Paz promulga una ley que regula estados de excepción en la sexta semana de protestas en Bolivia
- La ley permitiría las Fuerzas Armadas intervenir en las protestas en contra del Gobierno
- Los bloqueos han provocado al menos diez muertos y desabastecimientos en la zona andina
La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha decretado este lunes la ley de Regulación de Estados Excepción para permitir la actuación de las Fuerzas Armadas en el control de las protestas y los bloqueos de carreteras impulsadas por sindicalistas y campesinos que piden su renuncia. Esta nueva ley fue aprobada el fin de semana en el Congreso de la República del Perú.
Los bloqueos han provocado ya al menos diez muertos y desabastecimientos en la zona de andina del país.
Paz defiende la medida
Acompañado por sus ministros y ante jefes de la Policía y las Fuerzas Armadas, Paz ha afirmado en un acto en La Paz que se trata de un "momento tan importante para el presente y futuro de la patria" y ha justificado la medida alegando que permitirá la defensa y la "protección" de la población contra el "narcoterrorismo" que, a su juicio, impulsa las protestas.
"Así como cayó Marset, sus días están contados y vamos a hacer cumplir lo que manda la Constitución y las leyes", ha afirmado el gobernante, aludiendo al supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien fue capturado y entregado a EE.UU. en marzo pasado.
La promulgación no implica la vigencia automática del estado de excepción porque hace falta un decreto, si bien Paz ha sostenido que el plan de actuación de la Policía y las Fuerzas Armadas ya está diseñado y les ha pedido actuar con "profesionalidad" y "firmeza" para proteger a la población.
El mandatario ha asegurado que son un "Gobierno que gobernará hasta el 2030" y hace esfuerzos por el desarrollo económico, pero que el país está en "peligro" ante el "narcoterrorismo que está haciendo daño", por lo que la medida promulgada este lunes ofrecerá seguridad con las fuerzas del orden.
También se ha referido a Evo Morales, el expresidente de Perú de Bolivia entre 2006 y 2019, como "el jefe que está en el Chapare", el bastión sindical y político del exgobernante en el centro del país, a quien acusa de haber ordenado radicalizar las protestas, tras los incidentes ocurridos el fin de semana en la localidad de San Julián, en la región de Santa Cruz, donde se vio a supuestos manifestantes armados enfrentando a la Policía.
Además, ha insistido en el diálogo con las organizaciones sociales de la zona andina que no están vinculadas a "narcoterroristas" y consideró que las mismas deben evitar ser "contaminadas" por esos grupos.
El propio Evo Morales ha publicado en su cuenta de X sobre esta aprobación que para él supone "debilitar las garantías democráticas y la protección de los derechos humanos": "La norma presume la legalidad de las actuaciones estatales, limita los controles judiciales y parlamentarios, y amplía la intervención militar en conflictos internos", aclara.
¿En qué consiste la ley?
La norma establece que la Policía tendrá "el mando primario de la operaciones de preservación del orden público" y que el presidente podrá ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas cuando la Policía "haya sido superada en caso de conmoción interna o cuando se configure insuficiencia operativa sobreviniente".
Un artículo de la ley que levantó polémica en el debate parlamentario se refiere a la "Presunción de legalidad operativa" para los agentes de las Fuerzas Armadas y la Policía durante el estado de excepción.
Otro aspecto llamativo establece la "Protección jurídica institucional" de parte del Ejecutivo que "deberá proporcionar patrocinio legal" a los funcionarios y miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas "que sean sometidos a investigación, proceso judicial o administrativo por actos ejecutados durante el estado de excepción".
Lo último parece responder a un reclamo de los militares después de que en anteriores crisis políticas con intervención de las Fuerzas Armadas, como en 2019, varios jefes fueron procesados y encarcelados.
Siete meses de gobierno en un mar de protestas
Bajo la presión de estas protestas desde hace más de un mes, Paz ha cumplido este lunes siete meses en la Presidencia. La Federación de Campesinos 'Tupac Katari', que junto a la Central Obrera Boliviana (COB) lidera las protestas, lanzó el viernes un ultimátum para que Paz renunciase e insistió en que los bloqueos continuarán hasta conseguir su objetivo.
Los sectores movilizados, sobre todo los campesinos, acusan a Paz de haberles marginado de las decisiones gubernamentales pese a que aseguran haberle dado la victoria en las elecciones de 2025. Además, creen que el mandatario privatizará empresas estatales y subirán las tarifas de los servicios básicos, basándose en las nuevas leyes anunciadas para atraer inversiones en sectores como hidrocarburos, energía y recursos evaporíticos, entre otros, si bien el Gobierno niega esas acusaciones.
También protestan los seguidores de Evo Morales acusado por el Gobierno de financiar las movilizaciones contra Paz con dinero ilícito del "narcotráfico" para, según las autoridades, evitar ser capturado dentro de un proceso penal por su supuesta relación con una menor de edad con quien presuntamente tuvo una hija cuando fue presidente en 2016.
