La Fiscalía de Bolivia ordena detener a Evo Morales por presunto terrorismo y otros delitos durante los bloqueos
- El exmandatario acumula un total de seis nuevos delitos en su contra
- Morales ha defendido que se trata de una tapadera para ocultar "el verdadero drama" que vive el país
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La Fiscalía de Bolivia ha ordenado este miércoles la detención del expresidente del país Evo Morales por la presunta comisión de seis delitos, incluidos terrorismo y alzamiento armado, en el marco de los bloqueos establecidos por todo el país durante más de 50 días en mayo y junio, en protesta por la gestión del Gobierno de Rodrigo Paz.
Así lo recoge un escrito del fiscal anticorrupción Brayan Melgar, tras la denuncia presentada a principios de julio por la organización civil conservadora Comité Cívico Pro Santa Cruz, del homónimo departamento boliviano, a la que se ha sumado el Ministerio de Gobierno.
En particular, los delitos por los que se investiga al exmandatario son "alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictiva, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos".
Morales acusa al Gobierno de una crisis económica y social
El exmandatario ha acusado al actual Ejecutivo de estar detrás de la orden de detención, asegurando que "buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción", pese a que Paz asumió el cargo de presidente en noviembre de 2025, solo seis meses antes del inicio de las protestas.
Morales ha reiterado que está "del lado de quienes sufren" y ha advertido que "con procesos y persecución política no resolverán los problemas que ellos mismos han provocado". "Solo intentan desviar la atención con un nuevo titular. No nos van a intimidar", ha expresado en un mensaje difundido en sus redes sociales.
La demanda del Comité Cívico Pro Santa Cruz incluye al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y al dirigente de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, quien permanece en prisión preventiva, de acuerdo al diario boliviano 'El Deber'.
Un informe presentado a principios de julio por la Defensoría del Pueblo señaló que el "coste" humano de esos bloqueos fueron 22 muertos y 88 heridos, si bien matizó que "se han manejado muchas cifras", recordando que es la Fiscalía quien debe brindar esta información e iniciar los procesos penales "que correspondan".
Las protestas y bloqueos de caminos en Bolivia fueron liderados por sectores campesinos del altiplano, la COB y los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), que exigían la renuncia de Paz como su "única" demanda. El presidente tomó posesión en noviembre, tras 20 años de gobierno del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS).
Evo Morales tenía que asistir el 11 de mayo a un juicio contra él por supuesta trata de personas. Sin embargo, no acudió y un tribunal ordenó su detención tras declararlo en rebeldía, lo que presuntamente incentivó las protestas.
