La guerra 'low cost' y desechable de Putin: drones baratos ponen en jaque las costosas defensas europeas
- Un dron que ni siquiera explota puede cerrar un aeropuerto y activar un gasto muy superior a su coste
- Moscú combina saboteadores reclutados en internet y operaciones ambiguas para dificultar la respuesta de la OTAN
La guerra 'low cost' de Putin: drones de bajo coste que ponen en jaque a las costosas defensas europeasRTVE
El 4 de agosto, un dron cargado con explosivos fue hallado junto a un avión de transporte ucraniano estacionado en Leipzig/Halle, uno de los grandes centros europeos de carga aérea y nodo logístico para Ucrania. El artefacto no detonó ni causó víctimas, pero obligó a cerrar las dos pistas del aeropuerto, movilizar a los artificieros y emplear un robot para neutralizarlo.
Aunque el ataque fracasó en su objetivo inmediato, sus efectos trascendieron el cierre del tráfico. Investigadores alemanes estuvieron semanas recabando datos, las autoridades, revisando toda la cadena de seguridad del recinto y el incidente terminó abriendo una grave crisis diplomática entre Rusia y Alemania.
El canciller Friedrich Merz aseguró ante el Bundestag que el ataque se había preparado en Rusia durante meses y que solo el azar evitó graves daños materiales y personales. El 1 de septiembre Berlín ordenaba clausurar el último consulado general ruso del país, la Casa Rusa de Berlín y anunciaba un “escudo contra el sabotaje” para sus infraestructuras críticas.
Por su parte, Moscú negó cualquier implicación. El 6 de septiembre, el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, presentó las acusaciones como el comienzo de una “guerra real” y al día siguiente Rusia decretaba la clausura del consulado alemán en San Petersburgo y de los centros Goethe-Institut en esa ciudad y en la capital.
Pero Leipzig no fue un caso aislado. A finales de agosto, un incendio provocado causó importantes daños en una fábrica polaca de componentes para drones, sin que Varsovia haya responsabilizado hasta el momento a Moscú. Una semana después, otros dos drones rusos penetraron en Moldavia: uno cayó en un campo y provocó un incendio, mientras el segundo continuó hacia el espacio aéreo rumano. El cierre temporal del cielo moldavo demoró la partida del avión del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y provocó retrasos en salidas y llegadas.
Meses antes, y precisamente en Rumanía, otro dron que su Defensa identificó como ruso impactó contra un edificio de viviendas de Galați, causando dos heridos. Hasta entonces, Bucarest había contabilizado 28 incursiones desde que Putin ordenó ataques contra los puertos ucranianos del Danubio.
"Los objetivos no están elegidos al azar. Rusia identifica a todos esos países como aliados de Ucrania y les presiona para que dejen de apoyar a Kiev", dice a RTVE Noticias, Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. "Por otro lado, la cuestión de los drones es una asignatura pendiente que ningún ejército tiene bien resuelta. En términos estrictamente económicos hay una gran diferencia entre el coste de uno de ellos y el de un caza o misil interceptor que sale al espacio aéreo para intentar destruirlo", añade el analista.
Episodios diferentes - 144 entre 2024 y 2026, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) - que revelan la paradoja de la guerra híbrida: una amenaza barata y ambigua puede cerrar un aeropuerto o un ferrocarril, retrasar el transporte de armamento y encarecer la vigilancia y los seguros. Es el impuesto invisible de la campaña atribuida a Moscú: Rusia no necesita destruir Europa; le basta con encarecer su funcionamiento.
Un dron a reacción ruso impacta contra una gasolinera en Kiev, causando graves daños al edificio y heridas a cuatro personas, el 10 de septiembreGetty Images
Europa usa cazas y Rusia, drones
La primera factura de Europa es la de la propia interceptación. Durante otra incursión masiva sobre Polonia en septiembre de 2025, cazas F-35 neerlandeses emplearon misiles valorados en cientos de miles de euros contra drones que podían ensamblarse por una fracción de esa cantidad. Y al coste de cada derribo hay que añadir las horas de vuelo, el mantenimiento, las tripulaciones, los radares y la disponibilidad permanente de los aviones.
El 16 de agosto, un F-18 español desplegado en la misión de policía aérea de la OTAN derribó un aparato no identificado que había penetrado desde Moldavia nuevamente en Rumanía. Cuatro días después, Bucarest movilizó dos F-16 contra un dron marino cargado con explosivos que había sido localizado a pocos cientos de metros de Neptun Deep, en el mar Negro. Aunque no se empleó un misil interceptor, la operación exigió activar una célula de crisis, desplegar dos aviones de combate y coordinar la intervención con la Alianza.
La OTAN lleva tiempo buscando cómo corregir ese desequilibrio. Desde su Asamblea Parlamentaria ya lo han advertido: no resulta sostenible emplear de manera sistemática medios concebidos para abatir aviones o misiles contra aparatos mucho más baratos.
De ahí que los aliados busquen completar sus defensas con sensores acústicos, inhibidores o drones interceptores o armas de energía dirigida, capaces de reservar los sistemas más caros para amenazas mayores. La carrera no consiste ya solo en derribar el aparato, sino en hacerlo sin permitir que señuelos de bajo coste agoten los arsenales y los presupuestos europeos.
El coste sobre la retaguardia
La segunda factura que presenta Europa recorre las cadenas de suministro que la conectan con Ucrania. El aeropuerto alemán de Leipzig/Halle, atacado en agosto, recibe vuelos procedentes del país invadido, mientras que la planta polaca incendiada en el mismo mes pertenece a un fabricante de drones local. Según medios polacos, poco antes del fuego las cámaras grabaron a una persona enmascarada dentro del recinto y la Fiscalía de Varsovia ha confirmado que alguien colocó un artefacto con material inflamable. Por tanto, la incógnita ya no es si se trató de un accidente, sino quién lo ejecutó y por cuenta de quién.
Polonia ya había comprobado hasta qué punto una acción localizada puede imponer una respuesta de alcance nacional. En noviembre de 2025, una explosión dañó la línea ferroviaria entre Varsovia y Lublin, una conexión esencial con la frontera ucraniana. El Gobierno acusó a dos ciudadanos ucranianos de actuar al servicio de la inteligencia rusa y desplegó hasta 10.000 soldados para proteger trenes y otras infraestructuras críticas.
Protegerlas en tierra, y también por mar. Según dos responsables occidentales citados por Reuters, fuerzas británicas, noruegas y estadounidenses rastrearon e interceptaron en la primavera de 2026 a unidades rusas cerca del archipiélago noruego de Svalbard: varios sumergibles simulaban el despliegue de una tecnología concebida para inutilizar cables de fibra óptica sin dejar una autoría evidente.
La operación aliada impidió que completaran el ejercicio y ningún cable sufrió daños. Según datos de la firma de análisis marítimo Windward recogidos por Reuters, entre octubre de 2023 y finales de 2025 se dañaron o cortaron al menos 11 cables en el Báltico, aunque no todos los incidentes han sido atribuidos a un sabotaje.
En consecuencia, la factura también alcanza a compañías que nunca han sufrido una agresión. Una fábrica no necesita arder para que aumente su gasto en seguridad privada o reconsidere dónde instalar su próximo centro de producción.
Exhibición de una interfaz de red por cable, instalada en línea para cables de fibra óptica submarinos, durante la Feria de Defensa Submarina (UDT) de 2026 en LondresGetty Images
Saboteadores de usar y tirar
La lógica rusa del "más, por menos" no afecta solo a las armas. Aunque Rusia sigue utilizando agentes profesionales, los servicios de seguridad europeos aseguran que cada vez recluta más por internet a jóvenes, delincuentes comunes, simpatizantes prorrusos o personas con dificultades económicas.
Son los llamados “agentes desechables”: ejecutores con un conocimiento fragmentario del plan y apenas contacto con quien lo dirige, a los que se encomiendan tareas que pueden comenzar con una fotografía de una base y terminar con el incendio de una nave.
El reclutador puede permanecer a salvo en Rusia o Bielorrusia, protegido tras varias capas de intermediarios y pagos en criptomonedas, mientras la persona contratada asume el riesgo de ser detenida y condenada. El Estado que supuestamente la utiliza conserva, entretanto, la posibilidad de negar cualquier vínculo.
Una investigación encubierta de varios medios europeos observó el mecanismo desde dentro. Una cuenta promocionada en canales prorrusos de Telegram ofrecía dinero por vigilar instalaciones militares, incendiar vehículos de la OTAN e incluso cometer asesinatos. La captación comenzaba con una prueba menor —fabricar un cóctel molotov y demostrar en vídeo que se sabía manejar— y avanzaba hacia delitos más graves.
El caso rumano permite ver ese mecanismo en funcionamiento. El servicio de inteligencia del país, el SRI, anunció el 8 de septiembre que había frustrado una operación de sabotaje coordinada por Rusia. Un ciudadano ruso residente en territorio rumano y vigilado desde febrero recibió a través de un intermediario el encargo de fotografiar y grabar objetivos militares estratégicos, entre ellos aviones de carga Antonov ucranianos durante sus escalas en el país. El SRI sostuvo que Moscú continúa utilizando a personas de “categorías vulnerables” para actividades ilegales, lo que Rusia niega de forma reiterada.
En Reino Unido, la Fiscalía acusó el 9 de septiembre a Joshua Cammidge, un británico de 31 años, de prestar ayuda material a un servicio de inteligencia extranjero. Un día después, la acusación sostuvo ante el tribunal que había facilitado información detallada sobre cuatro fábricas de drones de Swindon y que estaba dispuesta a participar en actos de sabotaje. Cammidge no se pronunció sobre su culpabilidad y quedó en prisión provisional.
El recurso a ciudadanos ucranianos o procedentes de otras antiguas repúblicas soviéticas o nacionalidades puede producir, además, un segundo efecto favorable a Moscú. Cuando el episodio se presenta como delincuencia común o se identifica al autor por su procedencia, el resultado puede alimentar la desconfianza hacia las comunidades que representan, sembrando sospechas, especialmente hacia los ucranianos, en beneficio de Moscú.
La policía registra la zona alrededor de las líneas eléctricas de muy alta tensión, cerca de la subestación de Turnow-Preilack y de la central eléctrica de Jänschwalde, en Preilack (Alemania)AP
Ganar sin cruzar la línea roja
La última debilidad de Europa es precisamente esa incertidumbre. En Rumanía, incluso los casos cuyo origen ruso ha podido establecerse no resuelven por sí solos la cuestión de la intencionalidad. Por ejemplo, muchas incursiones se producen durante ofensivas contra los puertos ucranianos del Danubio y Bucarest debe determinar si se enfrenta a un ataque deliberado, un aparato desviado o una operación de reconocimiento.
En otros episodios ni siquiera se conoce el origen. En agosto, buzos militares destruyeron los dos drones que flotaban cerca del Neptun Deep y que Ucrania aseguró que no eran suyos. El presidente rumano, Nicușor Dan, responsabilizó a Rusia de la amenaza, aunque Defensa no identificó formalmente al propietario de esos dispositivos.
Pero la falta de certeza tampoco abarata la respuesta. Aunque desconozca si se enfrenta a un ataque deliberado, un aparato extraviado o un dron de reconocimiento, cualquier Estado termina reaccionando. De esta forma, la ambigüedad protege al responsable, transfiriendo a su objetivo tanto la factura de intervenir como el riesgo de equivocarse.
Ese margen de duda resulta especialmente relevante en el caso de la OTAN. Desde 2016, la alianza de 32 países advirtió de que una acción híbrida podría activar el artículo 5, pero nunca llegó a fijar cuál sería el umbral. Antes de recurrir a la defensa colectiva, debe atribuir la agresión, evaluar su gravedad y alcanzar un acuerdo político. La estrategia rusa ocupa precisamente ese espacio: entre el accidente todavía verosímil y el ataque demasiado grave como para ser ignorado.
Según el general de brigada retirado José Enrique Ayala, es una combinación de instrumentos militares y no militares para debilitar a un adversario sin llegar a una confrontación abierta
Ver ahoraPara el general de brigada retirado José Enrique Ayala, la prevención y la capacidad disuasoria deben, sin embargo, dejar algo claro: "cualquier agresión tendrá consecuencias", señaló recientemente en una entrevista en RTVE. A su juicio, "la respuesta debe completarse con servicios de inteligencia robustos, fuerzas policiales preparadas, transparencia informativa y una democracia sólida: dos defensas decisivas frente a la campaña rusa, que busca dividir a la sociedad y hacerla más vulnerable a la manipulación".
El almirante retirado, Fernando del Pozo, exjefe de la División de Planes Estratégicos del Estado Mayor de la Armada y miembro del grupo que negoció los acuerdos de España con la OTAN entre 1989 y 1992, sitúa ahí, en conversación con RTVE Noticias, el objetivo de fondo: provocar discrepancias internas entre sus miembros “para que, cuando llegue el momento de una acción genuinamente militar, haya vacilación a la hora de reaccionar y finalmente no se haga".
En ese sentido, la Comisión Europea reconoce que la ausencia de una vigilancia aérea integrada y las divergencias entre formatos de datos y las cadenas nacionales de avisos dificultan construir una imagen compartida del espacio aéreo de baja altura, complicando la atribución de una operación híbrida.
En definitiva, la respuesta no consiste, por tanto, solo en gastar más, sino en coordinarse para impedir que Rusia determine dónde emplear el dinero europeo. Esa es la trampa de la guerra low cost: el fracaso táctico de un dron barato puede convertirse en un éxito estratégico para Rusia si termina obligando a Europa a colocar baterías antiaéreas en cada aeropuerto, fábrica, gasoducto o cable submarino. Así, Rusia no necesita destruir todas las infraestructuras; le basta con obligar a Europa a comportarse como si tuviera que defenderlas todas.
