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El gobierno ha abierto la puerta a un abaratamiento del despido en su última propuesta de reforma laboral, en la que plantea la extensión del contrato de fomento de la contratación indefinida, existente desde 1997 y que recoge una indemnización de 33 días por año trabajado en lugar de los 45 días del contrato indefinido ordinario.

Tras abrir el diálogo social tripartito para la reforma del mercado de trabajo el pasado 5 de febrero, el Gobierno remitía este lunes una nueva batería de propuestas a los agentes sociales, que en algunos casos profundizan las medidas ya presentadas y en otros suponen la incorporación de nuevas iniciativas.

Asimismo, destaca la posibilidad de que el Estado asuma, a través del Fogasa, parte de las indemnizaciones por despidos "colectivos y objetivos" durante un período de tiempo, que no se define en el texto. Estas son las claves del documento.

• Se abre la puerta a abaratar el despido ampliando la utilización del contrato de fomento de la contratación indefinida, por ejemplo, permitiendo que "los contratos temporales puedan transformarse en contratos de fomento de la contratación indefinida".
• Este contrato recoge una indemnización por despido de 33 días para los despidos improcedentes por causas económicas y de 45 días para los despidos improcedentes por causas disciplinarias, pero el Gobierno propone "igualar el coste de indemnización por despido improcedente por causa económicas y disciplinarias", es decir, dejarlo en 33 días para todos los casos. Así, partiendo del salario medio en España, una persona que acceda a un contrato indefinido a través de esta modalidad y que fuera despedida a los 10 años cobraría una indemnización de 18.691,1 euros, frente a los 25.487,9 de un trabajador con contrato indefinido ordinario.
• Aunque sólo "con carácter transitorio y excepcional", se plantea "eximir de una parte de los costes extintivos de los despidos colectivos y objetivos para superar situaciones económicas adversas que existen ya en nuestra legislación". El texto no lo recoge, pero desde el Ministerio de Trabajo explican que se trataría de extender a todas las empresas una posibilidad que recoge el Estatuto de Trabajadores para las empresas de menos de 25 trabajadores, en las que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) asume el 40% del coste de los despidos procedentes.
• Concentrar los contratos bonificados, que ahora son prácticamente universales (únicamente los hombres de 30 a 45 años no están bonificados) en dos colectivos: los jóvenes de entre 16 y 30 años y los mayores de 45 años, aunque con mayores bonificaciones para las empresas si contratan a mujeres.
• Además de las bonificaciones, el empleo para jóvenes es uno de los ejes, por lo que se propone ampliar el uso del contrato de formación con varias medidas, como extender la edad máxima de 21 a 24 años, eximir de cotizaciones sociales a las empresas si el joven en formación no sustituye a un trabajador de plantilla o que el Estado costee la formación teórica.
• También se plantea, en términos muy generales, el modelo austríaco, según el cual las empresas costearían un fondo de previsión para los trabajadores a los que estos podrían recurrir en caso de desempleo y que podrían trasladar, si no lo agotan o cambian de trabajo, a su nuevo empleo. El objetivo sería "incrementar la estabilidad en el empleo y fomentar una movilidad laboral más sana".
• Se abre la puerta a "las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro", que competirían con el INEM en la intermediación laboral, y se propone eliminar restricciones a la actuación de las empresas de trabajo temporal.