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El Defensor del Pueblo actúa de oficio ante la situación humanitaria de los migrantes de Ceuta

  • La institución ha pedido información al Gobierno central, al de Ceuta, a la Fiscalía y a la Delegación de Gobierno
  • Ya se han marchado alrededor de 600 migrantes y quedan unos 10.000 en la ciudad
Un grupo de menores espera para entrar en la comisaría de la Policía Nacional en Ceuta.
Un grupo de menores espera para entrar en la comisaría de la Policía Nacional en Ceuta. Gabriela Sarda Nunez EUROPA PRESS / Gabriela Sardá Núñez
RTVE.es

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha iniciado una actuación de oficio para conocer tanto las medidas aplicadas como las pendientes de adopción en la crisis humanitaria de Ceuta desencadenada tras el cruce irregular de la frontera de El Tarajal de más de 70.000 personas los pasados 30 y 31 de julio.

En concreto, la institución se ha dirigido a la Secretaría de Estado de Migraciones, a la ciudad autónoma de Ceuta, a la Fiscalía General del Estado y a la Delegación del Gobierno en Ceuta.

La Delegación del Gobierno en Ceuta ha confirmado que ya se han marchado alrededor de 600 migrantes aunque aún quedan unos 10.000 en la ciudad, según cálculos de las autoridades locales.

Las quejas recibidas sobre las carencias en el agua potable, el acceso a la higiene, la atención sanitaria, la escasez de alimentos o las situaciones de desamparo de menores extranjeros no acompañads están detrás de este movimiento de la institución.

En el procedimiento puesto en marcha, se ha pedido información a la Secretaría de Estado de Migraciones sobre la situación humanitaria de las personas -muchas menores- que pernoctan a la intemperie por la saturación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

Temor por las niñas excluidas del sistema de protección

Gabilondo ha expresado su inquietud por los menores extranjeros no acompañados porque "muchos están todavía pendientes de identificar y escondidos en varias zonas de la ciudad autónoma". Le preocupa "especialmente" la situación de las niñas que aún no se encuentran acogidas en el sistema de protección "ya que alguna habría sido agredida sexualmente, según han publicado varios medios de comunicación en los últimos días".

Por ello, ha solicitado información a la Fiscalía General del Estado y a la ciudad autónoma de Ceuta sobre las actuaciones tomadas para proteger a estos niños.

Igualdad pide un uso "completo" del centro de crisis de 24 horas para mujeres

El Ministerio de Igualdad ha mandado un oficio al presidente de la ciudad autónomo de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y a la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Benzina para "reiterar la plena colaboración" y proteger a "las mujeres y niñas que han llegado" a Ceuta. La ministra del área, Ana Redondo, ha vuelto a ofrecer "recursos económicos" del pacto de Estado contra la violencia de género, así como medios técnicos y humanos para activar esos recursos.

Además, Redondo ha solicitado que "se utilice al completo el centro de crisis de 24 horas para víctimas de violencia sexual" que "se ocupa de forma parcial". Desde el Gobierno, cree que hay aprovechar "toda su capacidad para acoger a mujeres y niñas en situación de especial vulnerabilidad".

Datos sobre solicitudes de asilo

Así, el Defensor del Pueblo ha requerido información a la Delegación de Gobierno sobre el número de personas con necesidades de protección internacional que accedieron a Ceuta y que permanecen en la ciudad autónoma. También, he pedido datos sobre las solicitudes de asilo desde el pasado 30 de julio y de las sometidas al triaje previsto por la legislación europea para nacionales de terceros países.

Poco después del cruce irregular de la frontera, Gabilondo conversó con las principales autoridades de la ciudad autónoma y trasladó el pésame por los fallecidos. El Defensor del Pueblo ha expresado su solidaridad con el pueblo ceutí porque, ha asegurado, vive "días de incertidumbre y preocupación ante esta crisis" y ha señalado la necesidad de acoger a los menores con la colaboración de las comunidades autónomas. Así, ha insistido en el deber de aplicar la "legalidad" que incluye la ayuda de intérpretes y de abogados para asistir a los migrantes durante el proceso.