El caso Gürtel, la trama del Vito Corleone español

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Francisco Correa,’cerebro’ de la trama Gürtel.EFE

ANA MARTÍN PLAZA - MADRID 

Si ha habido un caso de corrupción por antonomasia en 2009, ese ha sido Gürtel. Una presunta trama encabezada por el empresario Francisco Correa, Don Vito Corleone, como se hacía llamar, y ligada a más de una docena de cargos del Partido Popular.

Entre los imputados hay tres parlamentarios de la Asamblea de Madrid, cuatro ex alcaldes de municipios madrileños, un ex alto cargo del PP gallego, un diputado y un senador, Luis Bárcenas, tesorero nacional del PP hasta su dimisión en junio.

Garzón, el primer instructor del caso, acusó a Correa en el auto de su encarcelamiento de dirigir un "conglomerado de empresas" que llevaba más de diez años repartiendo "dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas" del Partido Popular para "obtener contratos".

Cuando el juez se inhibió en favor de los tribunales superiores de Madrid y Valencia, Garzón detalló en otro auto que la organización de Correa "se gestó a partir de una relación directa con responsables del PP a nivel nacional que convirtieron a su empresa Special Events en la que acapararía la mayor parte de los actos de promoción de dicha formación política".

Este sistema funcionó entre 1996 y 2004, cuando Rajoy asumió las riendas del partido en el congreso del PP celebrado tras la primera victoria de Zapatero.

Los cambios en la dirección del PP supusieron una ruptura a nivel nacional con las empresas de Correa, que trasladó su actividad a Valencia con la creación de una nueva sociedad, Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, 'El Bigotes', calificado de "amiguito del alma" por el propio Camps en una conversación telefónica.

El PP niega que sea una trama del partido

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha insistido estos meses en que la trama Gürtel no es un caso de corrupción del partido y menos de financiación ilegal, sino una trama "que se ha aprovechado" del PP.

La trama ha puesto a prueba la autoridad Rajoy, que se ha enfrentado a su peor crisis interna desde que fue reelegido en el Congreso de Valencia en 2008. Un caso que se ha llegado a cobrar, como víctima colateral, hasta un ministro.

El titular de Justicia cuando el caso salió a la luz, Mariano Fernández Bermejo, dimitió tras la polémica cacería que compartió con Garzón, en plena investigación de Gürtel.

Un caso que ha estado marcado en los últimos meses por filtraciones del sumario a los medios de comunicación, lo que ha denunciado el Partido Popular, que llegó a decir este verano, en boca de su secretaria general, María Dolores de Cospedal, que era víctima de escuchas ilegales por parte de Interior.

Cerca de 70 imputados

La instrucción del caso, que suma 68 imputados, está actualmente en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y del Tribunal Supremo.

Los únicos que están en la cárcel, desde que los envió Garzón el 10 de febrero de 2009, son Francisco Correa, su número dos y ex secretario de organización del PP gallego hasta 1999, Pablo Crespo, y el testaferro y primo de Correa, Antoine Sánchez. Para este último, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decretado su libertad bajo fianza de 600.000 euros.

Los tres están imputados por blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho, falsedad, asociación ilícita y tráfico de influencias.

Los inicios de la operación

La Operación Gürtel ('correa' en alemán) se inició el 6 de febrero de 2009, con la detención de cinco personas por parte de la Policía Nacional, entre ellas Correa, Crespo y Sánchez.

Entre los imputados por Garzón estaban el ex alcalde de Mahadahonda (Madrid), Guillermo Ortega, y los entonces primeros ediles de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, Arganda del Rey, Ginés López y Pozuelo de Alcorcón, Jesús Sepúlveda. Todos ellos del Partido Popular.

Apenas un mes después de las primeras detenciones Garzón se inhibió al apreciar indicios de delitos contra diputados de estas comunidades.

El caso Gürtel en Madrid

Garzón se inhibió a favor del TSJ de Madrid el 5 de marzo. El último día de este mes, el TSJ de Madrid se declaró competente al apreciar indicios de cohecho y tráfico de influencias en las actuaciones de tres diputados autonómicos del PP de la Asamblea de Madrid: Alberto López Viejo (que dejó su cargo de consejero de Deportes antes de ser imputado), Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco.

El juez instructor, Antonio Pedreira, les imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad.

El TSJM tiene imputadas en total a 66 personas (en un principio imputó a 71) y es el único de los dos tribunales que investigan Gürtel que ha levantado parte del secreto del sumario.

En esos 17.000 folios que se hicieron públicos el 6 de octubre, se recoge una conversación de Correa en la que dice que López Viejo era el "muñidor de toda la operación". La Comunidad adjudicó 66 contratos a empresas de la trama en cuatro años.

Tras conocerse parte del sumario, la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, forzó el abandono de estos tres diputados del grupo popular de la Asamblea y de los ex alcaldes de Boadilla y Pozuelo.

Gürtel llega hasta el Supremo

Aunque la Fiscalía Anticorrupción reclamó al Tribunal Supremo que asumiera toda la instrucción del caso Gürtel en Madrid, este órgano judicial sólo investiga al senador y ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, y al diputado Jesús Merino.

El 24 de junio el Supremo asumió el caso al existir "indicios suficientes" de delitos contra la Hacienda Pública y de cohecho en el caso del primero y de cohecho en el caso del segundo.

El Supremo pidió a ambas cámaras el suplicatorio, es decir, el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Bárcenas y Merino para poder seguir investigando. Tanto el Senado como el Congreso lo han aprobado.

Gürtel en Valencia

El TSJ de Valencia llegó a investigar la rama del caso Gürtel en esta comunidad, con la imputación del mismísimo Camps por haber recibido supuestamente unos trajes de la trama, pero archivó la causa el 3 de agosto al no apreciar cohecho con el voto en contra de uno de los tres magistrados.

La decisión ha sido recurrida por la Fiscalía y ahora es el Supremo el que tiene que pronunciarse sobre si se reabre o no el caso.

Baltasar Garzón se inhibió a favor del TSJ valenciano el 5 de marzo a través de un auto en el que se acusaba al presidente de esta autonomía de haber aceptado que Orange Market le pagara ropa por 12.783 euros a cambio de otorgar contratos a esta sociedad entre 2005 y 2009 por valor de cuatro millones de euros.

El 21 de abril, el TSJ de Valencia se declaró competente para investigar por un presunto delito de cohecho a Camps y a otros tres cargos del PP más: el ya ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, al ex vicepresidente valenciano Víctor Campos y al ex jefe de gabinete de la Consellería de Turismo y actual jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Bertoret.

Camps declaró ante del juez que él "siempre pagó al contado y de sus bolsillos los trajes" aunque no ha aportado ninguna factura.

El informe de la posible financiación ilegal

A finales del mes de septiembre, El País y El Mundo publican el contenido de un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía que revela que la dirección del PP valenciano organizó una financiación ilegal del partido a través de Orange Market.

El informe fue remitido al TSJ de Valencia, que lo devolvió al estimar que no guardaba "relación alguna" con lo que estaba investigando.

El Partido Popular ha negado en todo momento que exista esta supuesta financiación ilegal.

El sumario y la crisis del PP valenciano

El levantamiento parcial de un tercio del sumario por parte del TSJ de Madrid el pasado 6 de octubre llenó durante varios días el tiempo y el espacio de los medios de comunicación con muchos detalles sobre el caso Gürtel.

Según esta documentación, la trama intentó seguir operando desde la cárcel para retirar dinero de cuentas en el extranjero. La red pudo ocultar hasta 30 millones de euros en paraísos fiscales.

Las investigaciones también recogen conversaciones telefónicas de los cabecillas en las que se apunta a una posible financiación ilegal del PP gallego o se revela que 'El Bigotes' medió en la compra de un vehículo de lujo para Costa, algo que éste ha negado.

En esta documentación también se detalla que Correa no declaraba a Hacienda desde 1999 o que la trama pagaba servicios de chicas a los implicados.

El 'pen drive' de la caja B

La pieza angular del sumario es un pen drive en el que está anotada la contabilidad de la caja B, en dinero negro, de la trama corrupta. Correa llega a decir a su abogado que sin esta memoria de ordenador no tendrían nada contra él.

Los detalles conocidos en el sumario provocaron una crisis interna en el PP valenciano que acaba cediendo ante Génova y destituyendo de los cargos de secretario general del partido y de portavoz parlamentario a Ricardo Costa el pasado 14 de octubre, después de 24 horas de pulso entre Rajoy y Camps.

A pesar de su cese, Costa sigue hablando "como secretario general" lo que irrita a la dirección nacional, que acaba suspendiéndole de militancia.

Rajoy aseguró que "no habría próxima vez" en el Comité Ejecutivo Nacional que celebró Génova para poner orden en su partido a raíz del caso Gürtel en Valencia, pero también de la polémica presidencia de Caja Madrid en la comunidad madrileña.

Falta por conocerse aún dos tercios del sumario del TSJ de Madrid y toda la instrucción que está llevando a cabo el Supremo, que también debe pronunciarse sobre el archivo de la causa contra Camps. Gürtel podría seguir siendo el caso de corrupción con mayúsculas en 2010.

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