Evo Morales: "El mandato del imperio es capturarme vivo o muerto"
Hora América
- El expresidente de Bolivia dispone de información sobre una operación impulsada por Bolivia y auspiciada por EE.UU.
- Sus declaraciones llegan tras varias dimisiones ministeriales y en medio de una crisis social
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Durante años, la política de Bolivia giró en torno a una figura: Evo Morales. Fue Presidente del país entre 2006 y 2019. Han pasado más de 6 años desde su salida del poder. Actualmente afronta causas judiciales y, aunque no ocupa ningún cargo institucional, su figura sigue proyectándose en el debate público. Tanto es así, que el Gobierno le responsabiliza de ser el promotor de las protestas y los bloqueos que han desestabilizado Bolivia en el último mes. El exmandatario rechaza las acusaciones, deja la puerta abierta a mediar en el conflicto y denuncia un supuesto plan para detenerlo vivo o “muerto” antes del 14 de junio.
Desde su refugio en El Chapare, en el Departamento de Cochabamba, Morales ha atendido este miércoles la llamada de Hora América de Radio Exterior de España (RNE). El exjefe de Estado ha asegurado disponer de información precisa sobre los planes del Gobierno para detenerlo o acabar con su vida. Ha señalado directamente al nuevo ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, como responsable de poner la fecha. “Hasta el 14 de este mes, Evo detenido o muerto por mandato del Imperio”, ha declarado en referencia a EE.UU. Según el relato de Morales, la Administración Trump ha recomendado al presidente Rodrigo Paz “no perder Bolivia, no perder el litio”.
Las declaraciones del exmandatario llegan en un momento especialmente complicado para el país, que desde principios de mayo vive en medio de protestas y manifestaciones multitudinarias que han provocado al menos nueve muertos. Algunos de ellos ni siquiera pudieron llegar al hospital por los bloqueos de las carreteras. La situación es crítica, la Iglesia Católica y varias ONG de Derechos Humanos han pedido un corredor humanitario seguro para tratar de aliviar el desabastecimiento de alimentos y medicinas que sufre La Paz y el Alto. Los manifestantes, en su mayoría campesinos, exigen la renuncia del presidente que estudia declarar el estado de excepción.
Dispuesto al diálogo, pero sin asumir un papel protagonista
Evo Morales, que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, ha defendido que las movilizaciones responden a una “sublevación del movimiento popular” contra lo que ha calificado como un modelo “neoliberal” y “neocolonial”.
El Gobierno boliviano sostiene que los seguidores del expresidente participan activamente en las protestas. El líder indígena ha rechazado de plano cualquier responsabilidad directa en su organización o convocatoria. Según su versión, el verdadero motor de las protestas es el deterioro económico del país. “No es mi responsabilidad, yo no he convocado estas movilizaciones. Es el hambre, el desempleo, la pérdida del valor adquisitivo” ha sentenciado.
“ No es mi responsabilidad, yo no he convocado estas movilizaciones. Es el hambre, el desempleo, la pérdida del valor adquisitivo“
En paralelo, el político boliviano ha defendido que existe una oposición creciente a las políticas actuales, y un descontento generalizado de los votantes de Rodrigo Paz, que se sienten abandonados. “El pueblo pide que se respeten sus recursos naturales y los servicios básicos”, ha indicado. Afea, asimismo, que el presidente haya incumplido su promesa de campaña de garantizar el combustible.
También ha reiterado las denuncias que lleva semanas vertiendo sobre los supuestos planes del Ejecutivo para la privatización de sectores estratégicos y acuerdos relacionados con recursos naturales como el litio.
El fantasma del estado de excepción
La denuncia de Morales coincide con un debate que ha escalado, ante la posibilidad de que se recurra a medidas extraordinarias para desbloquear el país. Durante las últimas semanas el presidente Paz ha dejado la puerta abierta a declarar un estado de emergencia para restablecer la circulación y garantizar el abastecimiento de productos esenciales. El Congreso eliminó recientemente algunas restricciones que limitaban esa capacidad del Ejecutivo para recurrir a este tipo de mecanismos de forma excepcional.
Morales ha interpretado estos movimientos como parte de una estrategia para endurecer la respuesta estatal y reprimir al pueblo, aunque ha afirmado que existe rechazo en la cúpula militar. “El general Balderrama, no quiere firmar ningún estado de sitio, no quiere comprometerse” y ha añadido que varios comandantes son de la misma opinión.
Preguntado sobre una posible mediación para buscar una salida negociada a la crisis, el expresidente ha asegurado que nunca se ha negado al diálogo, aunque ha evitado asumir la responsabilidad de liderar una negociación entre el Gobierno y los sectores movilizados. “Si tuviera que aportar algo, estamos ahí”, ha señalado. No obstante, ha insistido en que la solución corresponde a los gobernantes y a los actores sociales directamente implicados en las protestas.
La sombra de los procesos judiciales
La situación personal de Morales añade otra capa de complejidad al escenario político actual. El expresidente permanece alejado de los focos mediáticos mientras afronta una causa judicial por haber dejado embarazada a una menor durante el periodo de su mandato.
Sobre este asunto, que aún se encuentra en investigación, ha vuelto a negar las acusaciones y ha asegurado que se trata de una persecución política destinada a apartarlo de la vida pública. De la misma forma, ha justificado su negativa a comparecer ante la justicia, lo que le ha llevado a ser declarado en rebeldía. Ha señalado que no existen garantías procesales suficientes. "No hubo debido proceso, no hay víctima, no hay delito, no hay pruebas” ha aseverado.
La investigación sigue abierta y las autoridades bolivianas mantienen que el procedimiento se desarrolla dentro de los cauces legales correspondientes.
Mientras tanto, Bolivia entra en una semana decisiva. Con casi un centenar de vías bloqueadas, una creciente presión sobre el Gobierno, la escasez de productos básicos y divisiones dentro del propio gabinete, cualquier movimiento en torno a la figura de Morales como una detención inminente, podría convertirse en un nuevo detonante en una crisis que ya amenaza con desbordar la capacidad de maniobra del presidente Rodrigo Paz, en el poder desde hace tan solo seis meses.
