Qué exige la Unión Europea a España para poner en marcha el rescate de la banca

  • El rescate de la banca solo impondrá condiciones al sistema financiero
  • Para asegurar que España está saneada para avalarlo, se exigen ajustes al país
LOURDES FRANCIALOURDES FRANCIA 

Los recortes y reformas que ha aprobado el Gobierno en las últimas semanas -y los que prepara para los próximos Consejos de Ministros- siguen con bastante fidelidad los cambios pedidos desde la Unión Europea.

Aunque desde el Ejecutivo se insiste en que las recomendaciones de la Comisión Europea (luego ratificadas por los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete) son solo eso –recomendaciones-, desde Bruselas y desde varias capitales europeas se ha reiterado que España debe cumplir con esos requisitos, sobre todo ahora, cuando se está diseñando un rescate de su banca que puede alcanzar los 100.000 millones de euros y del que, mientras no exista la posibilidad de inyección directa en las entidades, será valedor último el Estado español.

De esta manera, las exigencias a España que llegan desde Europa se dividen en dos:

  • Las marcadas a los bancos que reciban las ayudas del rescate y al sistema financiero al completo, que se definirán, junto al resto de condiciones del préstamo, en el memorando de entendimiento que aún se está negociando.
  • Las que debe cumplir el país en su conjunto, que están fijadas por las recomendaciones elaboradas por la Comisión Europea y ratificadas -con alguna modificación- por los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) el pasado 20 de junio.

A continuación repasamos cuáles son esas exigencias de la Unión Europea que sí se han publicado hasta ahora.

Reducción del déficit público

España debe reducir más de un 1,5% anual su déficit público entre 2010 y 2013. El objetivo comprometido por el Gobierno español es acabar 2012 con un desequilibrio presupuestario en un 5,3%, que deberá caer hasta el 3% en 2013.

Sin embargo, si el Gobierno cumple con las exigencias de Bruselas de forma creíble, se podría ampliar el plazo para lograr ese objetivo y retrasarlo hasta 2014. Para 2012, el objetivo permitido sería del 6,3%, en 2013 se permitiría un déficit del 4,5% y para 2014 se debería bajar hasta un 2,8%.

También se pide a Madrid que presente antes del final de julio un plan presupuestario conjunto para 2013 y 2014. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ya ha confirmado que tendrá listo este programa plurianual.

‘Mano dura’ con las comunidades autónomas

El cumplimiento estricto de los recortes previstos en las autonomías y un férreo control por parte del Gobierno de España de que, efectivamente, se están aplicando. Se trata de cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria que permite al Ejecutivo central llegar a intervenir aquellas comunidades que no cumplan los ajustes comprometidos.

Además, se exige más transparencia y más exactitud en la información sobre ese cumplimiento.

Para analizar, vigilar y aconsejar sobre esa política fiscal, se debe crear un organismo independiente.

Subida del IVA y cambios en el sistema tributario

El aumento de la base imponible del IVA ha sido una de las consignas más repetidas desde Bruselas, que cree que España cuenta con demasiadas exenciones y tipos reducidos de ese impuesto.

Por eso, pide aplicar el tipo normal a más sectores y productos (ahora existe un IVA superreducido del 4% para productos y servicios básicos, uno reducido del 8% para sectores como la hostelería, y un 18% para el resto). Por ejemplo, actividades como las que implican derechos de propiedad intelectual no aplican IVA.

La UE también considera que el sistema tributario español penaliza en exceso a las rentas del trabajo, por lo que pide que se modifique el sistema impositivo para aumentar las tasas indirectas que –considera- tienen menos impacto sobre el crecimiento. Como posibilidades, menciona el impuesto sobre el tabaco o las tasas medioambientales.

Montoro también ha confirmado que el Gobierno ha puesto en marcha este tipo de estrategia de deslizar la carga impositiva desde el trabajo hacia los impuestos indirectos, aunque ha señalado que "hay que elegir bien los tiempos".

Eliminación de las deducciones por la compra de vivienda

En los documentos oficiales no se pide la supresión de estas desgravaciones, pero sí se solicita que se reduzcan las facilidades tributarias que favorecen el endeudamiento y la compra de una vivienda en propiedad, en detrimento del alquiler.

El Gobierno ha reconocido también que estudia eliminar estas deducciones.

Mejora de las políticas activas de empleo

El aumento de la efectividad en los servicios de empleo debe perseguir –según la Comisión y el Ecofin- una mejora en la formación y la asesoría, así como en la forma de encajar a los parados con un puesto de trabajo adecuado a sus características.

Además, se pide que se refuercen los lazos entre políticas activas (formación y búsqueda de empleo) y pasivas (prestaciones por desempleo), y que se aumente la coordinación entre los servicios de empleo nacionales y autonómicos.

El Consejo de Ministros del 6 de junio aprobó un nuevo Plan de Políticas Activas de Empleo al que ha dotado de más de 1.300 millones de euros.

En cuanto al elevado paro juvenil, las autoridades europeas exigen la aplicación “sin retrasos” de un plan de acción juvenil que incluya el fomento de los contratos de formación y prácticas. También se insta a la adopción de medidas que reduzcan el abandono escolar.

Retraso de la edad de jubilación

Bruselas pidió en un principio que se acelerara la aplicación de la reforma de pensiones que se aprobó en agosto de 2011 y en la que se fija un retraso paulatino de la edad de retiro para situarla en 67 años en 2027.

Sin embargo, el Ecofin suavizó ese requerimiento y se limitó a pedir que se aplique el factor de sostenibilidad incluido en esa reforma para asegurar que la edad de jubilación se incrementa en línea con la subida de la esperanza de vida.

Un gasto público más eficiente

Se solicitan reformas del sector público “para mejorar la eficiencia y la calidad del gasto público en todos los niveles de la administración”.

En esta línea, el Gobierno está preparando una nueva Ley de Administración Local que pretende eliminar duplicidades entre varios niveles administrativos.

Profundización de la reforma financiera

Las autoridades europeas piden que se continúe con la reforma ya iniciada y que se asegure de que los bancos que no sean viables sean liquidados.

En las recomendaciones aprobadas por el Ecofin del pasado 20 de junio también se apunta que podrá exigirse a todas las entidades españolas un aumento de su core capital o capital de máxima calidad.

Además, se insta a que se defina “una estrategia completa” para tratar “de modo efectivo” los activos problemáticos que lastran las cuentas de los bancos (una referencia velada a la creación de lo que se conoce como banco malo, un organismo que concentraría todos los activos tóxicos bancarios y se encargaría de gestionarlos para liquidarlos o sacar el mejor rendimiento posible). El FROB ya ha sugerido que podría crearse una entidad de este estilo.

Aumentar la financiación para PYMES e investigación

Las directrices europeas marcan que se revisen las prioridades de gasto público para reorientarlo hacia políticas de apoyo a las PYMES, de investigación e innovación y de respaldo a los jóvenes.

En esa línea, el Gobierno aprobó la inversión de fondos europeos que no se habían gastado aún en políticas de apoyo a las pymes y de fomento del empleo juvenil.

Políticas de apoyo a los más vulnerables

A la vista de que en la pobreza se ha disparado en España (en 2010 había ya un millón de personas en riesgo de exclusión y la pobreza infantil afecta a uno de cada cuatro niños), los ministros de Economía europeos reclaman que se mejore el acceso al empleo de los grupos más vulnerables (mujeres, jóvenes, mayores de 45 años…). También piden servicios más efectivos de apoyo a las familias y los menores.

Liberalización de los sectores profesionales

Según los baremos comunitarios, los servicios profesionales españoles siguen estando muy protegidos, es decir, están excesivamente regulados “con barreras desproporcionadas e injustificadas”, según el documento de recomendaciones del Ecofin. En concreto, se cita a ingenieros, notarios o registradores de la propiedad. Por eso, se pide su reforma para aumentar la competencia.

Además, se pide una reducción en los plazos para obtener licencias de actividad y una simplificación de los trámites exigidos para hacer negocios, ya que las autoridades europeas advierten de que la falta de coordinación y el solapamiento entre las distintas administraciones (gobiernos central, autonómicos y locales) perjudica la actividad económica al segmentar el mercado nacional.

En este punto, el Gobierno ha aprobado ya la concesión de una licencia de apertura exprés, que permite abrir un negocio solo con el pago de las tasas y la presentación de una declaración responsable sobre el cumplimiento de todos los requisitos.

Reformas del sector energético

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