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En el día en que José Luis Ábalos y Koldo García han ingresado en prisión preventiva en Soto del Real, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general de PSPV-PSOE, Diana Morant, ha subrayado que es una imagen "que no gusta ver, y que afecta en lo personal", pero que su formación "ha actuado con contundencia desde hace mucho tiempo contra estos sinvergüenzas". Sobre la posibilidad de que Ábalos 'tire de la manta', Morant pone su "plena confianza" en el presidente del Gobierno: "Lo que hay es un intento desesperado de ser un chivo expiatorio que le puede valer para su defensa".

Además, coincidiendo con la proclamación de Juanfran Pérez Llorca como nuevo president de la Comunidad Valenciana de la mano de Vox, la ministra ha lamentado que la Comunidad se convierta en un "laboratorio de la ultraderecha", y ha apuntado a una línea continuista con la gestión de Mazón: "Ha sido una investidura fake. Han hecho todo lo posible para que parezca que las cosas cambian sin cambiar nada". "Los valencianos y valencianas teníamos que haber podido decidir sobre nuestro futuro", ha afirmado.

En lo referido a la manifestación en Madrid en defensa de la universidad pública, Morant ha arremetido contra la Comunidad madrileña y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso: "La infrafinanciación a la que está sometiendo a la universidad pública la pone en grave peligro. La asfixia es total".

Sobre la crisis en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), objeto de una investigación por una supuesta trama de corrupción, la responsable socialista defiende el trabajo de sus profesionales y reivindica su trabajo: "No hay cosa que me duela más que, en un momento en que estamos invirtiendo más que nunca en investigación, cualquier euro destinado a ello pueda haber sido redirigido de manera irregular".

El juez de la audiencia Nacional, Ismael Moreno, toma declaración a Víctor de Aldama. El presunto conseguidor del "Caso Koldo", amenaza con "sorpresas" durante esa sesión, en la que se le preguntará por los contratos de mascarillas adjudicados en Canarias.

Aldama llega ante el juez después de que se acordara entregarle una copia del contenido de dos dispositivos móviles que fueron intervenidos por la Guardia Civil.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García (PP), al vicepresidente, Fernando Giménez (PP), y al alcalde de la localidad almeriense de Fines (PP), Rodrigo Sánchez y otras cuatro personas cuyos nombres no han trascendido. Están acusados de delitos de cohecho, malversación y blanqueo de capitales y pasarán el jueves a disposición judicial. El Partido Popular les ha suspendido cautelarmente de militancia.

Foto: Marian León / Europa Press

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha propuesto sentar en el banquillo al exministro de Transportes y diputado por Valencia, José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama por la parte de la causa centrada en presuntos contratos irregulares de mascarillas.

El instructor ha dictado este lunes un auto, al que ha tenido acceso RTVE, de pase a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) por presuntos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

En el mismo, da diez días de plazo a la Fiscalía y a las acusaciones populares —lideradas por el PP— para que presenten sus peticiones de archivo o sus escritos de acusación, así como la práctica de diligencias complementarias. Foto: Diego Radamés / Europa Press

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto este miércoles a los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina de los delitos de estafa agravada en el caso mascarillas, y condena al primero a tres años y ocho meses de cárcel y a una multa millonaria por fraude a Hacienda y falsedad en documento oficial.

Los magistrados condenan a Luceño por un delito contra la Hacienda Pública a la pena de tres años de prisión y al pago de una multa de 3,5 millones de euros, así como a indemnizar a la Agencia Tributaria con la cantidad de 1,35 millones. Y a ocho meses prisión y multa de 12.000 euros por falsedad en documento oficial. Sobre el delito del que han sido absueltos, el tribunal considera que no engañaron al Ayuntamiento de Madrid porque no hay pruebas de que ocultaran que se iban a llevar 6 millones de euros en comisiones.

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto este miércoles a los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina de los delitos de estafa agravada y falsedad documental, en el caso sobre la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid en pandemia por la que cobraron seis millones de euros.

No obstante, ha condenado a Luceño por fraude a Hacienda y falsedad en documento oficial.

Algunas decisiones políticas tomadas durante la pandemia y fraudes relacionados con la gestión han acabado años después en los tribunales. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el primer decreto del estado de alarma, fallo que fue revocado el pasado diciembre al cambiar la mayoría del tribunal.

También las irregularidades en la adquisición de mascarillas o PCR en los peores momentos de la pandemia han llenado un importante capítulo judicial por el cobro excesivo de comisiones. Algunos juicios que hoy se están llevando a cabo tienen su origen hace cinco años, cuando estalló la crisis del covid-19.

El empresario Alberto Luceño ha asegurado en el juicio por el caso mascarillas que sin la intervención de Luis Medina, su socio en la compraventa de material sanitario, no hubieran conseguido el contrato con el Ayuntamiento de Madrid: "Si él no me facilita el negocio, no hay negocio. Por eso cobra". Con esta afirmación, el empresario ha descargado toda la responsabilidad contra Medina, a quien atribuye tanto el alto precio de las mascarillas como las comisiones que recibieron los dos acusados, que ascienden a seis millones de euros. A este respecto, Luceño ha dicho que Elena Collado, responsable de compras del Ayuntamiento, "nunca" le preguntó si iban a cobrar comisiones.