El pulso migratorio en Ceuta, un punto de fractura en la frontera de la Unión Europea que pone a prueba su normativa
- La crisis en la ciudad autónoma pone en entredicho el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo europeo
- Los agentes sobre el terreno se quejan de proteger una frontera europea con medios nacionales
- El hartazgo se apodera de los ceutíes: "No somos racistas ni violentos, pero nos han quitado nuestra libertad"
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La crisis migratoria en Ceuta no representa únicamente un reto humanitario o un desafío al orden público en España, sino también un punto de fractura crítico en la política exterior y fronteriza de la Unión Europea (UE), que ha dejado al descubierto las divergencias entre los miembros del bloque comunitario.
El Gobierno español lo ha dejado claro esta semana: Ceuta y Melilla son frontera sur de España y de la Unión Europea, después de que un ministro marroquí hablara de "la lucha sagrada" para liberar esas "ciudades ocupadas" en la primera aparición pública del rey Mohamed VI de Marruecos tras la llegada a finales de julio de forma irregular más de 72.000 migrantes a la primera de esas dos ciudades autónomas españolas.
El hecho de que Ceuta no solo sea frontera nacional, sino también de la UE, lo experimentan a diario los agentes españoles desplegados en la frontera del Tarajal, entre la localidad española y la marroquí Castillejos: "Un guardia civil destinado en el Tarajal aplica a diario el derecho europeo, no solo el español. Aplica el Código de Fronteras Schengen, tiene obligaciones derivadas del Reglamento Eurodac (base de datos biométricos de la UE apara gestionar el asilo y controlar la migración irregular) en materia de reseña de quienes cruzan irregularmente una frontera exterior, debe cotejar con el Sistema de Información de Schengen y opera bajo el control del Tribunal de Justicia de la UE y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es en la práctica un agente de fronteras exteriores de la Unión", cuentan a RTVE Noticias desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).
Sin embargo, advierten, se ejerce esa responsabilidad europea "con medios estrictamente nacionales y con una plantilla que ni siquiera está completa". Lo cierto es que hasta el 29 de julio, la vigilancia fronteriza permanente de Ceuta la componían 60 efectivos de la Agrupación de Reserva y Seguridad, con seis embarcaciones, cuatro de ellas neumáticas ligeras, para 8 kilómetros de perímetro terrestre y toda la fachada marítima.
"Esa es la desproporción de fondo: responsabilidad europea, medios locales", resumen desde AUGC.
Migrantes lllegados a Ceuta a finales de julio en una playa de la ciudad española el 21 de agosto de 2026 Marcos Moreno/Europa Press vía Getty
España ha pedido el apoyo de Frontex para el triaje
Al comienzo de la crisis, la UE ofreció a España un despliegue de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, encargada de proteger y gestionar los límites exteriores del espacio comunitario y del Schengen, lo que en un principio fue descartado por el Gobierno español. Finalmente, este viernes, el Gobierno ha pedido a la Comisión Europea el apoyo de Frontex y el de Europol para el triaje de los 5.000 migrantes que quedan en Ceuta, un procedimiento que sirve para identificarlos, recoger sus datos y determinar si precisan de protección internacional o no.
El experto del laboratorio de ideas europeo Bruegel Jacob Funk Kirkegaard explica a RTVE Noticias que justo en el momento de la emergencia, cuando se produjo la llegada masiva de migrantes entre el 30 y el 31 de julio, la movilización de Frontex en Ceuta hubiera llevado varios días, más o menos una semana.
"Está claro que dado el espacio de tiempo y el deseo del Gobierno español de responder de inmediato hubo que depender de recursos policiales y militares nacionales -reflexiona el analista-. Un despliegue a largo plazo de Frontex como parte permanente en la frontera es algo que el Ejecutivo español podría hacer emitiendo una invitación, pese a que para una respuesta de emergencia es cierto que tomaría demasiado tiempo".
Cuando Frontex se pone al servicio de un país, sirve bajo el mando de las fuerzas fronterizas nacionales, "por lo que si los efectivos españoles están evitando que la gente salte la valla, Frontex podría participar en esa tarea" si se le pide, aclara Kirkegaard.
Sin embargo, la investigadora del Centro de Relaciones Internacionales de Barcelona (CIDOB) Blanca Garcés recuerda en declaraciones a RTVE Noticias que "la perspectiva histórica en ese sentido es muy clara": "En cada crisis de aumento de las llegadas a las costas españolas, tanto en las islas Canarias como en Ceuta y Melilla, el Gobierno español ha evitado la entrada de Frontex".
El motivo es que la gestión de la frontera con Marruecos e incluso las relaciones diplomáticas con el país vecino "siguen siendo un tema muy nacional". A su vez, "Marruecos es reticente a pactar con la Unión Europea, e históricamente esto es lo que ha pasado en los últimos 20 años -continúa la experta-. Podríamos decir que el Gobierno marroquí claramente prefiere los acuerdos directamente con el Gobierno español y no con la Unión Europea, y el ejemplo más claro es el supuesto o el esperado y nunca conseguido acuerdo de readmisión: hay un acuerdo con España, pero desde hace unos años se intentó también un acuerdo de readmisión a nivel de la Unión Europea y ese acuerdo no se consiguió firmar nunca".
Esta preferencia, según la politóloga, se debe en parte a que los lazos bilaterales entre Estados permiten "una mayor informalidad". Garcés pone como ejemplo la crisis migratoria en Ceuta de 2021, cuando nunca quedaron claras las repercusiones políticas, ni en concreto los términos diplomáticos de esta crisis, aunque "se supone" que el reconocimiento por parte de España de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental en 2022 fue consecuencia de ello, sin que quedara escrito en ningún sitio. Otra razón es que facilita "una mayor transaccionalidad", porque lo que ofrece la UE a Marruecos a cambio de que Rabat controle la frontera y acepte los retornos siempre puede ser objetivo de disputa entre los Estados miembros. Por contra, cuando se hace directamente con un país, en este caso España, esa transaccionalidad es mucho más fácil.
Aparte del respaldo de Frontex y Europol, el Ejecutivo español ha solicitado formalmente esta semana a la Comisión Europea (CE) financiación de asistencia de emergencia para afrontar la situación en Ceuta, una petición que incluye recursos para reforzar la protección de la frontera, las infraestructuras de seguridad y la acogida. Ahora, la Comisión tiene que evaluar esta solicitud, que afecta al Fondo de Asilo, Migración e Integración, al que España ya ha recurrido en otras crisis migratorias en Canarias. El objetivo de dicho fondo es mejorar las capacidades nacionales para el manejo de la migración, incrementar la corresponsabilidad entre los Estados miembros y contrarrestar las llegadas irregulares, garantizando la efectividad de las devoluciones y la readmisión en terceros países.
En ese sentido, AUGC cree que es importante diferenciar entre ese fondo, que financia la acogida, el asilo, la integración y el retorno, y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados destinado al equipamiento, infraestructura y sistemas de control fronterizo. "Confundirlos hace que el debate público se desplace hacia la acogida y deje fuera lo que necesitan los agentes de fronteras", indican desde la asociación, para la que resulta urgente disponer de medios navales suficientes y operativos; sistemas de vigilancia adaptados a nuevas vías de entrada; capacidad de identificación y reseña desplegable, "es decir, equipos móviles que permitan filiar y cotejar en el propio punto de entrada y no días después"; además de infraestructuras pendientes como la ampliación de los espigones del Tarajal y Benzu, "reclamada desde 2014".
Ceuta ha sacado a la luz las diferencias dentro de la UE
Las divergencias entre los integrantes del bloque europeo han quedado patentes con la crisis en Ceuta, pese a disponer del recién estrenado Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que se comenzó a aplicar el pasado 12 de junio y pretende unificar la normativa entre los Veintisiete. El arreglo, que está diseñado para blindar las fronteras externas del espacio comunitario, acelerar los procesos de retorno y fomentar la solidaridad, ha hecho aguas en Ceuta.
Kirkegaard considera que este es probablemente uno de los asuntos políticos más disputados, ya que muchos Gobiernos europeos ven que el pacto migratorio "implica o exige" que todos los migrantes irregulares en Ceuta sean devueltos de inmediato. En esta línea iba la carta enviada a la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, por 22 Estados miembros de la Unión donde advertían de que la regularización por parte de España de un "número muy elevado" de migrantes pudo actuar como factor de atracción y vinculaban la crisis en Ceuta con la sentencia del Tribunal Supremo que rechazaba las devoluciones en caliente de aquellos que llegan a nado.
Esa misiva, suscrita por países como Italia, Alemania, Austria, Bélgica o Dinamarca, "fue esencialmente una expresión de temor a que el Gobierno español no se adhiera a la interpretación del nuevo pacto migratorio que otros Gobiernos tienen", resume Kirkegaard. Roma fue incluso más lejos suspendiendo el acuerdo Schengen de libre circulación de la UE con España en respuesta a la llegada masiva de migrantes a Ceuta, procedentes de Marruecos.
Ante el fallo de diseño de la propia política exterior europea, Garcés opina que la instrumentalización que Marruecos hace de la inmigración para conseguir sus intereses no deja de ser "otra cara de las políticas de externalización promovidas desde la UE, no solo desde España", porque en concreto el pacto de migración europeo se basa en la colaboración con terceros países en dos cuestiones fundamentales: el control de las fronteras desde fuera y las devoluciones con el nuevo reglamento de retorno. "Para una y otra cosa, la Unión Europea y los Estados miembros dependen de la colaboración de estos terceros países. Y, de hecho, la UE, y en concreto España, han estado condicionando políticas en otros ámbitos, por ejemplo comercial, a la colaboración de esos terceros países en materia migratoria".
Este no es un "juego" nuevo, sino que lleva años usándose, aunque no con la dimensión actual que no tiene precedentes.
Cláusula sobre la instrumentalización de la migración
Precisamente, el Pacto sobre Migración y Asilo incluye una cláusula sobre la instrumentalización debido a la crisis que se vivió en Ceuta en 2021. En aquel momento, rememora Garcés, la UE respondió mostrando solidaridad con España y "se conceptualizó esta idea de la instrumentalización de la inmigración como una nueva forma de ataque híbrido o de guerra híbrida". Ceuta fue fundamental para acuñar ese término, en un contexto en que se había producido una crisis migratoria previa en la frontera entre Grecia y Turquía, y otra posterior entre Polonia y Bielorrusia, hasta el punto que introdujo esa cláusula en los reglamentos del pacto europeo, que implica reducir el acceso de asilo en ese tipo de situaciones y activar "un mecanismo de solidaridad" entre los Estados miembros para apoyar a los países del espacio comunitario que sufran una fuerte presión migratoria o bien acogiendo a migrantes o haciendo contribuciones financieras o en especie.
Migrantes que entraron irregularmente a Ceuta regresan a Marruecos el 31 de julio de 2026 Abu Adem Muhammed/Anadolu vía Getty
No obstante, ese mecanismo de solidaridad, o como Garcés prefiere nombrarlo, de "corresponsabilidad", mediante el cual otros integrantes de la Unión podrían acoger a los llegados a Ceuta no tiene visos de que vaya a utilizarse porque existe "el consenso" entre los Estados más críticos con España en que quienes han entrado irregularmente tienen que ser devueltos, y por tanto quedarse en Ceuta de momento. "La idea de una distribución a otras comunidades autónomas o a otros Estados miembros en este caso ha estado fuera de cuestión", dice la analista de CIDOB, quien destaca que esto demuestra una vez más "la desunión y falta de consenso" en la UE.
Aun así, Garcés no ve que el Pacto Europeo de Migración y Asilo vaya a ponerse en cuestión, porque son ocho reglamentos y una directiva que ya están firmados y activados.
"Lo que yo sí que creo es que las crisis siempre tienen consecuencias, la del 2021 tuvo varias: Por un lado, el reconocimiento de la soberanía sobre el Sáhara Occidental meses después y, por otro lado, en clave más de política europea, ese concepto de instrumentalización de la inmigración que acabó en ese reglamento sobre crisis y fuerza mayor", rememora la politóloga.
En la actual, "yo diría que puede servir como detonante para un cambio de modelo en la gestión de la frontera española más en consonancia o en línea con la aproximación dura del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. Y me refiero concretamente a dos cuestiones, el tema de las detenciones en frontera, que hasta ahora el Gobierno español había descartado -las detenciones de aquellos que estaban en proceso, incluidos los solicitantes de asilo- y lo que serían las políticas que yo llamo de 'confinamiento', pese a las diferencias que hay por ejemplo con Grecia o Italia", países donde se han creado ese tipo de espacios en lugares como Lesbos para no derivar llegadas de irregulares al continente. Garcés puntualiza que en España se intentó en 2018 en Canarias para no trasladar a los migrantes que alcanzaban las islas a la península con vista a un retorno eventual, pero "no fue posible por dos razones, una porque hubo una sentencia judicial que no lo permite y dos, porque hubo mucha presión política desde las islas Canarias para que aquellos que llegaran no se quedaran".
Una crisis que podría traer cambios en la gestión migratoria
Esta es una particularidad del modelo de gestión española de la frontera, que, en opinión de la politóloga, podría cambiar por la crisis actual y hacer que España lo modificara para ponerlo más en línea con los objetivos de los Estados miembros que abogan por que los migrantes irregulares se queden donde han entrado, es decir, "que no se les lleve en este caso a la península".
Sobre el pacto europeo, desde AUGC ven necesarias reformas específicas encaminadas a dar "seguridad jurídica a quien ejecuta", como la inclusión de normas de actuación escritas y armonizadas para escenarios de entrada masiva simultánea, ya que los reglamentos regulan con detalle procedimientos de cribado, asilo y retorno en "un supuesto de flujo ordenado". "No contempla qué debe hacer un agente cuando entran decenas de miles de personas en horas. Ese vacío lo acaba rellenando el criterio individual del agente y después responde él". También piden que la capacidad material para hacer cribados sea obligatoria, exigible y financiada "no un mandato abstracto", porque para llevar a cabo la identificación, el control de la seguridad y el registro sin personal especializado convierte la norma en "papel mojado" y traslada el incumplimiento al último eslabón de la cadena.
"La tercera es un mecanismo europeo claro y activable para episodios de instrumentalización de flujos migratorios por parte de terceros estados con criterios objetivos y no discrecionales, lo del 30 de julio no fue un flujo ordinario", insiste la asociación, que exige, además, un estándar europeo de protección jurídica del agente de fronteras.
A la hora de plantear algún cambio al pacto migratorio, Garcés llama la atención sobre la complejidad de este asunto que tiene que ver con la relación de dependencia con Marruecos. "De ahí que el Gobierno español haya sido muy cauto a la hora de culpar a Marruecos, porque en el fondo depende de él en el control de la frontera y los retornos. Y eso es una política europea, por tanto cualquier política que quiera ser distinta tendría que pensar en una alternativa a esta situación de dependencia. Y esto no es una política española, sino europea".
"Es por ello que sería fundamental que el Gobierno español, y en concreto la Unión Europea, los Estados miembros, cuando diseñen sus políticas, piensen también en qué va a hacer o qué se va a hacer del otro lado", plantea la experta.
