo el mundo.

En su origen, se creó para proteger a los inversores ante expropiaciones arbitrarias y asegurar que las inversiones extranjeras no son discriminadas frente a las nacionales en países considerados como arriesgados, aquellos en los que los tribunales no son independientes de los gobiernos y no se puede asegurar un marco neutral para resolver ese tipo de problemas.

Sin embargo, la realidad de esta práctica ha demostrado que la imparcialidad de los árbitros de esos tribunales no está asegurada y que, dada la libertad de interpretación del contenido de los acuerdos de libre comercio ya existentes, este sistema reduce la libertad de los Estados para legislar.

*CRÍTICOS: Han bautizado el ISDS como el Caballo de Troya del TTIP. Exigen que se excluya cualquier disposición que contemple un sistema de este tipo.

Alertan de que otorgaría a las empresas derechos legales para demandar a los Estados cuando consideren que "las decisiones democráticas adoptadas por las instituciones gubernamentales para favorecer el interés público tienen efectos negativos sobre sus beneficios reales o potenciales".

Entre los que se oponen al mecanismo, destaca la asociación alemana de pymes, cuyo presidente argumentó durante su comparecencia en el Parlamento Europeo: “Estamos a favor del libre comercio, pero si hablamos de una justicia en la sombra, donde se cometen irregularidades en la selección de los árbitros, donde éstos acaban siendo aquellos que negociaron como abogados de las partes esos acuerdos, y donde no hay posibilidad recurso, no lo apoyamos. No queremos una justicia privada con decisiones inapelables. No tiene ninguna lógica implantar esto en Europa, cuyos sistemas judiciales ofrecen garantías”.

* DEFENSORES: La Comisión Europea se ha mostrado a favor de esta fórmula de resolución de disputas, pero cree que debe reformarse para evitar esos riesgos. En esa línea, Bruselas ha recogido algunas sugerencias de la Eurocámara para modificar el sistema, aunque sin llegar a cuestionarlo por completo.

Bruselas propone crear un tribunal internacional permanente para dirimir este tipo de conflictos, con un funcionamiento transparente y en el que no haya árbitros nombrados para cada caso, sino jueces designados para un período concreto preestablecido.

Además, se pretende establecer un mecanismo de apelación –inexistente en el ISDS- y hacer que las empresas e inversores elijan entre los tribunales nacionales y esa nueva Corte internacional.

Así, Malmström ha destacado que "el TTIP no socavará la capacidad de las autoridades de proteger el interés nacional", ya que "todo país tiene derecho a hacer leyes que protejan a sus ciudadanos, y eso no puede ser cuestionado por las empresas".

Impacto en sectores sensibles

La comisaria europea de Comercio ha explicado que, en las actuales negociaciones con Estados Unidos, hay una decena de sectores en los que, en lugar de tratar de armonizar las legislaciones, se pretende el reconocimiento mútuo de los estándares vigentes, "que son un poco distintos, pero equivalentes".

Sin embargo, no ha convencido a las plataformas y organizaciones críticas con el TTIP, que alertan de que la aplicación de los tres procesos anteriores en sectores sensibles para los ciudadanos -como los derechos laborales, la seguridad alimentaria o el respeto al medio ambiente- rebajará el nivel de protección.

Mercado laboral

Los contrarios al acuerdo recuerdan que EE.UU. solo ha suscrito dos de los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo que se teme que pueda presionar a la baja sobre los derechos laborales que sí están reconocidos en los países europeos.

También avisan de que se limitaría el derecho a la representación colectiva de los trabajadores.

Servicios públicos

Los críticos con el TTIP alertan de que ese pacto puede conducir a la desregulación y privatización de servicios públicos, ya que quiere “incrementar la apertura y facilidades para que empresas aseguradoras de los Estados Unidos puedan implantarse en los países miembros de la Unión Europea, dotando sus inversiones de una mayor seguridad jurídica y disminuyendo la soberanía en la gestión de ciertos sectores por parte de los países de la Unión”.

Según recuerdan desde el Observatorio Corporate Europe, el 92% de las reuniones preparatorias mantenidas por la Comisión Europea han sido con lobbies empresariales privados, y solo el 4% con representantes de los intereses públicos.

Además, denuncian que las empresas del sector sanitario y farmacéutico se encuentran entre las que más presión están ejerciendo durante el proceso negociador.

Aunque los negociadores europeos han insistido en que los servicios públicos han quedado excluidos de la apertura de mercados y la convergencia normativa, los colectivos y expertos contrarios al TTIP advierten de que podrían incluirse en el acuerdo mundial para la liberalización de servicios (TISA, por sus siglas en inglés), que se negocia de forma paralela y con mayor opacidad aún que el de EE.UU.

Contratación pública

En la actualidad, en las adjudicaciones públicas en EE.UU. se da preferencia a las ofertas nacionales frente a las extranjeras, independientemente de las condiciones de cada puja.

La UE busca que ese mercado de licitaciones se abra a las empresas europeas.

Seguridad alimentaria

Los críticos con el TTIP recuerdan que las grandes multinacionales alimentarias “llevan años pleiteando ante la Organización Mundial del Comercio contra diversas normativas europeas que protegen elementos clave de la seguridad alimentaria”.

Entre esas normas destacan las que limitan en la UE el uso de la irradiación para conservar alimentos (una técnica permitida en EE.UU.), la prohibición de numerosos pesticidas (los límites europeos y los controles son mucho más estrictos) y de la producción de ganado hormonado.

La Comisión Europea ha negado que vayan a rebajarse las normativas europeas vigentes, tanto para la regulación de pesticidas como el uso de hormonas.

Sector de cosmética

Asociaciones de consumidores europeas denuncian que, con la aplicación del TTIP, podría permitirse la venta de un millar de productos cosméticos prohibidos ahora en la UE.

Sobre ello, Malmström ha negado que vayan a permitirse y ha indicado que lo que se pretende es "ver si se pueden facilitar las autorizaciones para vender en los dos mercados, garantizando el mismo nivel de seguridad, pero evitando duplicar los test que hay que hacer".

Sector financiero

Actualmente, las normas que regulan el funcionamiento de los bancos y el sector financiero son más estrictas en EE.UU. que en Europa.

Washington ha luchado durante gran parte de la negociación por excluir este sector de los ámbitos afectados por el tratado, pero finalmente, se ha creado un grupo de trabajo para abordar este aspecto.

Los sectores críticos con el TTIP advierten de que el acuerdo podría acabar imponiendo los estándares europeos, menos exigentes.

Sin embargo, Malmström ha asegurado que,"al principio había un malentendido y algunos sectores en EE.UU. temían que la UE quisiera armonizar estrategias en este tema”. “Lo que queremos es discutir con los americanos lo que estamos haciendo en este campo desde la crisis, o la lucha contra el blanqueo de dinero", ha dicho la comisaria.

Sector energético

Los críticos denuncian que la UE pretende reducir su dependencia energética de Rusia al mejorar el acceso de los combustibles estadounidenses, especialmente el gas y petróleo obtenido mediante el fracking, un polémico método extractivo de combustibles fósiles muy extendido en EE.UU.

La Comisión asegura que cada Estado seguirá siendo soberano para vetar la práctica de la fractura hidráulica, pero los opuestos al TTIP advierten de que el ISDS podría abrir la puerta a que las multinacionales estadounidenses demanden en tribunales privados de arbitraje a los Estados europeos que traten de restringirlo.

El Observatorio Corporate Europe advierte de que, en la actualidad, “la mitad de las demandas que las grandes corporaciones interponen ante los tribunales internacionales de arbitraje son por asuntos energéticos o relacionados con el petróleo o el gas”. Como ejemplo, citan a la empresa canadiense Lone Pine, “que demandó al Gobierno de Quebec por establecer una moratoria sobre el fracking y acabó siendo indemnizada con 250 millones de dólares por parte de la administración quebequense”.

Otros ejemplos son los de la energética sueca Vattenfall, que ha demandado a Alemania por su decisión de abandonar la energía nuclear, y la eólica Windstream Energy, que ha denunciado al gobierno regional de Ontario (Canadá) por establecer una moratoria sobre las granjas eólicas marinas.

Otra de las organizaciones opuestas al tratado, la ONG Amigos de la Tierra, aseguró en 2013 que varios gigantes petroleros estadounidenses han reclamado “un capítulo específico del TTIP que les permita demandar a los gobiernos si las regulaciones medioambientales interfieren en sus expectativas futuras de beneficio, entre ellas, por implantar restricciones a las prospecciones de gas o petróleo o constreñir el fracking”.

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