Enlaces accesibilidad

Los sindicatos de inquilinas vuelven a tomar las calles en otras 16 ciudades tras el desahucio de Maricarmen

  • Las protestas se extienden por España con especial seguimiento en Erandio, Canarias, Logroño y Zaragoza
  • Clamor ciudadano en decenas de ciudades contra los fondos buitre y para exigir el fin de los desahucios
Grupo de manifestantes concentrados frente a un edificio de viviendas en la calle Hermanos Calderón, Cantabria, sosteniendo pancartas con lemas por el derecho a la vivienda y contra los desahucios.
VVecinos y activistas se movilizan en la calle Hermanos Calderón de Santander para paralizar un desahucio y exigir soluciones habitacionales dignas. SINDICATO VIVIENDA

Una ola de indignación recorre la geografía española. Los sindicatos de inquilinas y diversas plataformas por el derecho a la vivienda mantienen desplegada desde este jueves una ofensiva masiva de protestas y concentraciones en 16 ciudades.

La mecha prende con fuerza tras el mediático desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años expulsada de su vivienda en el madrileño barrio de Retiro, que provocó una primera manifestación de unas 10.000 personas en la capital.

Bajo el lema unificado "Por todas las Maricarmen", la ciudadanía exige en las calles el cese inmediato de los lanzamientos judiciales, el freno a los fondos especulativos y una legislación firme que garantice la vivienda como un derecho fundamental y no como un negocio.

Tensión y firmeza vecinal en Erandio

Uno de los puntos de mayor tensión se sitúa en el municipio vizcaíno de Erandio. Desde la Plaza de los Ochos, la periodista de RTVE Elizabeth Escajedo cuenta que entre 130 y 135 familias del bloque de viviendas de Los Ochos viven horas de máxima incertidumbre.

La venta en lote de este parque residencial por parte de InmoCaixa al fondo inmobiliario Mosaic ha cambiado abruptamente sus condiciones de vida. La nueva propiedad impone un ultimátum a las familias: abandonar las casas a cambio de una compensación de hasta 12.000 euros antes de que venza el contrato, o adquirir las viviendas por un precio inasumible de unos 300.000 euros.

Frente a esta encrucijada, la Plataforma de los Ochos y el sindicato LAB han convocado una manifestación para reclamar la negociación de contratos colectivos y la protección institucional. El malestar vecinal es absoluto.

En declaraciones a los medios, los propios residentes denuncian la lógica mercantilista de la propiedad: "Cuatro paredes y un techo para nosotras es un hogar, pero tanto para InmoCaixa primero como para Mosaic ahora son solo activos financieros". La prisa aprieta a los vecinos, ya que 14 familias finalizan sus contratos antes de diciembre.

Aunque el Gobierno Vasco ha anunciado su intención de declarar Erandio como zona tensionada, los trámites no se materializarán hasta enero. Sin embargo, el mensaje de la comunidad es rotundo y resuena en las calles: "Nos quieren echar, pero no nos vamos. No nos vamos. Nos quedamos".

Canarias exige un plan de emergencia

La marea de protestas tiene también un hito crucial en Canarias, donde cerca de 70 organizaciones vinculadas a los colectivos de vivienda han secundado la movilización frente a las dependencias gubernamentales.

Desde la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, las unidades de RTVE confirman la presentación de un Plan de Emergencia Habitacional compuesto por 13 medidas urgentes para atajar la crisis autonómica. En el primer trimestre del año, las islas han registrado ya 103 lanzamientos judiciales.

La jornada en el archipiélago está marcada por la intensa presión social que ha logrado frenar, a última hora y por tercera vez consecutiva gracias a la intermediación municipal, el desahucio programado en Granadilla de Abona.

Se trata del desgarrador caso de una mujer de 54 años sin recursos, enferma de cáncer terminal y con un grado dos de dependencia reconocido. A este caso se suma la suspensión judicial comunicada este mismo mediodía respecto a otra vecina en Tegueste.

Los portavoces insulares remarcan que estas acciones no son hechos aislados, sino la prueba fehaciente de que las administraciones deben articular políticas reales e impedir la expulsión de personas en situación de extrema vulnerabilidad.

Movilizaciones en Logroño y Zaragoza

En Logroño, la periodista de RTVE Ana Montoro informa desde una Plaza del Mercado abarrotada de cientos de personas. A pesar de que la capital riojana se encuentra en plena celebración de las fiestas de San Mateo, la ciudadanía ha respondido masivamente al llamamiento para protestar contra los fondos buitre y exigir vivienda pública. El ambiente en Logroño está especialmente caldeado ante la inminencia de un polémico desahucio fijado para la próxima semana que afecta a una madre y a sus dos hijos menores.

““

Simultáneamente, en Zaragoza, la Plaza San Pablo registra una concentración masiva convocada por el Sindicato de Inquilinas. Las consignas lanzadas por los manifestantes, como "Rentistas culpables" y "Ningún desahucio sin respuesta", resumen el clima de indignación.

Los colectivos aragoneses celebran la paralización, por parte de la Delegación del Gobierno, de un desahucio previsto para este lunes en la capital. No obstante, insisten en que la movilización no se detendrá hasta que existan soluciones estructurales que impidan que el caso de Maricarmen se repita de forma cotidiana.

Respuesta estatal contra la inacción legislativa

El mapa de las protestas promovidas por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas abarca hoy ciudades como A Coruña, Alicante, Bilbao, Huelva, Murcia, Salamanca, Granada y Talavera de la Reina, extendiéndose mañana viernes a Benidorm, Cáceres y Ciudad Real.

En Cantabria, el sindicato autonómico mantiene fijada su convocatoria para este viernes frente a la Delegación del Gobierno en Santander. La movilización cántabra visibilizará el acoso que sufren más de 80 familias de Peñacastillo por parte de fondos buitre y arremeterá duramente contra las distintas administraciones.

Cartel informativo con fondo negro y texto rojo/blanco anunciando

 SINDICATO DE INQUILINAS

En un duro manifiesto, las portavoces del colectivo en Cantabria apuntan directamente a la responsabilidad política estatal y autonómica. Militantes como Cristina Asenjo denuncian que "el Gobierno no solo no ha legislado de manera contundente para proteger el derecho a la vivienda de todas las personas, sino que además se ha dedicado a reprimir por la fuerza los movimientos sociales".

Por su parte, la activista Andrea Liba lanza un requerimiento directo a los responsables institucionales: "Los fondos buitre están destrozando nuestros barrios y pueblos, expulsando a las vecinas que aquí vivimos y mercadeando sin limitaciones con un derecho fundamental como es el de la vivienda".

El Sindicato de Inquilinas ha convocado una nueva manifestación en Madrid, este sábado, 26 de septiembre, a las 18:30 horas bajo el lema "Ni una Maricarmen más". Marcharán desde la Puerta del Sol hasta el Congreso para protestar contra la especulación inmobiliaria, las expulsiones de los vecinos de sus barrios y la defensa de viviendas dignas para vivir.

El clamor social que recorre España exige que las palabras se traduzcan de inmediato en cambios legislativos reales.