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Justo un día después de las elecciones en Cataluña, la Fiscalía acaba de recurrir el tercer grado de los presos del 'procés' y pide de nuevo la suspensión inmediata de la semilibertad de los nueve, mientras el juez valora la decisión. Un tercer grado que la Consellería de Justicia, que tiene las competencias en materia penitenciaria, les concedió hace unas semanas y que les ha permitido, entre otras cosas, su participación en campaña electoral. El Ministerio Público critica que la Generalitat avalara el tercer grado a todos los presos, en bloque, después de que el Tribunal Supremo tumbara esos permisos el pasado diciembre. Informa Nuria Alcalá, Ràdio 4.

El Tribunal Supremo ha aplazado su decisión sobre la falta de legitimación del PP para interponer una demanda contra el nombramiento de la fiscal general del Estado Dolores Delgado, alegada por la Abogacía del Estado para reclamar que se decretara su archivo. Según el PP, Delgado no reúne la apariencia de imparcialidad imprescindible para este nombramiento dada su vinculación con el partido al frente del Gobierno, habiendo sido poco antes ministra de Justicia y diputada del PSOE. 

Foto: EFE/ Andreu Dalmau

El Tribunal Supremo rechaza archivar la investigacion del nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado. Es un acuerdo de la sala de lo contencioso del Alto Tribunal a la demanda presentada por el Partido Popular a la que, a instancias del Gobierno dio oportuna contestación la Abogacia del Estado.

El Supremo confirma que los bancos deben asumir los gastos de las tasaciones al 100%. Fija así una nueva doctrina según la cual el cliente tiene derecho a la restitución de todos los gastos pagados en concepto de registro de la propiedad, gestoría y tasación. Los gastos de notaría se pagarán a medias, y solo el impuesto de actos jurídicos documentados corre a cargo de los consumidores. Desde la asociación de usuarios de banca ASUFIN, se pide a los bancos que devuelvan los importes sin que los clientes tengan que ir a los tribunales.

El Tribunal Supremo ha devuelto la causa del 'caso Dina' contra Pablo Iglesias a la Audiencia Nacional. Los magistrados del Supremo consideran que los indicios que ha aportado el juez instructor para solicitar su imputación no son suficientes. El juez Manuel García Castellón solicitó al Supremo que investigara al vicepresidente segundo del gobierno por los presuntos delitos de revelación de secretos y daños informáticos en relación con el robo y posterior deterioro del móvil de su asesora Dina Buselham. En su auto de este miércoles, el Supremo pide al juez que siga investigando e interrogue a Buselham sobre los hechos. Y añade que cuando complete la investigación si lo considera le vuelva a remitir el caso.

Foto: Pablo Iglesias, en una imagen de archivo. EFE

El Tribunal Supremo ha rechazado investigar al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos dentro del'caso Dina'. El Supremo devuelve el caso a la Audiencia Nacional para que interrogue a la exasesora de Iglesia, Dina Bousselham y le pregunte si quiere denunciar los hechos porque el Código Penal establece que es necesaria la denuncia de la persona agraviada para abrir un procedimiento.

El Gobierno ha recurrido el acuerdo de la Junta de Castilla y León que limita la movilidad en la comunidad autónoma desde las 20.00 horas con el objetivo de doblegar la tercera ola del Covid-19. El Ejecutivo ha solicitado a la Abogacía General del Estado que interponga recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo 2/2021, de 15 de enero, del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que entró en vigor el sábado.

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FOTO: Efectivos de la Policía Municipal controlan el cierre de los bares en Valladolid a las 20 horas.EFE/NACHO GALLEGO

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha elaborado informes desfavorables a los indultos de los 12 condenados en el juicio del 'procés' al entender que no concurren las razones de justicia, equidad o utilidad pública que exige la ley que regula la medida de gracia. Además, añade que la pena no es desmedida ni desproporcionada y rechaza la concesión de un indulto parcial por la "enorme gravedad de los hechos". La Fiscalía también recuerda que no ha habido una aceptación manifiesta del delito ni un propósito de no reincidir por parte de los acusados. El Supremo se pronunciará en enero, aunque la última palabra la tendrá el Gobierno.