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El Congreso valida el decreto con las últimas medidas económicas del Gobierno

  • Sale adelante con 177 votos a favor y 159 abstenciones
  • La Cámara también rechaza que se tramite como proyecto de ley

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El Congreso de los Diputados aprueba un paquete de medidas contra la crisis económica

El Congreso de los Diputados ha validado este martes el real decreto ley que contiene las últimas medidas económicas aprobadas por el Gobierno el pasado 3 de diciembre, entre las que se incluyen la desaparición de la ayuda de 426 euros para los parados sin otra prestación, o la privatización parcial de AENA y de Loterías del Estado.

La validación ha sido posible gracias al voto favorable de 177 diputados (logrado con el apoyo de PNV y CC) y a la abstención de 159, incluído todo el Partido Popular. Sólo se han registrado 9 votos en contra de las medidas contenidas en el decreto ley, los de ERC-IU-ICV y BNG.

Los votos del PSOE, PNV y CC han impedido también la tramitación de la medida como un proyecto de ley convencional para poder introducir enmiendas, a pesar de los votos a favor de todos los demás grupos. Así, 176 diputados se han pronunciado en contra de dicho cambio en el trámite legislativo, mientras que 168 diputados han votado a favor y ha habido una abstención.

Impulso al sector privado

La vicepresidenta del Ejecutivo y ministra de Economía, Elena Salgado, ha señalado que medidas como la rebaja de la fiscalidad a las pymes o los incentivos fiscales a la inversión permitirán dinamizar la actividad, sobre todo, del sector privado, y mejorar la competitividad de la economía española.

"Al Gobierno le corresponde facilitar el crecimiento de las empresas y el nacimiento de otras para generar puestos de trabajo", ha añadido Salgado, quien ha explicado que con estas iniciativas se eliminan obstáculos y se reducen los costes para la creación de sociedades.

Al mismo tiempo, la vicepresidenta económica ha destacado que este decreto supone un refuerzo del compromiso del Gobierno con la austeridad y la sostenibilidad de las finanzas públicas, así como con las reformas estructurales iniciadas, "cuyos tiempo de diseño no admiten dilaciones".

En este sentido, Salgado ha subrayado que, debido a la crisis financiera de Irlanda, se ha fijado un calendario de reformas pendientes para reforzar la confianza de los operadores económicos en la capacidad del Ejecutivo para cumplir sus compromisos.

Más confusión en lugar de la claridad necesaria

El portavoz económico del Partido Popular (PP), Cristóbal Montoro, ha criticado tanto el fondo como la forma del real decreto ley que, en su opinión, contiene "medidas improvisadas, incoherentes, desordenadas... que presentan un Gobierno incapaz de ofrecer seguridad" tanto dentro del país como fuera.

Según Montoro, esta norma introduce "mayor confusión" en contra de la claridad que se necesita.

"Ya no se sabe por qué número de plan estamos, si esto es el Plan B del Gobierno o qué es", ha señalado el diputado del PP.

Montoro ha destacado que lo que necesita España es "una reforma del Estado", una reforma completa del sistema fiscal y de los servicios públicos. Pero en su lugar -ha continuado el diputado popular-, "estamos asistiendo a los últimos estertores de un Gobierno".

"Se nos acaba el tiempo como país, el tiempo para tomar decisiones, y nos estamos jugando el peso de España como país", ha advertido.

Críticas al método del decretazo

Pero las mayores críticas de los partidos de la oposición se han vertido sobre la forma elegida para sacar adelante esas medidas.

Por parte de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha atacado la manera de gobernar del Ejecutivo, a base de decretazos, y ha considerado que muchas de las medidas incluídas -como la decisión de no prorrogar los 426 euros o la de "militarizar las torres de control de AENA"- no son menores y, en su opinión, se pretenden pasar "de tapadillo" y hurtando el papel que le corresponde al Parlamento.

El representante del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Francisco Xesús Jorqueras, también ha criticado esa manera de sacar adelante las normas y ha asegurado que, si el Gobierno sigue el camino que ha recorrido hasta ahora, "a este paso, Margaret Thatcher se convertirá en su ideóloga de cabecera".

También en términos duros se ha pronunciado el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Joan Ridao, quien acusa al Ejecutivo de Zapatero de carecer de "mayor visión estratégica para resolver los problemas" y de actuar "a ritmo de yenka", adoptando decisiones "in extremis para evitar el desastre".

Ridao también se ha mostrado contrario a la privatización de AENA, una medida con la que se trata de "tapar agujeros" y que se limita, según sus palabras, a "pan para hoy".

La mayoría de estos grupos se han mostrado de acuerdo con las medidas tomadas para acelerar la creación de empresas y aligerar el impuesto de sociedades para las pymes, pero opinan que deberían ir dentro de una reforma fiscal completa o contextualizadas dentro de decisiones más amplias dirigidas a facilitar la actividad de las pequeñas y medianas empresas.

Preferencia por el proyecto de ley

Uno de los aliados del Gobierno en las medidas económicas, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), ha mostrado a través de su portavoz Pedro María Azpiazu, su conformidad con la mayor parte de las medidas integradas en el decreto, pero no ha respaldado el camino elegido, por lo que ha votado a favor de que esas normas se tramiten en el Parlamento como un proyecto de ley.

Lo mismo ha solicitado Convergencia i Unió (CiU), cuyo representante, Josep Sánchez Llibre, ha explicado que este tipo de medidas deberían tramitarse como un proyecto de ley.

Según ha destacado Sánchez Llibre, la elección del decreto ley muestra "poca seriedad por parte del Gobierno", lo que se refuerza con la inclusión de un "batiburrillo" de decisiones dentro del mismo.

CiU también se ha mostrado "radicalmente en contra" de la privatización centralizada de AENA, ya que considera que la entrada de capital privado en los aeropuertos catalanes debe ser gestionado desde las autoridades catalanas.

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