El juez Peinado cambia al domingo las declaraciones de la alto cargo de Moncloa imputada en el caso contra Begoña Gómez
- La cita de la secretaria general de la Presidencia del Gobierno estaba prevista para el miércoles
- El cambio de fecha afecta también a los testigos de Instituto de Empresa, Google y la Complutense
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El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, ha cambiado al próximo domingo a las 17.30 horas el interrogatorio como investigada a la secretaria general de la Presidencia del Gobierno, Judit Alexandra González, por la contratación y la supervisión de las funciones de Cristina Álvarez como asesora de la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La cita estaba prevista para este miércoles, pero la defensa de la asesora Álvarez pidió una nueva fecha porque tiene otros señalamientos previstos para ese día, 12 de noviembre, según justifica la providencia vista por RTVE.
El objetivo de esta comparecencia, que se celebrará el 16 de noviembre, es que el magistrado informe a González del "objeto del procedimiento y darle traslado de los hechos que se le imputan", así como esta pueda "ser oída en declaración en calidad de investigada por el delito de malversación de caudales públicos".
La alto cargo de Moncloa se ha convertido en la quinta persona imputada en la causa, junto a Gómez, Álvarez, el empresario Juan Carlos Barrabés y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
Peinado investiga si la esposa del presidente del Gobierno influyó a favor de las empresas Barrabés, adjudicatario de contratos públicos, así como su rol en la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) o si empleó a su asesora para sus actividades privadas.
Tres testigos declararán también el domingo
El cambio de fecha afecta también a las declaraciones como testigos del Instituto de Empresa, Diego de Alcázar; al responsable institucional y políticas públicas de Google, Miguel Escassi; y al exvicerrector de Relaciones Institucionales de la UCM, Juan Carlos Doadrio, quienes han comparecido anteriormente ante el juez instructor y lo volverán a hacer el domingo.
Además, Peinado ha citado como testigos a varias personas responsables de la Complutense, pero tendrá lugar el próximo 28 de noviembre.
En el mismo escrito, el magistrado da el visto bueno para Begoña Gómez y Cristina Álvarez no tengan que ir personalmente a presentar sus pasaportes al juzgado y encarga a la policía judicial las gestiones.
Investigada por malversación "por omisión"
En un auto anterior, Peinado justificó su decisión de imputar a González, y no citarla como testigo, con una alusión a comportamiento "pasivo" de su antecesor en el cargo, Francisco Martín, y con el argumento de que la malversación puede derivar también de no haber controlado las labores de una persona contratada para un servicio público, pudiendo hacerlo.
El instructor achacó al cargo de la Secretaría General de la Presidencia ser "conocedor" de los "actos de carácter institucional sobradamente conocidos por su proyección mediata" de la esposa del presidente del Gobierno e incidió en que esta llevaba "a cabo una labor de carácter privado en una universidad", la UCM, donde codirigiría la cátedra extraordinaria para la Transformación Social Competitiva.
Y concluyó: se "puede cometer el delito de malversación, en la modalidad de comisión por omisión". Es decir, González podría haber dado "órdenes e instrucciones" para que Álvarez, la asesora de Gómez, se abstuviera de continuar con las "labores de carácter privado".
En el mismo auto, Peinado rechazó el archivo de la causa, como pedían las defensas y la Fiscalía, y ratificó que asume la orden de la Audiencia Provincial de Madrid de unir las dos piezas en las que había dividido la investigación. No obstante, mantiene el procedimiento de jurado popular para que, en caso de juicio, decidan el veredicto un grupo de ciudadanos y no jueces.
Los presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias están incluidos en la lista de los que son competencia exclusiva del tribunal del jurado, aunque el instructor también investiga si hubo corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida e intrusismo.
La causa arrancó en abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por la organización Manos Limpias en la que se acusaba a Gómez de haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para recomendar a empresarios, como el investigado Barrabés, que se presentaban a licitaciones públicas.
Tras ello, el juez fue abriendo nuevas ramas de investigación por otra querella presentada por Vox por presuntas irregularidades en el registro del 'software' de la cátedra que codirigía Gómez.
Posteriormente, Peinado abrió la pieza separada a raíz de otra querella de Vox para investigar si se produjo un desvío de dinero público en la designación de Álvarez como asesora de Moncloa y si desempeñaba funciones privadas para Gómez en el marco de sus labores en la Complutense.
La Audiencia Provincial de Madrid corrigió la decisión de Peinado de abrir dicha pieza separada, aunque avaló que siguiese adelante con esa línea de investigación, relativa a la malversación, dentro de la pieza principal.
