La UE endurece sus fronteras y generaliza los retornos: claves del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo
- El Pacto, aprobado hace dos años, empieza a aplicarse de manera obligatoria este viernes
- Recoge plazos más cortos para la tramitación de asilo y agiliza los retornos de los migrantes
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Dos años después de su aprobación, el Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea comienza a aplicarse de manera obligatoria este viernes. Diseñado para blindar las fronteras externas de los Veintisiete y acelerar los procesos de retorno, fue aceptado tras años de negociación y ha causado —y sigue causando— intensas disputas entre los Estados miembros, además de generar dudas sobre si restringirá aún más los derechos de los migrantes.
Bruselas lo ve como una "solución efectiva, justa y firme" al reto migratorio y defiende que la UE tendrá ahora "fronteras exteriores más fuertes". España ha dicho que lo aplicará "con un enfoque garantista y respetuoso" con los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo, pero ha rechazado la creación de centros de retorno en terceros países, una medida acordada a principios de mes que "complementa" al Pacto y cuya adopción definitiva está pendiente.
En RTVE Noticias te contamos cuáles son los principales puntos del Pacto sobre Migración y Asilo, qué cambios implica y qué medidas son las que causan más incertidumbre y controversia.
¿Qué es el Pacto sobre Migración y Asilo?
El Pacto sobre Migración y Asilo es un conjunto de normas e iniciativas no legislativas presentadas por la Comisión Europea en septiembre de 2020, que tardó cuatro años en ser adoptado. La UE lo define como "un nuevo comienzo en la gestión" migratoria del club comunitario que persigue tener "fronteras exteriores sólidas y seguras", aunque garantizando "los derechos de las personas".
En total, el Parlamento europeo adoptó diez textos legislativos (nueve reglamentos y una directiva) que abarcan normas a aplicar desde la llegada de los migrantes a la frontera hasta el momento en que se les otorga o no el asilo. No recoge políticas de integración o de atracción de migrantes a sectores específicos ni menciona procesos de regularización.
Tras la crisis migratoria de 2015, la gestión de las fronteras ha sido uno de los grandes debates en la UE y el Pacto busca "reformar el sistema previo de asilo, que se había mostrado un fracaso", explica a RTVE el Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca Juan Santos Vara, autor de varios libros sobre la política migratoria europea.
Los países mediterráneos, con fronteras amplias, se hacían cargo de la mayoría de los refugiados y "no había adecuada solidaridad", mientras los países del norte exigían "un mayor control de las fronteras exteriores".
Aunque no sustituye completamente al sistema anterior, "lo reorganiza endureciendo su lógica de gestión", apunta la profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad de Huelva y autora del libro Solidaridad para la Acogida, Nuria Arenas. "El cambio central es que desplaza el eje del sistema hacia la frontera exterior: identificación, cribado, procedimientos acelerados, procedimiento fronterizo de asilo y retorno y una solidaridad más reglada pero flexible", resume.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha trasladado su "preocupación" tanto por el Pacto como por las políticas posteriores de la UE porque, recuerdan, la agenda legislativa no se ha detenido. "Tiene un enfoque restrictivo de derechos y aborda las migraciones desde un enfoque de seguridad, cuando la realidad cotidiana recoge muchos más aspectos que el estricto del control de fronteras", defiende su director, Mauricio Valiente.
Fortalecer los controles en las fronteras
Por primera vez, se establece un reglamento común a toda la UE sobre control fronterizo. Según Bruselas, pretende establecer "rápidamente la identidad" de los migrantes "sujetos a control" o que representen "cualquier riesgo para la salud y la seguridad" y busca que aquellos que no cumplan "las condiciones de entrada" sean "remitidos con rapidez" al procedimiento que les sea aplicable. Es decir, el proceso asilo o el retorno a su país de origen.
Los controles se realizarán "cerca de las fronteras exteriores" y "durante un máximo de siete días" en los que estarán retenidos en grandes centros de asilo situados en la frontera. Incluyen verificaciones de identidad, reconocimientos médicos, inspecciones de seguridad o registro en Eurodac (base de datos de huellas dactilares), en la que también se guardarán imágenes faciales y registros biométricos, para los que la edad mínima se reduce de 14 a seis años.
Desde Save the Children han advertido de que, con la aplicación del pacto, los menores podrían enfrentarse a un "mayor riesgo de controles biométricos coercitivos y detención", aunque señalan que el daño dependerá de cómo lo implemente cada país.
Generalizar y agilizar los retornos
Se aplicará el principio conocido como 'ficción de no entrada', que permite tratar a los migrantes irregulares que crucen las fronteras de los países miembros como si formalmente "no hubieran llegado" a territorio europeo, pese a estar físicamente en él. "Así, se aplica un procedimiento de retorno automático. Mientras que antes contaban con 15 días para salir voluntariamente, ahora la expulsión es directa", lamenta Mauricio Valiente.
Santos Vara señala que hasta ahora los países tenían "mayor flexibilidad" en el control de fronteras y subraya que esta medida "limita los derechos" de los migrantes. "Se establece un vínculo muy estrecho entre control de fronteras, asilo y retorno. Quien llega debe ser identificado rápidamente y, si no tiene derecho a protección internacional, hay que devolverlo o expulsarlo inmediatamente al término de esos siete días", expone.
En enero, Bruselas publicó una lista de países seguros que incluye a Bangladesh, Colombia, Egipto, Kosovo, India, Marruecos y Túnez con el fin de "acelerar las solicitudes de asilo" que, a efectos prácticos, complicará el acceso a asilo para los ciudadanos de esos territorios.
Además, el pacto establece un procedimiento exprés de 12 semanas desde la llegada irregular del migrante para completar el procedimiento de asilo que se aplicará obligatoriamente en tres supuestos: si los solicitantes suponen un riesgo para la seguridad, si engañan a las autoridades o si proceden de países con una tasa de reconocimiento de asilo en la UE inferior al 20%. En la actualidad, el plazo real de resolución suele demorarse entre uno o dos años.
Un sistema de solidaridad flexible
El pacto recoge la creación de un "sistema eficaz de solidaridad" con los países que presentan más presión migratoria, es decir, España, Italia, Grecia y Chipre. Establece que el resto de Estados miembros deben colaborar con ellos y les da tres opciones: reubicación de migrantes en sus territorios, apoyo operativo o contribuciones financieras. Para el 2026, se ha fijado un objetivo de 21.000 reubicaciones y 420 millones de euros de asistencia financiera.
Esto, señala Arenas, "supone una avance" porque por primera vez incorporan "mecanismos permanentes de solidaridad obligatoria", pero esta es "flexible" o "a la Carta". "Cuando un Estado puede ser considerado "solidario" sin acoger a una sola persona necesitada de protección interancional, ¿estamos compartiendo realmente responsabilidades sobre las personas o simplemente redistribuyendo los costes derivados de su presencia?", añade.
Por ahora, hay más Estados dispuestos a pagar que a acoger migrantes en su territorio, mientras que países como Hungría y Eslovaquia no se han comprometido por ahora con ninguna aportación. Esas "contribuciones", según el texto, pueden estar destinadas a apoyar acciones en terceros países, como por ejemplo a aumentar la capacidad de acogida en ellos.
"Los países mediterráneos eran reticentes a aceptar un sistema que les impone un control más intenso de las fronteras. Por eso, a cambio, se les prometió solidaridad del resto", explica Santos Vara. Ahora bien, como los países del centro y este de Europa y, en particular, Hungría Polonia y Eslovaquia se opusieron radicalmente a reubicar inmigrantes en sus territorios, la Comisión inventó el concepto de "solidaridad flexible", que contempla dichos pagos como alternativas.
El sistema puede "aliviar parcialmente la presión" en países como España, Italia, Grecia o Chipre, pero también puede "consolidar algunas de las asimetrías históricas del sistema europeo de asilo". Mientras que estos Estados registran, identifican, criban tramitan y acogen a quienes llegan, "otros podrán cumplir sus obligaciones mediante apoyo técnico o financiero".
Reglamento de crisis y uso de terceros países
Asimismo, el Pacto recoge un Reglamento de Crisis, aplicable en situaciones de "fuerza mayor", que contempla retrasar los registros de asilo y prolongar la retención fronteriza más de 12 semanas. También aplica la "solidaridad forzada" en situaciones que impliquen llegadas masivas de migrantes, pandemias o catástrofes naturales o en caso de que se instrumentalice a los migrantes con fines políticos (en referencia a escenarios como el incidente fronterizo entre España y Marruecos en 2021).
Otra de las piezas clave del nuevo sistema es la "intensificación de la cooperación con terceros países" y su implicación en la gestión de las fronteras y del asilo. No menciona específicamente el desplazamiento de migrantes a centros de deportación en terceros países, una medida acordada este mes que, sin embargo, sí que funciona como un complemento al Pacto de Migración y Asilo.
"Lo complementa y se presenta como una pieza necesaria para su aplicación. En términos políticos, forma parte de la misma orientación: reforzar fronteras, acelerar procedimientos y aumentar la eficacia de las expulsiones", comenta Arenas. Es un modelo similar al lanzado por Italia con las repatriaciones a centros de Albania que, como señala Santos Vara, "pretende reforzar las posibilidades de expulsar a los inmigrantes irregulares".
Incorpora garantías, pero quedan "tensionadas"
Pese a que el texto incorpora garantías como la asistencia jurídica, la atención a los vulnerables, el principio de no devolución o la supervisión de derechos fundamentales, Arenas señala que estas "quedan tensionadas" por la aceleración procedimental y el resto de medidas ya mencionadas. "El riesgo es que el derecho de asilo se convierta en un procedimiento rápido de filtrado más que en una evaluación individual suficientemente garantista", dice.
"Se pretende reforzar las fronteras exteriores, pero en la práctica se pueden debilitar seriamente los derechos de estas personas, en particular de los refugiados", sostiene Sánchez Vara, que recuerda que el proceso para determinar si una persona necesita o no protección internacional es un procedimiento lento, en el que se emplean meses, y que ahora se tiene que llevar a cabo demasiado rápido.
Para Mauricio Valiente, que se utilicen conceptos como el de "país seguro o tercer país" tienden a automatizar las respuestas estableciendo una presunción de rechazo de las peticiones de asilo, que va en contra de lo tendría que ser una auténtica política de asilo, que es atender y estudiar las circunstancias concretas de cada persona".
Aunque el Pacto ya ha sido adoptado y entra en vigor este viernes, los países miembros aún están modificando sus leyes, estructuras y procedimientos para ajustarlos a la nueva normativa, la mayor reforma del sistema europeo en décadas. Por ello, los resultados y el éxito de su aplicación solo podrá valorarse con el paso del tiempo.
