Afganistán, el apartheid de género entierra en vida a las mujeres
- El 15 de agosto se cumplen cinco años del regreso de los talibanes al poder, con las mujeres en el punto de mira
- Han sido expulsadas de las aulas, del mercado laboral y de la vida pública, y hasta se les prohíbe hablar en público
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A pesar del apartheid de género establecido por los talibanes, las afganas se niegan a quedarse paradas, han creado escuelas clandestinas, redes de resistencia, empresas domésticas y formas de activismo dentro y fuera del país. Al cumplirse cinco años del régimen talibán, expertos internacionales en derecho y en derechos humanos dan un paso al frente y publican una declaración en la que califican el sistema talibán de apartheid de género y reclaman su prohibición expresa en el Derecho internacional.
Las afganas vieron cerrarse su ventana de esperanza el 15 de agosto de 2021. Muchas habían conocido el primer emirato talibán, entre 1996 y 2001, y sabían lo que significaba el régimen de represión, pero había una generación que no vivió en aquel Afganistán y que se resiste a ser enterrada en vida. La Constitución de 2004 consagró formalmente la igualdad de género y, durante las dos décadas de la república, las mujeres entraron en el parlamento, la administración, las universidades, los medios de comunicación o las organizaciones de la sociedad civil.
Hace cinco años, los talibanes echaron el cerrojo a la libertad. Uno de los primeros campos en los que se vio que no cumplirían sus promesas iniciales fue la educación de las niñas y mujeres. Primero les cerraron las aulas de la enseñanza secundaria y, el 20 de diciembre de 2022, prohibieron su acceso a la universidad. Afganistán es hoy el único país del mundo que excluye a las niñas y mujeres de la educación secundaria. Es parte de una arquitectura más amplia de control y represión. Zakia Alikzada, una joven de Kabul, lo expresaba así: “Creo que estoy viviendo en una oscuridad sin futuro, siento que estoy en una prisión”.
La exclusión de las mujeres de la educación y el empleo lastra el futuro del país y, en el caso de la sanidad, crea una grave crisis por la falta de profesionales femeninas en el sector, las restricciones de movilidad y el requisito de que las mujeres sean acompañadas por un mahram (tutor masculino). Todo esto dificulta su atención médica. Se trata de una cadena perversa a la que hay que añadir que las mujeres no pueden ser atendidas por personal sanitario masculino.
Cada vez menos espacio para vivir
Tras la prohibición de estudiar y trabajar, llegó la del uso de parques, gimnasios, salones de belleza o baños públicos. Los talibanes han ido colocando un clavo tras otro en el ataúd al que reducen el espacio vital de la población femenina del país. El Ministerio para la Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio, dirigido por Khalid Hanafi, fue todavía más lejos, en 2024. Prohibió que se escuchara la voz de las mujeres en espacios públicos, impuso exigencias sobre el rostro y el cuerpo de la mujer y restringió aún más sus desplazamientos. Hanafi lo resumió con una frase: “La implementación de la sharía y el hiyab son nuestra línea roja. No podemos negociar con nadie sobre estos asuntos.”
Mahbouba Seraj, una de las principales voces de la sociedad civil afgana, advierte sobre el silencio de la comunidad internacional: "No veo reacción alguna del mundo. Eso es lo que me preocupa de verdad. Nuestros derechos están siendo borrados, uno a uno. Es realmente un apartheid". Los talibanes han justificado repetidamente sus restricciones en su interpretación de la sharía. En noviembre de 2022, Abdul Haq Hammad, entonces jefe de publicaciones del Ministerio de Información y Cultura, decía tajante: "Los derechos de las mujeres están en la base de la cultura occidental, pero no de la cultura de la mujer afgana. Es la cultura del pueblo afgano. Es el islam".
El nuevo Código de Procedimiento Penal
El 4 de enero de 2026, el líder de los talibanes, Hibatullah Akhundzada, firmó y promulgó el nuevo Código de Procedimiento Penal para los tribunales. Profundizaba en la discriminación y reducía la protección de las mujeres frente a algunas formas de violencia, como la doméstica o el matrimonio infantil. Determinados tipos de castigo corporal dentro del matrimonio quedan en el ámbito doméstico salvo que se demuestre un daño físico grave.
Pero el nuevo código penal muestra algo más: la interpretación talibana de la sharía se convierte en la fuente de un sistema normativo penal. La represión queda codificada. El texto, según la organización afgana de derechos humanos Rawadari, institucionaliza el apartheid de género, debilita garantías esenciales del Estado de derecho, afecta a principios como la igualdad ante la ley, la legalidad, la responsabilidad penal individual y la presunción de inocencia y aumenta el riesgo de torturas y abusos, Shaharzad Akbar, directora ejecutiva de Rawadari, lo define como un intento de consolidar "una estructura de desigualdad, represión, exclusión y violencia que los talibanes han estado construyendo desde su regreso al poder".
Vista aérea de Kabul , Afganistán, en una imagen de archivo. REUTERS/Mohammad Ismail
ONU Mujeres denunció que el código “elimina las últimas salvaguardias legales para mujeres y niñas. Al incorporar la tutela masculina y la obediencia en la ley, legaliza de facto el abuso y socava cualquier posibilidad de justicia”. Alison Davidian, representante de ONU Mujeres en Afganistán, lo califica de "arquitectura legal diseñada para excluir, controlar y someter a la mitad de la población". Un diseño en el que, por ejemplo, un hombre recibiría una pena de apenas 15 días de prisión por romper el brazo a su esposa, mientras el maltrato de un camello o la participación en peleas de animales puede castigarse con hasta cinco meses de cárcel. Como denuncia Fawzia Koofi, exparlamentaria afgana, "ahora queda claro que la integridad física de un pájaro vale más que la de una mujer". Y se plantea una pregunta esencial: "¿Cómo se puede creer que una mujer irá a los tribunales sabiendo que 15 días después su esposo quedará libre de nuevo y podría matarla por haberlo denunciado?".
El nuevo código aporta la pieza jurídica que faltaba. Ahora existe un marco penal que incorpora la tutela masculina, la obediencia, restricciones de movilidad y una protección manifiestamente desigual frente a la violencia. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, exigió a los talibanes derogarlo y adaptar sus normas a las obligaciones internacionales de Afganistán: “Insto a las autoridades de facto a que deroguen este decreto y adapten todas sus normas legales a sus obligaciones internacionales.” Los talibanes, como era de esperar, hicieron oídos sordos.
El Tribunal Permanente de los Pueblos
El Tribunal Permanente de los Pueblos ha documentado cómo las restricciones se han acumulado hasta configurar esa estructura institucionalizada de discriminación y exclusión. Señala que los talibanes han promulgado más de 130 decretos contra las mujeres y asegura que ese sistema puede calificarse como apartheid de género. Lo que comenzó con decretos y órdenes se ha convertido en legislación penal.
El Tribunal de las Mujeres de Afganistán, celebrado en Madrid en octubre de 2025, bajo los auspicios del Tribunal Permanente de los Pueblos, no tiene capacidad para detener y condenar penalmente a dirigentes talibanes, pero sí para documentar testimonios, analizar violaciones desde el Derecho internacional y contribuir a preservar evidencias para futuras acciones. Ya advirtió de que las tácticas del régimen talibán están dirigidas a borrar a las mujeres de la vida pública.
Las mujeres afganas que no disponen de un sistema judicial independiente en su país pudieron declarar ante este tribunal internacional de opinión en las sesiones celebradas en Madrid. El debate sobre el apartheid de género sigue abierto. Es cierto que el apartheid está tipificado como crimen contra la humanidad y aparece en el artículo 7 del Estatuto de Roma, pero la definición vigente se refiere a la opresión y dominación sistemática de un grupo racial sobre otro. En 1999, Abdelfattah Amor, entonces relator especial de Naciones Unidas, describió la situación de las mujeres bajo el primer régimen talibán como "un sistema de apartheid". Y Graça Machel, histórica defensora sudafricana de la lucha contra el apartheid, describió la situación bajo los talibanes como “un tipo de apartheid, apartheid de género”.
La Corte Penal Internacional
Juristas, expertos de Naciones Unidas, organizaciones y defensoras afganas de derechos humanos reclaman que el concepto de apartheid se extienda expresamente a los sistemas de dominación basados en el género. El derecho internacional no necesita esperar a que se cree un nuevo delito para actuar contra la persecución de las mujeres afganas. El artículo 7.1.h del Estatuto de Roma considera crimen contra la humanidad la persecución de un grupo o colectividad por motivos, entre otros, de género, cuando concurren los demás requisitos establecidos por el Estatuto. La cuestión, por tanto, no es si los talibanes pueden ser perseguidos penalmente por sus actuaciones contra las mujeres, que sí pueden serlo. Lo que se quiere es que el Derecho internacional reconozca además que existe un régimen institucionalizado de dominación de género y lo convierta en una categoría penal propia.
El Tribunal Penal Internacional (TPI) ya ha comenzado a actuar contra los dirigentes talibanes. Afganistán, Estado parte del Estatuto de Roma desde 2003, se encuentra bajo examen de la Fiscalía de la CPI desde 2017. En 2022, el entonces fiscal general, Karim Khan, encargó a Lisa Davis, asesora especial sobre persecución por razón de género, la elaboración de una política específica para investigar y perseguir estos crímenes. Davis explicó que la conducta atribuida a los talibanes incluía “actos de flagelación, tortura, desaparición y detención arbitraria”, utilizados para imponer privaciones de derechos fundamentales por motivos de género. "Hemos visto este patrón antes y es hora de que los autores rindan cuentas", afirmó Davis.
En enero de 2025, se solicitaron órdenes de arresto contra Hibatullah Akhundzada, líder supremo talibán, y Abdul Hakim Haqqani, jefe de Justicia del régimen, y, desde julio de ese año, pesan sobre ellos sendas órdenes de detención internacionales por crimen contra la humanidad por motivos de género.
Los talibanes celebran la retirada de las tropas estadounidenses y su vuelta al poder, el 1 de septiembre de 2021. JAVED TANVEER / AFP)
Declaración Internacional sobre el Apartheid de Género
Poco a poco se va consolidando el concepto de apartheid de género. Con motivo de este quinto aniversario del régimen talibán, expertos internacionales en Derecho y en derechos humanos han hecho pública la "Declaración Internacional sobre el Apartheid de Género y sus Consecuencias Destructivas". En ella, denuncian que los cientos de decretos y leyes impuestos por los talibanes privan a las mujeres y niñas afganas de la mayoría de los derechos humanos protegidos por tratados de los que el país asiático es parte. El concepto de apartheid de género reclamado exige precisamente que haya un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática. Y el nuevo código penal lo pone de manifiesto. Los expertos concluyen que “el régimen talibán en Afganistán constituye el ejemplo arquetípico de apartheid de género” y sostienen que su prohibición debe incorporarse al Derecho internacional.
También expresan su preocupación por los esfuerzos internacionales destinados a normalizar a los talibanes, incluso mediante el reconocimiento oficial y la complicidad en la práctica del apartheid de género por parte de los talibanes. La comunidad internacional ha condenado las restricciones, ha enviado ayuda y ha mantenido mecanismos de presión, pero, al mismo tiempo, ha comenzado a tratar con las autoridades talibanas sobre cuestiones de seguridad, ayuda, migración y diplomacia. Por eso, los expertos advierten expresamente de que cualquier relación con quienes practican el apartheid de género debe estar sometida a escrutinio desde la perspectiva de los derechos de las mujeres. El mensaje es claro: tratar con quienes gobiernan Afganistán puede ser necesario, pero normalizar el sistema que han construido es otra cuestión.
La declaración concluye que la prohibición del apartheid de género debe ser codificada en el Derecho internacional y propone esta definición de apartheid de género: “actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática de un grupo de género sobre otro u otros, con la intención de mantener ese régimen”. Los presuntos autores del apartheid de género deben ser llevados ante la justicia de conformidad con el Derecho internacional y sus víctimas tienen derecho a una reparación efectiva. Y se recuerda que, según el Derecho internacional, el apartheid de género no puede justificarse por motivos culturales o religiosos.
El emirato talibán controla las instituciones, las calles y buena parte de la vida cotidiana. Pero no ha conseguido acabar con las aspiraciones de millones de mujeres y niñas afganas que saben lo que es vivir bajo ese apartheid. No hay dudas sobre la necesidad de ayudar a las afganas y a los afganos. La cuestión es cómo hacerlo sin convertir la ayuda humanitaria o la necesidad de cooperación en una vía de legitimación de quienes han construido un sistema de discriminación institucionalizada. Y esa es precisamente la cuestión que la comunidad internacional tiene que dilucidar: si permitirá que la persecución de la mitad de la población de un país sea codificada en ley o si convertirá el apartheid de género en una categoría jurídica internacional capaz de impedir que un sistema semejante pueda quedar fuera de la definición de los crímenes contra la humanidad.
