Seis testigos propuestos por Begoña Gómez defienden su inocencia ante el juez Peinado
- Gómez está investigada por dos presuntos delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional
- La defensa defiende que la Universidad Complutense indicó a Gómez realizase la firma de los pliegos, ahora investigada
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Las testigos citadas a petición de Begoña Gómez en la causa que contra ella dirige el Juez Peinado por apropiación indebida e intrusismo profesional, han eximido de responsabilidad a la mujer del presidente del Gobierno, que dicen, actuó siguiendo la normativa y la práctica habitual, según "las instrucciones de la propia UCM".
En concreto, la interventora de la Universidad Complutense (UCM), María Elvira Gutiérrez-Vierna, ha descartado ante Peinado que Gómez, actuase de forma irregular al firmar los pliegos de contratación para patrocinadores de la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) que codirigía en la universidad. Ha asegurado que la firma de los pliegos de prescripciones técnicas se realizó "de acuerdo con las normas de la universidad" y ha señalado que no se exige cualificación técnica específica para suscribir dichos pliegos.
También han declarado las dos trabajadoras de la Oficina de Transferencia de Conocimiento de la Universidad Complutense. Según fuentes presentes en las declaraciones, ambas han confirmado que en esta instancia "nunca se registraban los dominios".
Por su parte Zulma Escalante, codirectora del Máster de Formación Permanente Sostenibilidad ESG, ha reconocido que tiene un dominio a su nombre, de su máster, como hizo Begoña Gómez con el suyo de Transformación Social Competitiva. Y ha explicado que "era Begoña Gómez quien tenía que firmar los pliegos y también quien debía registrar el dominio web a su nombre, porque la UCM nunca lo hace".
Seis testigos para defender la inocencia de Gómez
La defensa de Begoña Gómez pidió al juez Peinado, hace un año, que escuchase a seis testigos de la Universidad Complutense para defender la inocencia de la esposa del presidente del Gobierno en los delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional por la gestión del software (registro del dominio y firma de los pliegos) que se creó en para el máster de Transformación Social Competitiva que codirigió en la Universidad Complutense. El proceso se había iniciado a instancias de Hazte Oír.
La Audiencia de Madrid obligó a Peinado a citarlos a esas seis personas, que este viernes han asegurado que Gómez siguió la normativa y la práctica habitual en la Complutense para registrar el dominio de la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigió y también en la firma de los pliegos de contratación.
Peinado investiga a Gómez por un presunto delito de apropiación indebida. Quiere averiguar si Gómez registró a su nombre un software desarrollado por la Cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigió en la Complutense. Según el auto del magistrado del pasado 4 de noviembre el citado software fue "elaborado con recursos públicos y privados canalizados a través de los convenios que elaboró la Cátedra" y posteriormente "registrado como marca a nombre de María Begoña Gómez Fernández con la participación de María Cristina Álvarez Rodríguez", que es su asesora y también está investigada en la causa. Según Peinado, Álvarez gestionó un contrato en la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad Complutense de Madrid, "para la cesión del software a la UCM, sin que conste dicha transferencia".
Además, con relación al presunto delito de intrusismo profesional, el juez quiere saber si Begoña Gómez firmó documentos y pliegos relacionados con el desarrollo de ese software "para los cuales no reunía la capacitación adecuada". Para aclarar este punto, el magistrado solicitó recientemente a la Asociación Española de Abogados del Estado un informe sobre las cualificaciones académicas exigibles para elaborar "cualquier pliego de condiciones" en la adjudicación de contratos de servicios.
Gómez firmó el pliego por indicación de la Complutense
El exministro socialista Antonio Camacho, abogado de Begoña Gómez, propuso a Peinado la celebración de las testificales de hoy. Además el letrado aportó a la causa varios correos electrónicos para defender que si Gómez firmó el pliego de prescripciones técnicas, "fue porque la Universidad Complutense así se lo indicó expresamente". Para demostrar este punto, la defensa aportó dos correos firmados por Sánchez Rosales, de la Gerencia de la Escuela de Gobierno de la UCM.
El abogado también solicitó la declaración de María Elvira Gutiérrez-Vierna, interventora de la universidad, para que ratificase lo que manifestó ante la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid: que la firma de los pliegos de prescripciones técnicas se realizó de acuerdo con las normas de la UCM.
Camacho defendió además la citación de las dos miembros de la OTRI porque "señalaron" a Begoña Gómez "cómo debía registrar" el dominio de Internet. Sobre este extremo, el abogado incidió en que, "como ha puesto de manifiesto la propia UCM", dicho dominio "nunca fue inscrito en el Registro de Propiedad Intelectual". Y recalcó que el registro del dominio "fue realizado siguiendo las instrucciones de la propia UCM".
En el marco del debate sobre dicho registro, la defensa vio pertinente pedir la citación de la codirectora del Máster de Formación Permanente Sostenibilidad ESG, quien "tiene inscrito el dominio del citado máster a su nombre, siendo también en este caso personal ajeno a la universidad".
Por último, justificó su petición de llamar a la actual directora de la Escuela de Gobierno de la UCM para que dé constancia de que Begoña Gómez propuso el nombre de 'Transformación Social Competitiva'.
Peinado pidió a Moncloa las agendas de Gómez y su asistente
Dentro del marco de investigación de esta causa, el juez Peinado solicitó a la Presidencia del Gobierno que remita las agendas de Begoña Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, y toda la información relativa a los viajes que realizó sufragados con fondos públicos (órdenes de comisión de servicio, autorizaciones de desplazamiento, facturas, liquidaciones o justificantes de pago, identificación de los destinos, pago de dietas, gastos de representación...) desde su contratación, el 16 de julio de 2018.
Además, el magistrado solicitó a Moncloa "todos los antecedentes que consten con relación al nombramiento de asistentes al cónyuge del presidente del Gobierno, con la delimitación de los puestos ocupados y las funciones que llevaron a cabo".
Y advirtió de que si esta información no se facilita, podría ser constitutivo de un delito de desobediencia.
Manos Limpias, readmitida en la causa
Esta semana habíamos conocido además que Peinado expulsó de la causa contra Begoña Gómez al autodenominado sindicato Manos Limpias, que fue la parte que dio origen al procedimiento al presentar su denuncia basada en recortes de prensa. El magistrado tomó esta decisión porque Manos Limpias no entregó el justificante de pago de la fianza que el instructor impuso para ser acusación popular a las partes.
Sin embargo, este viernes el magistrado ha acordado readmitir a Manos Limpias debido a que ha "consignado el importe requerido" para ejercer la acción popular. Peinado lo ha acordado a través de una providencia en la que ha notificado a la organización que "condiciona su personación a que presente escritura de poder para pleitos o el correspondiente apoderamiento" en favor de la procuradora. Tras esta decisión, el sindicato queda agrupado en las acusaciones populares unificadas que dirige Hazte Oír.
El juez tomó la decisión de expulsarles el pasado día 24, el mismo día en que el abogado Carlos Perales comunicó vía burofax su renuncia a seguir representando a Manos Limpias al apreciar que las decisiones de esa asociación responden a "fines de naturaleza política". Un planteamiento que el letrado considera "incompatible" con los principios de su despacho, dado que "ha ido transformándose de manera paulatina en un asunto cuya exposición y tratamiento exceden del marco jurídico para situarse en el terreno de la controversia política y mediática".
En el marco de esta investigación, el juez también investiga a la esposa de Pedro Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y malversación. Peinado, además, ha avisado de que si envía la causa a juicio, Gómez sería juzgada por un jurado popular, es decir, por ciudadanos y no por un tribunal conformado por jueces.
