El Amazonas ecuatoriano paga la factura del extractivismo petrolero
- Las provincias amazónicas de donde se extrae el crudo son sin embargo de las más pobres de Ecuador
- Más de medio siglo de actividad petrolera han dejado en el territorio y sus comunidades heridas difícilmente reparables
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Ecuador lleva más de medio siglo con el petróleo en el centro de su economía. El primer barril extraído en el país se exhibió por Quito con homenajes militares. "El pueblo no puede contener la emoción", apuntaba el narrador de la retransmisión. La explotación del oro negro se veía con esperanza, como fuente de riqueza. Si hablamos en términos macroeconómicos, lo ha sido y lo es. A día de hoy sigue representando entre el 8 y el 10% del PIB del país y hasta un tercio de sus exportaciones.
La realidad social y ambiental, sin embargo, es otra en las provincias amazónicas donde se concentra la producción. Orellana y Sucumbíos son, según el Instituto Nacional de Estadística, de las que presentan los índices de pobreza más altos del país. No es sólo una pobreza monetaria —que también— sino que es multidimensional. La escasez es de todo tipo: educación, salud, vivienda digna, electricidad o agua. La bonanza prometida no ha llegado a los habitantes del lugar donde empieza todo. Unas carencias que también sirven para que las petroleras, con dádivas, traten de atraer simpatías o al menos de rebajar los recelos en el territorio.
La mancha negra en el pulmón del mundo
"La Amazonía es un lugar de exterminio y saqueo. Aquí lo único que interesa son los recursos, el extractivismo. No importan ni las poblaciones, ni los pueblos ancestrales ni la preservación de la naturaleza… ¿Cómo es posible que estemos en el lugar de donde sale la mayor riqueza del país y tengamos la provincia más pobre, el nivel más bajo de educación y de salud ni hablamos?", se pregunta Charlie Azcona, un misionero navarro que lleva allí más de cuarenta años, en primera línea en la lucha contra los llamados mecheros.
"Les invito a hacer un ejercicio", plantea Roberto Pachacama, activista del Frente de Defensa de la Amazonía. "Inhalen profundo. Uno, dos, tres. Expulsen el aire. ¿Qué creen que han respirado? Una de las personas responde rápido: "Veneno". "Entonces, ¿ustedes creen que es seguro vivir aquí?", cuestiona. Estamos en la provincia de Orellana frente a una de esas enormes antorchas que se ubican ante cada pozo petrolero. Están desperdigadas por toda la geografía —hay cerca de 500 en Orellana y Sucumbíos— donde el Estado ha concesionado prácticamente todo el subsuelo, mayoritariamente a la empresa estatal Petroecuador, aunque también hay licitaciones a compañías extranjeras de capital privado. A apenas unos metros detrás de nosotros hay una casa.
La respuesta a esa pregunta retórica la dio la justicia hace unos años. En 2021 falló que esas grandes antorchas no podían funcionar cerca de zonas habitadas y que las que estuvieran en el radio próximo de poblaciones debían dejar de operar. Fecha máxima: 2030. Según el gobierno, 170 se han apagado, pero el dato contrasta con el del Banco Mundial con respecto a la quema de gas. Ha aumentado sustancialmente pasando de 1235 millones de metros cúbicos en 2021 a 1650 millones en 2025. "¿Cómo puede ser? Si se apagan mecheros, debería bajar la cantidad de gas quemado, ¿no?", se lamenta Azcona, que cada lunes participa en protestas para que se cumpla la sentencia. "Esto demuestra que la justicia está sometida a los intereses de las petroleras", concluye Pachacama, lo que refleja un pensamiento extendido tras décadas de litigios nacionales e internacionales.
Protesta contra mecheros de la Amazonia Cedida / Charlie Azcona
"Es un calor tremendo el que se siente cerca (queman a 400 grados), se nota el impacto, el cambio en la respiración. El aire se vuelve espeso", comenta Simón, un anciano ciego que recuerda los comienzos de la extracción y cuya vivienda está rodeada de hasta cuatro pozos.
Más allá de las sensaciones físicas que describen los vecinos, hay una palabra que ocupa cada conversación con respecto a esos grandes pebeteros: cáncer. Denuncian que los casos en esta zona están disparados con respecto a aquellos lugares en los que el escenario es otro y sin embargo, las estadísticas no refutan sus encuestas a pie de calle. "Como aquí no tienen donde tratarse salen a Quito y les registran allí y así parece que aquí no hay cáncer. Y como no pacientes, no lo estudian ni abren el centro oncológico al que instaba la sentencia. Porque si no hay enfermos, ¿para qué? Esa es la trampa", señala Azcona.
Acuíferos contaminados: la ausencia de agua potable
La salud no sólo está afectada atmosféricamente. Siguiendo la carretera, en paralelo a una red de tubos de mayor o menor tamaño, oleoductos que canalizan el crudo, se llega a la comunidad La Primavera, en Sucumbíos. Su presidente, Wilmo Moreta, de profesión docente, nos acompaña al pozo Aguarico 4, ya cerrado. Adentrándonos un poco en el bosque, nos encontramos con enormes balsas de residuos. "Esto es petróleo. Y hay una piscina, otra y otra. Tienen entre tres y cinco metros de profundidad. Y esto baja y contamina los acuíferos. Esa es el agua que tenemos", nos comenta mientras se levanta la pernera del pantalón y nos enseña sus piernas llenas de llagas enrojecidas.
"La dotación de agua segura no corresponde a una organización social o a la cooperación. Debe garantizarla el municipio", apunta Gladys Solano. Es miembro del Frente de Defensa de la Amazonía que trabaja en proyectos junto a Manos Unidas para la instalación de un sistema de recogida de agua de lluvia en los hogares que, tras un proceso de filtración, es apta para el consumo.
El alcalde de Lago Agrio, capital de Sucumbíos, ciudad creada en paralelo al extractivismo, nos recibe en su despacho. Está de salida. Pronto agotará los dos mandatos que como máximo se puede ser primer edil. No elude su responsabilidad, pero señala las dificultades que pasan no sólo por la afectación de la industria sino por la dispersión de las viviendas. Ha firmado acuerdos con las petroleras para implementar proyectos financiados al 50% y también con entidades sin ánimo de lucro. Con todo, sigue habiendo mucha gente sin agua en particular en las zonas rurales donde la potabilización a mayor escala es prácticamente imposible.
"La respuesta del Fondo Amazónico sería lo ideal. Está previsto para hacer frente a la constante contaminación petrolera que sufrimos, pero a la hora de la verdad no da respuesta a problemas como este. No es como lo pintan. Es complicado sacar proyectos adelante. Lo que llega es insignificante para las brechas que tenemos aquí. Además, la ley establece que el 60% de los fondos han de ser destinados a zonas de afectación directa de la industria y si hacen la valoración sucede todo lo contrario", apunta Abraham Freire.
La ley Amazónica fue un hito. Se aprobó en 2018 reconociendo un estatus especial a la Amazonía amenazada por el extractivismo tanto minero como petrolero. Se estipuló que por cada barril de petróleo extraído se debían destinar 4 dólares a un fondo para revertir los daños que provoca esa industria. "Petroecuador bombea 370.000 barriles diarios y aquí no llega un mísero dólar. Ya no cuatro como dice la ley. Nada", se lamenta Pachacama.
Comunidades divididas por el petróleo
"Esto es algo premeditado", comenta Azcona refiriéndose a la división que genera en las comunidades e incluso en el seno de algunas familias ese vacío de alternativas."Les dan vaquitas o materiales para construir la vivienda… o un salario que a lo mejor triplica lo que ganan en el campo", apunta el alcalde de Lago Agrio. "Migajas", comenta Simón. "Dicen que el petróleo nos beneficia a todos, pero eso es mentira", asegura. "A veces es comprensible que la gente se venda", dice Carmen Aguilar; "aquí estamos muy mal", incide.
"Divide y vencerás. A uno le dan una cosa, a otro no. La gente se pelea y mientras nos ven peleando entre nosotros ellos se frotan las manos, nos siguen contaminando, derrames a cada rato… Y así en muchas comunidades que están peleadas mientras las compañías siguen tranquilamente con sus proyectos", comenta Azcona.
Ante esta situación, desde el Vicariato de Aguarico, que es muy activo en la defensa de estas comunidades tanto en lo legal como en lo social, han tomado una determinación: no aceptan nada de petroleras ni mineras. El Obispo, Monseñor Adalberto Jiménez, reconoce que en el pasado les hacían arreglos o les ofrecían colaboración, pero han llegado a la conclusión de que eso no busca sino tenerlos callados. "Aquí hay demasiada corrupción, atropello, destrucción, depredación, amenazas… estar en la Amazonía y quedarse al margen de todo esto, en la comodidad, sería pecado", señala.
Cae la noche. En la oscuridad, el fuego de los mecheros es más impactante. Detenemos el vehículo en un punto ajeno a la mirada de los guardias para contemplar la escena. "Es monstruoso, terrorífico, un infierno", comenta Pachacama. En el silencio, ante esa inmensa llamarada, recuerdo algo que escuché a lo largo de la jornada, en boca de alguno de nuestros interlocutores: "En la Amazonía, los derechos de las personas se queman con el gas".
Tras unos minutos emprendemos la ruta de regreso. En la carretera vemos varios prostíbulos. Algunos con nombres que no ocultan cuál es su público objetivo, como el Night Club Harén Petrolero. Todo aquí gira entorno a una industria que produciendo mucho genera en el territorio enormes desigualdades. A medio camino paramos a repostar. Paradójicamente, la gasolina no es barata. El petróleo mana del suelo que pisamos, pero del surtidor sale a 3,25 dólares el galón.
