Una declaración y el pago de las tasas serán los únicos trámites necesarios para abrir un comercio

  • Para establecimientos que tengan menos de 300 metros cuadrados
  • Es una medida base que se aplicará en todos los Ayuntamientos del país
  • El objetivo, que la burocracia no evite o retrase la apertura de una tienda
  • Los que ya estén en trámites para abrir podrán acogerse a la nueva regulación

Actividades incluidas

En el comercio minorista, entre otros: alimentación, frutería, carnicería, pollería, charcutería, pescadería, panadería, pastelería, heladería, tiendas de caramelos, bodegas, autoservicios de alimentación; textil confección; textil hogar; peletería; herbolario y parafarmacia; perfumería; droguería; equipamiento del hogar; muebles; aparatos electrónicos; ferretería; material de construcción y saneamiento; bricolaje; venta de automóviles y accesorios; óptica; ortopedia; instrumentos musicales; antigüedades; librería; papelería; juguetería; joyería y plantas.

En la pequeña industria artesanal, calzado y textil.

En las actividades de servicios, entre otros: agencias de viaje; actividades de promoción inmobiliaria; reparación de ropa y zurcido; reparación de calzado; peluquerías; institutos de belleza y estética; servicios de fotocopias y servicios de enmarcación.

Quedan excluidas las actividades que tengan impacto justificado y proporcionado en el patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes de servicio público.

PEDRO LÓPEZ MANJÓN - MADRID 

Abrir un pequeño comercio será desde ahora más fácil: se eliminan las licencias previas a la apertura y actividad. Así lo ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros, que ha dado luz verde a un Real Decreto Ley de liberalización del comercio que reduce de forma considerable los requisitos previos necesarios para abrir una tienda de menos de 300 metros cuadrados del sector comercial minorista.

A partir de ahora aquellos que quieran abrir un pequeño establecimiento comercial no necesitarán de una licencia municipal previa. Los trámites para la apertura serán: presentar una declaración responsable de que cumplen con todos los requisitos exigibles para poner en marcha el negocio;  y disponer, cuando sea exigible, de un proyecto técnico firmado por un técnico competente.

Luego deberán pagar las tasas correspondientes en el Ayuntamiento. "Y luego se abre el comercio al día siguiente", ha señalado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en rueda de prensa.

Tras la apertura, los inspectores visitarán el local para ver si lo establecido en la declaración es verdad y si cumple con los requisitos legales que establezca la comunidad y el ayuntamiento. Si no lo hace, si no se ajustan a la ley, entonces se tomarán medidas sancionadoras proporcionales.

"Dependerá de los incumplimientos y de su gravedad", ha destacado la vicepresidenta. Si no son muy importantes "se le pedirá que se subsanen, se le dará un plazo", como ocurre ahora. Aunque no lo ha afirmado de forma explícita, Sáenz de Santamaría ha establecido que se podría llegar a cerrar un comercio si existe un peligro para los consumidores. 

Que la demora burocrática no cause pérdidas

Además, los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma podrán optar por la aplicación inmediata del nuevo régimen regulatorio o bien por dar continuidad a los expedientes ya iniciados conforme a la anterior regulación. Los cambios de titularidad de actividades comerciales y de servicios comprendidos en la norma tampoco requerirán de licencia previa.

Lo que se busca con todo ello, según ha destacado la portavoz del Gobierno, es que "la demora de un ayuntamiento no influya en la apertura del comercio" y que no cause pérdidas en los emprendedores. 

Según ha explicado la vicepresidenta, la medida está pensada para comercios tipo como "peluquerías, zapaterías...". El único límite será que la superficie de la sala de venta del local no supere los 300 metros cuadrados, aunque el Gobierno abre la puerta a que más adelante puedan acogerse a esta 'autolicencia exprés' más adelante.

"Hoy aprobamos un mínimo común denominador para todos los ayuntamientos, pero las comunidades autónomas pueden ir ampliando y desde luego el Gobierno irá revisando su entrada en vigor y su funcionamiento para poder ir generalizando este sistema", ha explicado Sáenz de Santamaría. En concreto se podrán ampliar tanto el catálogo de actividades incluidas como el umbral de superficie y las obras que no precisen licencia.

"Hay que apoyar a los emprendedores"

El control administrativo pasa de ser a priori a ser a posteriori para eliminar barreras vinculadas a la actividad, instalación, funcionamiento y obras de acondicionamiento sin necesidad de proyecto (excluidas las licencias de edificación).  Y, según se establece en la reseña del Consejo, "se posibilita la colaboración público-privada en la comprobación de los requisitos, la verificación, la inspección y el control, si bien las entidades colaboradoras habilitadas para estas gestiones indirectas no tendrán, en ningún caso, exclusividad en la prestación del servicio".

"Hay que apoyar a los emprendedores en estos momentos de crisis", ha señalado la vicepresidenta. "La medida busca cambiar la cultura administrativa, liberalizar el comercio, acabar con la burocracia, simplificar procedimientos, agilizar trámites y apoyar a los emprendedores", ha señalado Sáenz de Santamaría.

El Gobierno considera que, en tiempos de crisis, las administraciones deberían poner una "alfombra roja a los empresarios" en vez de dificultar la puesta en marcha de sus respectivos negocios.

El sector del comercio es el 5% del PIB

La vicepresidenta del Ejecutivo ha destacado que España está en el puesto número 45 en la lista de los países donde es más difícil abrir un comercio y ha señalado que se podía tardar hasta 18 meses en abrir un negocio.

"Es una medida de apoyo fundamental en un sector que es el 5% del PIB, que da trabajo a 1.800.000 personas, que cuenta con 600.000 locales y 435.000 empresas", ha destacado la vicepresidenta.

Desde el primer trimestre de 2008 al primer trimestre de 2012, la bajada de los ocupados en el comercio minorista ha sido del 8,8%, según datos facilitados por el Gobierno, que espera que la legislación contribuya a crear más empresas y puestos de trabajo.

Además, el Real Decreto Ley incluye medidas para apoyar la internacionalización de las empresas españolas del sector de la Defensa. En concreto, articula la posibilidad de suscribir contratos Gobierno a Gobierno para la gestión de programas de material de defensa con destino a la exportación.

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