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28.230 proveedores de las CC.AA. cobrarán "a final de mes" 17.000 millones con el plan especial

  • El Gobierno confirma las cifras avanzadas por las administraciones
  • 10.000 millones corresponden a deudas con las grandes empresas

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Las comunidades autónomas pagarán "a finales de mes" casi 17.000 millones de euros en facturas pendientes a 28.230 proveedores, según ha confirmado el Gobierno este viernes, día de finalización del plan de pago especial, con el que el Estado ha dado liquidez a las administraciones territoriales.

La cifra, aún provisional, la ha anunciado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa del Consejo de Ministros de este viernes, que ha confirmado las cifras que adelantaron las propias comunidades hace dos meses, todas salvo Galicia, "que está al corriente de pagos", y las forales País Vasco y Navarra, sujetas a otro régimen.

En total, se han presentado casi cuatro millones de facturas. Y esto se suma a los casi 9.000 millones de euros en facturas del plan de pago de los ayuntamientos, muy parecido a este y que finalizó hace ya unas semanas. En ese caso, afectaba a más de 177.000 proveedores.

De esos 17.000 millones, 6.400 millones son deudas pendientes de las comunidades con pymes y algo más de 10.000 con grandes empresas, según las cifras que aportado la portavoz del Ejecutivo, que ha emplazado a una información posterior del Ministerio de Hacienda para conocer las cifras de cada comunidad.

Cuando avanzaron sus necesidades en abril, la Comunidad Valenciana fue, con diferencia, la que más dinero pidió, 4.069 millones. Los pagos, según la vicepresidenta, se harán "a finales de mes". En todo caso, eso implica que se formalicen los créditos, a través un sindicato de bancos, con el aval del Estado.

Esta línea de crédito abierta por el Estado concede préstamos a diez años, con dos de carencia y un interés cercano al 5%. Para las comunidades ha aliviado su situación financiera, pues ante las presiones de los inversores y su deuda tenían cerrado el acceso al crédito a intereses sostenibles. Sin embargo, un buen número de administraciones han criticado no tener acceso al crédito en las mismas condiciones que los bancos (al tipo oficial del 1% al que presta el Banco Central Europeo).