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Las medidas más significativas de la Ley de Economía Sostenible

  • El anteproyecto aprobado por el Gobierno contiene medidas muy diversas
  • Van desde la reforma de los organismos reguladores a la morosidad
  • También hay nuevas deducciones en vivienda o en I+D+i

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El Gobierno aprueba la Ley de Economía Sostenible

El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que ha aprobado el Consejo de Ministros es una batería de medidas muy diversas, que abarcan desde la normativa básica del mercado hasta medidas fiscales concretas a corto plazo, una especie de cajón de sastre con el que el Gobierno pretende relanzar el crecimiento económico e impulsar un cambio de modelo productivo con el horizonte de 2020.

La Ley de Economía Sostenible se puede consultar con detalle en Internet

Estas son algunas de las medidas más significativas que ha detallado la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado:

  • Reforma de los organismos reguladores

Con el fin de "reforzar su independencia y mejorar su gobernanza", se recortará la composición de los organismos reguladores -Comisión Nacional de la Energía (CNE), Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y Comisión Nacional de la Competencia (CNC), así como la futura Comisión Nacional del Sector Postal (CNSP)- a un presidente y cuatro consejeros.

Tanto el presidente como los consejeros serán nombrados por el Ejecutivo por mandatos de seis años sin posibilidad de renovación. En la actualidad, los consejos de la CNE y de la CMT cuentan con nueve miembros, mientras que el de la CNC está integrado por ocho personas.

  • Supervisión financiera

La medida más llamativa es que las sociedades que cotizan en bolsa deberán informar de las remuneraciones de sus directivos y ejecutivos y presentar un informe al respecto que deberá votarse de forma separada en junta de accionistas.

Además, el Banco  de España prestará una especial atención a estas políticas de remuneración para que sean "responsables" y las entidades financieras deberán publicar información sobre sus políticas de retribución "para evitar que políticas retributivas muy centrada en el corto plazo pongan en riesgo la estabilidad del sistema".

  • Administraciones públicas

Las entidades locales estarán obligadas a informar cada tres meses a la Intervención General del Estado de su situación presupuestaria y de los pagos pendientes a proveedores. Asimismo, la Administración General del Estado tendrá que presentar en un plazo de seis meses un plan de austeridad y de calidad en el gasto.

Salgado ha anunciado que las administraciones territoriales serán corresponsables en las posibles sanciones que pudiera imponer las autoridades europeas por el incumplimiento de la normativa comunitaria sobre estabilidad y crecimiento, es decir, por un déficit excesivo.

  • Sistemas de contratación pública

Se simplificarán los contratos públicos para investigación y desarrollo y se limitarán los modificados -variaciones presupuestarias- en los contratos públicos al 20% del importe adjudicado. También se elevarán de 30% al 50% el porcentaje de subcontratación de pymes exigible a las administraciones.

  • Creación de empresas

Salgado ha resaltado la "reducción muy significativa de plazos y de costes", que consistirá en que las sociedades limitadas más pequeñas, esto es, las que tengan un capital inicial de entre 3.000 y 3.100 euros -el 80% de las que se crean en España-, podrán constituirse en un día y con un coste administrativo de sólo cien euros.

Además, las empresas con un capital inicial de hasta 30.000 euros, el 15% del total, podrán constituirse en un plazo máximo de cinco días y con un coste que no superará 250 euros. En ambos casos, la constitución no estará sujeta al impuesto de trasmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

  • Morosidad

Se reducirán los plazos de pago de las administraciones públicas a pymes y autónomos de 60 a 30 días como máximo. El plazo de los pagos a proveedores en el sector privado también se limitará a un máximo de 60 días, al tiempo que se establecerá un mayor control en las entidades locales para que paguen las facturas de los proveedores en tiempo y forma.

  • Ahorro y eficiencia energética

Se creará la conferencia sectorial de energía, para coordinar las medidas con las Comunidades Autónomas. En energía nuclear, se establece la vida útil de las centrales nucleares en 40 años y se establecen los requisitos -"estrictos", según Salgado- para una posterior ampliación. Además, la administración pública se compromete a reducir un 20% su consumo energético en 2016.

  • Deducción por obras en la vivienda habitual

Además de la deducción ya existente, se crea una nueva por la que se podrán deducir el 10% de los gastos en obras de eficiencia energética, mejora del uso del agua o personas de movilidad reducida, con una base deducible máxima de 3.000 euros por contribuyente y 10.000 euros por vivienda.

El objetivo es dar empleo al sector de la construcción y se calcula que supondrá 800 millones de euros menos para las arcas públicas en 2011, aunque, según Salgado, lo compensará el aumento del IVA y del empleo.

  • Impulso de la investigación y desarollo

Aumentará la deducción en el Impuesto sobre Sociedades para las actividades de Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) de un 8% al 12%, mientras que la desgravación por proyectos medioambientales subirá del 4% al 8%, para potenciar la inversión.

Además, en la nueva Ley se incrementa el límite máximo de deducción, que pasa a ser el 60% de la cuota íntegra minorada (hasta ahora el 50%), en los casos en los que la inversión en I+D+i sea significativa (de importe superior al 10% de la cuota íntegra del ejercicio).

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