Juicios masivos y un sistema sin garantías para los inocentes en El Salvador: "El derecho a la defensa ha sido neutralizado"
- El régimen de excepción lleva vigente desde 2022 y miles de familias de presos no saben nada de ellos
- Una reforma en el sistema de justicia permite condenas colectivas sin pruebas individualizadas
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"Han condenado a todos los de Cabañas; ya puedo hablar". El 3 de junio, María* (nombre ficticio) accedió a responder las preguntas de este medio. Pensó que sería mejor esperar a la decisión de la jueza y que así se protegía tanto a ella como a Antonio*, un joven encarcelado en una prisión salvadoreña desde abril de 2022. No es lo habitual, pero María fue testigo durante una de las audiencias y confiaba en que había posibilidades de que su amigo, sin antecedentes previos ni pruebas en su contra, fuera puesto en libertad. Sin embargo, fue sentenciado a 30 años en un juicio masivo y sin garantías.
Antonio tenía 26 años cuando lo capturaron al volver del trabajo. María, vieja amiga de él y de su familia, había estado con él un día antes, pero nadie lo ha vuelto a ver desde entonces. Cuando se lo llevaron, El Salvador llevaba apenas un mes en un régimen de excepción que, cuatro años más tarde, sigue vigente. "Se dedicaba a la agricultura y también era ayudante de albañil, jugaba fútbol, era un joven ocupado y productivo para su familia y país, pero tuvo la mala suerte de entrar en la cuota de capturados de Cabañas (el departamento en el que ambos vivían)", asegura María.
En el primer año de estado de excepción se registraron más de 60.000 arrestos. El Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil (MTP) denunció que en ese periodo los agentes habían recibido exigencias de "cuotas de detenidos por día" para "quedar bien con el régimen", lo que derivó en "abusos". En un reciente informe, Amnistía Internacional ha denunciado posibles crímenes de lesa humanidad bajo ese régimen de excepción, con más de 470 muertes desde entonces bajo custodia policial. Otras organizaciones elevan aún más esa cifra.
Las detenciones masivas formaban parte de la estrategia de seguridad del Gobierno de Nayib Bukele, que presume de haber acabado con las maras gracias a la mano dura, aunque medios como El Faro desvelaron que no solo fue la violencia estatal. El presidente llevaba desde 2019 negociando con los pandilleros la reducción de homicidios a cambio de beneficios carcelarios.
Condenas colectivas
A Antonio lo relacionaron con la Mara Salvatrucha y fue uno de los 254 presos procesados en abril en un juicio masivo en el que condenaron a los cabecillas de la célula 'Park View Locos Salvatruchos', que operaba en Cabañas, y a 80 hombres identificados como miembros. Pero también a cientos de presuntos colaboradores, entre los que lo incluyeron a él.
"Fui testigo el viernes 17 de abril de 2026, aunque fui notificada el día antes a las nueve de la noche", recuerda María, que se enteró de la cita gracias a su abogado. "Si la familia de mi amigo no hubiera pagado defensa privada, él no habría tenido testigos", dice. De las 254 personas a las que se juzgaba, "los que tenían testigos a favor se contaban con los dedos de la mano. Había entre seis y ocho testigos y a todos les avisaron como a mí, un día antes", relata.
Tardó cuatro horas en llegar al juzgado especializado de San Salvador en el que se celebró la vista, con una sola magistrada encargada de sentenciar a todos los presos. "Estaban allí todos los abogados, públicos y privados, los de la Fiscalía, la jueza y dos asistentes y unos 50 presos presenciales. El resto lo siguió a través de pantallas", explica María. Su amigo era uno de los que se conectaron de manera virtual; ni siquiera ese día pudo verle.
"Me preguntaron si le conocía, desde qué año, a qué se dedicaba...", recuerda María. Las preguntas eran sencillas, cuenta, "pero fue escalofriante". "Tenía miedo de que me capturaran a mí también. Se me quitó el hambre, el corazón me latía muy deprisa y sentía mucho calor a pesar de que había aire acondicionado. Me temblaban las piernas y sentía que en el momento de hablar la voz no me iba a salir", relata.
Dice que después "agarró fuerza" y le pidió valor a Dios para "ayudar a la liberación de un joven inocente". "Para los pandilleros todo el peso de la ley, pero para los inocentes no debe haber injusticia", defiende. El fallo llegó dos semanas más tarde, tras una angustiosa espera. Todos fueron condenados: los líderes de las pandillas a 85 años de prisión; los presuntos miembros a 60 años; y los supuestos colaboradores, entre ellos Antonio, a 30.
"El abogado confiaba en que saldría, pero la jueza hizo caso omiso de las pruebas presentadas. [...] Ahora las familias de los inocentes siguen llorando sin ya lágrimas en sus ojos por tantas ya derramadas. Sienten rabia por la injusticia cometida y piensan en cómo generar ingresos para seguir llevando el paquete para sus seres queridos al penal cada dos meses, que cuesta al menos 150 dólares", lamenta María.
Un atajo que no distingue entre culpables e inocentes
Una reforma en la Ley contra el crimen organizado ha transformado el sistema de justicia salvadoreño. "Ahora pueden procesar a personas sin evidencias individualizadas, agruparlas en grupos de cientos y acusarlas de un solo delito. Es gravísimo", explica el director ejecutivo de la ONG salvadoreña de derechos humanos Cristosal, Noah Bullock. Con estos juicios masivos "se quiere trasladar la percepción de una justicia efectiva, cuando en realidad es un atajo para condenar a un montón de gente sin detectar realmente a los responsables".
"Cuando se captura de manera arbitraria, cumpliendo cuotas de hasta 90.000 personas, entre ellas habrá personas vinculadas a las pandillas, pero también un montón de inocentes. Esta reforma y los juicios masivos no son capaces de distinguirlos", lamenta Bullock. Desde Cristosal, de hecho, llevan más de un año peleando por la liberación de Ruth López, su abogada anticorrupción, detenida sin pruebas ni garantías. Llevan sin saber nada de ella desde su captura.
Mientras tanto, el Gobierno de Bukele permite tours guiados por la cárcel de máxima seguridad del CECOT, la única de la que publican imágenes (todas de hombres repletos de tatuajes). El régimen salvadoreño ha invitado a políticos, desde el presidente chileno José Antonio Kast a la exdiputada de Vox Macarena Olona, pero también a periodistas y creadores de contenido que enseñan el centro penitenciario al mundo.
"Son las imágenes que el régimen quiere que veas; y es muy duro para las víctimas del régimen que casi toda la cobertura mediática se sirva de fotos y videos proporcionados por el Gobierno con un propósito claro de instalar miedo y de justificar su política de seguridad autoritaria", explica Bullock. "Muestra los rostros de los que sin duda son pandilleros, pero oculta los de los inocentes", resume.
Óscar Martínez, periodista de El Faro, explicó a este medio que dos de sus reporteros accedieron a más de 600 acusaciones iniciales emitidas en los primeros meses del régimen de excepción. "En decenas de esos documentos solo decía 'mostró nerviosismo' y era gente que ni siquiera tenía tatuajes. En otros, solo venía el número del documento de identidad, ni siquiera escribieron por qué les habían detenido", denuncia.
"Esa gente va a acabar sentada entre 40 pandilleros, 30 inocentes, 80 víctimas de esos pandilleros y va a terminar condenada al mismo período. Creer que en El Salvador existe una formalidad de jurisprudencia, de procedimiento legal, de debido proceso, es una ficción", sostiene el periodista. "El derecho a la defensa ha sido neutralizado", sostiene Bullock.
Una espera interminable
"Me da miedo que lo vayan a condenar, Dios mío bendito, sin ser nada. Si nosotros somos víctimas de las pandillas". Al otro lado del teléfono, Elena* responde al borde del llanto. "A mi hijo me lo agarraron en 2022, el 3 de mayo. Llevo más de cuatro años sin saber nada de él", relata. Por WhatsApp, envía la foto de su hija, de 32 años, con el rostro lleno de cicatrices por un ataque que recibió cuando era pequeña a manos de pandilleros. "Le dieron 28 machetazos y perdió un ojo", cuenta su madre.
Hace meses que no lleva paquetes para su hijo a la cárcel; antes lo hacía cada mes y era la única forma de saber algo de él. "No me alcanza el dinero", explica. Al llegar, le decían si seguía en el mismo penal o si le habían trasladado, el único signo de vida en cuatro años de espera. "Andamos siempre como locas buscando a nuestros hijos", lamenta. Ahora, ella y su marido están enfermos, con los gastos que eso conlleva, y a su hijo lo trasladaron a la prisión de Izalco, a cinco horas en autobús desde Cabañas, donde ella vive.
Forma parte de Madres por la libertad, un grupo de mujeres que lleva meses reclamando la libertad de sus hijos y un proceso justo. "Nos dicen 'las mamás de los pandilleros' y no, mi hijo no es un pandillero", asegura Elena, que cuenta que a su hijo lo han tomado por colaborador. "Un día me dijo un policía que yo solo quería que mi hijo saliera para que anduviera extorsionando gente y trajera dinero a casa. No es verdad. Nosotros somos campesinos y siempre hemos vivido de eso", continúa.
El miedo compartido
"Luchamos para que haya justicia, pero nadie nos escucha", lamenta Elena. María Josefina, otra de las integrantes del colectivo, asegura que son "más de 800 en el grupo", pero que muchas tienen miedo de organizarse. "Ya dos señoras me han dicho que no vienen seguido por el miedo a que se lleven a sus otros hijos", explica.
El miedo a las posibles represalias es un sentimiento compartido por la sociedad salvadoreña. Según una encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), el 80% de la población aprueba la gestión de su presidente, pero, al mismo tiempo, el 60% cree que manifestar una opinión negativa puede traer consigo graves consecuencias. "Es amor con miedo", asegura Óscar Martínez.
Al hijo de María Josefina lo detuvieron en junio de 2023, cuando tenía 29 años. Llamó a su madre desde la procuraduría y esa fue "la última prueba de vida" que recibió. "No sé si está vivo o muerto. Algunas madres tienen información de otros presos que salieron o les han visto trabajando como esclavos en diferentes proyectos gubernamentales, pero no es mi caso", lamenta.
Solo sabe que el dinero que deposita en su cuenta de la cárcel sigue bajando, aunque nada le garantiza que sea él quien lo gasta. "La preocupación y aflicción que tenemos es que le quieran hacer estos juicios masivos en los que un testigo criteriado los acusa. ¿Y quiénes son estos testigos? Pandilleros y policías", cuenta María Josefina.
"Antes de los testigos de la defensa, declararon los testigos de la Fiscalía. Eran pandilleros y bastaba con que dijeran que les conocían para tomarlos por culpables. Yo no vi esa parte del juicio, pero mi abogado sí y me lo contó", explica María. "Un testigo de esos bastaba para todos los que fueron condenados", asegura.
Los reclusos miran desde sus celdas en el Centro de Reclusión para Terroristas de Tecoluca, en El Salvador Salvador Melendez AP Photo / Salvador Melendez
Pandilleros sí, inocentes no
"Para mí está bien lo que hizo Bukele de agarrar a los pandilleros. Pero que agarren a pandilleros, no a inocentes", se queja Elena. "Saben bien quiénes son culpables y quiénes no. Tienen sus antecedentes y mi hijo está limpio. No sé por qué no le sueltan", continúa. "Me confesó un policía que el presidente no quiere que salgan para que no cuenten lo que pasa en las cárceles y se les venga todo abajo. Creo que es así", dice.
La espera está siendo demasiado larga. "Muchos llevan cuatro años dentro. Otros murieron sin que se demostrara que eran pandilleros", explica María Josefina, que teme que a su hijo le pase lo mismo. Según la ONG Socorro Jurídico Humanitario (SJH), al menos 537 presos han muerto en las cárceles salvadoreñas desde el inicio del régimen de excepción, la gran mayoría sin condena y sin "perfil de pandilleros". Además, el 31,8% fueron "muertes violentas" y un 31,6% falleció por "falta de atención médica por enfermedades".
Con más de 1.824 presos por cada 100.000 habitantes, El Salvador tiene la tasa de encarcelamientos más alta del mundo: el 2,6% de su población está privada de libertad. Y nada apunta a que la situación vaya a cambiar. Bukele modificó la Constitución para permitir su reelección indefinida y acaba de inscribir su candidatura para las próximas elecciones. Con su popularidad por las nubes y sin contrincantes a la vista, la continuidad del presidente y de sus políticas está asegurada.
