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La Audiencia Provincial de Madrid ha corregido la decisión del juez Juan Carlos Peinado de investigar una presunta malversación en la contratación y actividades de la asesora de Begoña Gómez en la Moncloa, Cristina Álvarez, en una pieza separada del procedimiento principal en el que investiga también a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por delitos como el tráfico de influencias.

En sendos autos, a los que ha tenido acceso RTVE este jueves, la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid estima parcialmente los recursos de Begoña Gómez y su asesora y revoca la decisión del juez de formar una pieza separada, en la que propuso que, de llegar a juicio, fuese juzgada por un jurado popular. No obstante, ha avalado que siga adelante con esta línea de investigación dentro de la pieza principal.

La Audiencia de Madrid sostiene que "ambos supuestos delitos (tráfico de influencias y malversación) está intrínsecamente unidos", lo que "imposibilita la formación de piezas separadas sin que el juez instructor haya aportado razonamiento divergente que pueda alterar esa decisión".

Imagen: EFE/Juan Carlos Hidalgo.

Como estaba previsto, Begoña Gómez no ha acudido a una nueva citación del juez Peinado. El magistrado le ha comunicado al abogado de la esposa de Pedro Sánchez que si la acusación por tráfico de influencias sigue adelante, será juzgada por un jurado popular.

En la vista, la Fiscalía y las defensas han vuelto a pedir el archivo de la causa abierta por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación, intrusismo profesional y apropiación indebida.

Foto: EFE/Borja Sánchez-Trillo

El juez Juan Carlos Peinado ha propuesto transformar a ley del Jurado Popular toda la causa contra Begoña Gómez en caso de que llegue a juicio, sumando así a la pieza separada por un presunto delito de malversación los otros cuatro delitos por los que se investiga en el procedimiento principal por el que se investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional.

En el auto al que ha tenido acceso RTVE, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 pone el presunto delito de tráfico de influencias como clave para poder determinar que en caso de un eventual juicio sea juzgada por jurado popular. Este presunto delito se convertiría en el principal, que abriría la puerta a que se la pueda juzgar con un jurado popular y arrastraría a los otros tres delitos en la causa por la que también están investigados su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.

Imagen: EFE/Javier Lizón

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha detectado un posible fraude de ley y discriminación, en contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés que incluían cartas de recomendación de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en el marco de las pesquisas de la Fiscalía Europea por la posible afectación a fondos europeos.