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El Gobierno intenta agilizar los pagos y luchar contra la morosidad de la Administración

  • Los autónomos valoran las medidas aunque creen que llegan tarde
  • Las administraciones públicas reducirán progresivamente el plazo de pago

Ver también: Ley de Economía Sostenible

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España es junto con Italia uno de los países europeos donde la morosidad en los pagos entre empresas es más alta y los pagos más dilatados, una característica que se ha agudizado con la crisis económica.

En nuestro país, las administraciones públicas tardan en pagar una media de 139 días, una cifra que llega a duplicarse en el caso de las corporaciones locales. La morosidad entre empresas también supera ampliamente la media europea que está en 55 días mientras que en España asciende a 77.

Para intentar acortar los plazos de pago, la futura ley de Economía Sostenible establece una serie de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en sus artículos 51, 52, 53 y 54.

El presidente Rodríguez Zapatero ha ido hoy a la Cámara a detallar las medidas que plantea su gobierno para impulsar la economía. Pero el debate sobre la futura ley de economía sostenible ha derivado en un debate sobre la reforma laboral.

Reacción tardía

Lorenzo Amor, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), valora que estas medidas se hayan incluido en la norma porque "la morosidad es una de las principales causas del cierre de empresas y de que aumente el número de parados".

Uno de los problemas que asfixian a los autónomos

A su juicio, es una reacción "tardía" y les preocupa que la reforma de la ley de morosidad que ya se está tramitando en el Congreso "con la unanimidad de todos los grupos, sufra un retraso y no vea la luz en febrero, lo que permitiría que estuviese en marcha en seis meses".

Amor ha asegurado a RTVE.es que si el Gobierno tiene interés en combatir "uno de los grandes problemas que asfixian a los autónomos" debería apoyar la iniciativa parlamentaria. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, afirma estar "preocupada" por el aumento de la morosidad que roza el 5% pero asegura que la ley de Economía Sostenible incluye medidas para combatirla.

Un mes de plazo para pagar

Como norma general de pago se establecen 30 días desde la fecha que el deudor ha recibido la factura, la mercancía o se han prestado los servicios., si no hay otro pacto entre las partes.

Los autónomos y las pequeñas empresas que están sufriendo graves problemas de liquidez en medio de la recesión tendrán un plazo máximo de pago de 60 días y deberán acreditar su carácter fiscal de empresa de reducida dimensión en el momento de la contratación.

Los proveedores tendrán que remitir la factura o solicitud de pago antes de un mes y la recepción por medios electrónicos iniciará el cómputo de plazo de pago.

Deudas de las Administraciones Públicas

Las Administraciones Públicas deberán elaborar códigos de buenas prácticas comerciales y abonar el precio en los 30 días siguientes a la certificación de obras o de la expedición de los documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.

Pasado ese mes, los contratistas podrán reclamar por escrito el pago y los intereses de demora. Si, trascurrido el plazo de un mes, la Administración no contesta, se puede formular un recurso contencioso-administrativo y solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda.

En 2010 el plazo será de 55 días

La Ley de Economía Sostenible reduce progresivamente el plazo de pago, los 30 días no se aplicarán hasta el 1 de enero de 2013, pero en 2010 el plazo será de 55 días, de 50 en 2011 y de 40 en 2012.

El interventor general del Estado elaborará un informe trimestral sobre el número y cuantía global de las obligaciones pendientes fuera de plazo, al igual que las comunidades autónomas y los tesoreros de las corporaciones locales.

Los ayuntamientos además dispondrán de un registro de facturas donde se anotarán los documentos justificativos de los contratistas antes de remitirlos al órgano responsable para controlar mejor la demora en las obligaciones de pago.

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