El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha anunciado una inyección de capital "con carácter inmediato" de 4.500 millones en Bankia, como "anticipo" del préstamo que recibirá el Estado para el saneamiento del sector financiero.

Esta inyección había sido ya anunciada por el Ministerio de Economía el viernes, el día en que se anunciaron pérdidas de la entidad en el primer semestre precisamente por una cantidad similar (4.448 millones).

Ante la grave situación de la entidad, en mayo el Gobierno anunció que pondría 19.000 millones para garantizar su viabilidad, aunque todavía no se había concretrado la operación. Un apoyo que se suma a otros 4.465 millones (curiosamente casi la misma cifra que en este momento), que aportó cuando se formó la entidad hace dos años por la unión de siete antiguas cajas de ahorros.

Ahora, el FROB (dependiente de Economía) suscribirá con cargo a deuda pública una ampliación de capital de la matriz de Bankia, Banco Financiero y de Ahorros (BFA), que concentra sus activos problemáticos (fundamentalmente inmobiliarios), y que posteriormente se traspasará a la filial que desarrolla el negocio financiero.

El resto de bancos nacionalizados

De esta forma tendrá el control de la entidad, aunque no participa directamente en su consejo de administración. El FROB ha anunciado que de esta forma "se garantiza la seguridad de los depósitos". Al tiempo que se presentaron sus cuentas el viernes, se supo que había sufrido una fuga de depósitos en la primera mitad del año de casi 7.000 millones de euros.

En el comunicado [ver texto en pdf], el FROB también ha indicado que el resto de  entidades bajo su control (Catalunya Banc, Novagalicia Banco y Banco de Valencia) "cumplen con los requerimientos de solvencia y siguen desarrollando sus actividades con normalidad, al tiempo que se avanza en el cumplimiento de la hoja de ruta establecida en el Memorando de Entendimiento" firmado con el Eurogrupo, que prevé diversas salidas para las entidades en función de sus necesidades y pone a su disposición hasta 100.000 millones de euros.

Y todo a cambio de numerosas condiciones económicas para el Estado, fundamentalmente de reducción del déficit y recorte de gasto; una politica que está generando un creciente rechazo social.