El Sistema Integral de Interceptación de las Telecomunicaciones (SITEL), utilizado por la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia, ha sido constantemente criticado ante la cuestionada regulación que rodea a este potente método usado para "pinchar" llamadas.

El responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha acusado al ministro del Interior de ser el responsable de que la española sea "una sociedad vigilada", ya que el Ejecutivo emplea un sistema de interceptación de comunicaciones que cuestiona el derecho a la intimidad.

Por su parte, Rubalcaba ha replicado que el sistema fue contratado por el Gobierno del PP y que  "todo lo que hay en SITEL está autorizado judicialmente".

El 24 de octubre de 2001 fue Mariano Rajoy, entonces vicepresidente primero y ministro del Interior del Gobierno de José María Aznar, quien suscribió el contrato de la compra del software que ahora usa el Ministerio del Interior para interceptar las comunicaciones de posibles "sospechosos".

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha hecho público ese contrato, además de otros dos que prorrogaban la puesta en marcha del proyecto hasta noviembre de 2003, en este caso firmados por la subsecretaria de Interior en esas fechas, María Dolores de Cospedal, actualmente secretaria general del PP.

¿Legal o no legal?

SITEL es una potente herramienta informática que fue regulada primero en un Reglamento del Ministerio de Industria de 2005 y después en la Ley General de Telecomunicaciones de 2007 y cuyo funcionamiento ha estado sometido a constantes denuncias sobre su dudosa constitucionalidad y la supuesta falta de controles democráticos y judiciales efectivos.

Estos son al menos los argumentos de la Asociación de Internautas que considera que el sistema no cuenta con una regulación clara ni con las garantías suficientes que requiere un derecho fundamental como es en este caso el secreto de las comunicaciones.

Por eso primero recurrió el Reglamento ante el Tribunal Supremo (TS) y después llevó el asunto hasta el Defensor del Pueblo y la Comisión Europea, asegurando que durante el Gobierno del PP tanto los Ministerios de Defensa y de Justicia como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitieron informes poniendo en duda la cobertura legal de SITEL.

El TS rechazó el recurso de esta asociación en febrero de 2008 y consideró que la Ley General de Telecomunicaciones era un marco normativo adecuado para regular la interceptación de conversaciones telefónicas de presuntos delincuentes.

Críticas al 'software espía'

No obstante, la sentencia contó con el voto particular del magistrado Oscar González, quien como otros muchos constitucionalistas sostuvo que la regulación de "un derecho fundamental" debe llevarse a cabo a través de una ley orgánica.

Otras muchas críticas de destacados juristas han ido dirigidas al hecho de que se pueda acceder a datos personales, como la identidad o el DNI, sin autorización judicial.

El sistema que el Gobierno de José María Aznar introdujo en nuestro país empezó a funcionar a pleno rendimiento en el año 2004.

Tras la llegada del PSOE a la Moncloa en marzo de ese año, el primer ministro del Interior de Zapatero, José Antonio Alonso, heredó el "software espía", según asegura el Departamento que dirige Pérez Rubalcaba.