El infierno penitenciario de El Salvador que Bukele ofrece ahora a Trump: "Quiere que la gente se muera en la cárcel"

• El país lleva tres años en estado de excepción y su presidente presume de haber acabado con la violencia
• Cientos de presos venezolanos provenientes de EE.UU. han sido trasladados a una megacárcel salvadoreña

Centro penitenciario CECOT Alex Brandon / POOL / AFP

Al otro lado del teléfono, desde algún lugar de El Salvador, Javier* se aclara la garganta y toma aire. "Voy a tratar de resumir", comienza. "La comida era siempre frijoles y arroz o macarrones, no más de cuatro onzas (unos 100 gramos). Te dan un minuto, dos como mucho. Hay que tragárselo porque al último en entregar el tupper, le dan una garroteada tremenda". Hace una pausa. "Y el hacinamiento… En apenas 60 m², éramos 240 o 250. La gente no podía ni acostarse, todos encogidos, no cabía ni un alfiler. Dormir era terrible, también bañarse. Y con un único váter en la celda, solo defecar era ya una tortura". 

Javier es un nombre ficticio. "Me gustaría que se usara el mío, pero aquí a la gente la buscan y la meten presa", lamenta este maestro salvadoreño de 64 años que dedicó cuatro décadas a la docencia y que describe ahora las condiciones en las que vivió durante los siete meses que pasó en la cárcel de Ilopango, en San Salvador. No tenía antecedentes, ni había pruebas contra él, pero lo vincularon con las maras y con un asesinato. Es una de las víctimas de un estado de excepción que tras tres años de vigencia —se decretó por primera vez el 27 de marzo de 2022— se ha convertido en norma. 

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se vanagloria de haber acabado con la violencia en su país gracias a su mano dura contra las pandillas y presume de un cruel sistema penitenciario que ahora exporta al exterior. Se ha ganado el favor de Donald Trump —y unos cuantos millones de dólares— al ofrecerse a acoger a más de 200 presos venezolanos deportados de EE.UU., que ya han sido encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), su conocida megacárcel símbolo de la lucha contra las maras con capacidad para 40.000 reclusos.

"EE.UU. ya no es un refugio para criminales", aseveró desde esa prisión la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristin Noem, que hizo una visita a la prisión el pasado jueves. 

Bukele busca con este pacto "obtener el beneplácito de Trump y su gobierno", afirma la politóloga salvadoreña Karen Estrada. Entre otras cuestiones, el acuerdo "estaría legitimando las prácticas arbitrarias" del Gobierno, ya que Washington "se está valiendo de ellas al utilizar un sistema penitenciario que ha sido señalado de violaciones de derechos humanos y falta de debido proceso". Además, añade, ayuda a "silenciar posibles pistas de los pactos del Gobierno" de Bukele con las pandillas, desveladas por investigaciones de medios como El Faro y denunciadas por distintas organizaciones. 

Presos observan entre rejas a la Secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem Alex Brandon / POOL / AFP

Miles de detenidos sin antecedentes, ni pruebas

Mientras tanto, las detenciones arbitrarias continúan y los reclusos, muchos inocentes, llenan las cárceles de un país que ya tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con más de 1.600 presos por cada 100.000 habitantes, tal y como recoge el portal Statista. Entre marzo de 2022 y el pasado febrero ha habido cerca de 7.000 víctimas de violaciones de derechos humanos, principalmente de arrestos de este tipo, según datos recopilados por siete organizaciones.

Al hijo de Félix López lo detuvieron hace apenas dos meses en la colonia de Apopa, donde residía junto a sus padres, en una zona que en el pasado había sido "asediada" por las pandillas. Lo arrestaron cuando volvía del trabajo y lo encarcelaron en el penal de Izalco, uno de los más conocidos por la dureza de las condiciones en las que viven los convictos.

"Me avisaron y fui corriendo donde estaban. Eran soldados, les pregunté por qué se lo querían llevar y llamé corriendo a mi hija para que trajera su certificado de antecedentes penales. "'Está limpio', les dije, y se lo enseñé", relata Félix, que tenía preparado este documento por si ese día llegaba. "Veía que se llevaban a los jóvenes y no regresaban. Pensé que serviría como medio para probar su inocencia [...] 'Solo vamos a hacer verificaciones', dijeron, pero llevamos desde ese 5 de febrero sin saber de él", lamenta. 

Camila* (nombre ficticio) espera el regreso de su hija de 22 años desde el pasado septiembre. "Han pasado seis meses. No la puedo ver y no sé si está bien. Como madre duele mucho", afirma esta mujer, que no puede contener las lágrimas cuando recuerda a su "niña". Cada quince días, coge cuatro autobuses diferentes para recorrer unos 50 kilómetros desde Quezaltepeque hasta la prisión de Santa Ana y prepara con esmero una caja con los pocos productos que le puede llevar a la cárcel.

"Pasta de dientes, desodorante, un peine, calcetines. Leche, incaparina —complemento alimenticio a base de harinas—, avena, pan de caja (de molde) [...] No me gustaría que comiera pan duro o comida en mal estado", dice al enumerar lo poco que puede hacer para cuidar a su hija desde la distancia. "Ella nunca ha estado en líos. La detuvieron en 2017 durante unas horas por error y pienso que todo viene de ahí. Poco antes de que la trasladaran a la prisión, en el calabozo, le pregunté y me juró que no andaba en nada".

87.000 detenciones en tres años

Sus casos, les dicen, están en reserva y, como la mayoría de afectados, esperan una audiencia que no saben cuándo llegará. "Los procesos se han ido retrasando", explica el director de litigio estratégico de Cristosal, una ONG salvadoreña de defensa de los derechos humanos. Además, en algunos casos "los jueces han ordenado liberaciones o medidas sustitutivas, pero la Dirección de Centros Penales no ha cumplido". [...] La Fiscalía tiende acusarles de otros delitos o de los mismos en otro tribunal para impedir su salida", señala el abogado.

En esa celda que Javier describe como infernal, este salvadoreño entrado en años compartió espacio con cientos de personas, pero también con su hijo pequeño (27). A los dos los detuvieron el 5 de abril de 2023, el día en que fue asesinado un conocido empresario de su colonia. "Cuando salió a defender mi inocencia, nos llevaron presos a los dos", relata a RTVE.es. "En el calabozo, un Policía le dijo a mi hijo: 'Vuestro caso nadie lo quería agarrar, porque saben que son inocentes'", relata.

"Todo aquel joven que vivía en una comunidad controlada por pandillas, era sospechoso y, por serlo, todos eran presa del régimen de excepción, las familias enteras", explica el coordinador del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), Samuel Ramírez. "Muchos han sido capturados por aumentar el número, porque había órdenes de arriba de apresar a gente todos los días y les ponían cuotas. [...] Conozco a policías que me han dicho que recibieron esas órdenes y que algunos se iban a lugares donde había jóvenes y agarraban a todos", asegura.

La mayor cifra de arrestos se produjo durante el primer año del estado de excepción y ha ido reduciéndose con el paso de los meses. Sin embargo, según los últimos datos del Gobierno, desde marzo de 2022 han detenido a unas 87.000 personas. "El número de personas en centros penitenciarios en 2022 era alrededor de 30.000 y ahora se sitúa sobre las 120.000 personas" explica Abrego.

El precio a pagar por el "milagro" de Bukele

A Javier le duele recordar. "El agua allí, según dicen, viene del volcán de San Salvador. Te quema la piel cuando te bañas y la garganta cuando bebes. Está por lo menos a 50ºC. Con el gran calor que hace y el calor interno, imagínese a más de 200 personas en una celda". Le pesa aún más porque su hijo sigue dentro. "Él es tan honesto, tan amable, tan dulce [...] Me daba resignación estar enfrente suyo desnudo, en esas condiciones".

"Todas las santas noches se oían gritos de 'emergencia en la celda tal'. Allí no se duerme, porque oyes los gritos de la gente. [...] Significaba que alguien había muerto o que estaba muy grave. Solo atendían a casos extremos, porque el que iba medio enfermo lo que hacían era darle un garrotazo y mandarle a la celda otra vez", relata Javier, que pasó de pesar unos 90 kilos a menos de 70 a su salida de prisión, en octubre de 2023. "El hacinamiento hacía que todo el mundo enfermara de la piel, también salí lleno de ronchas, de granos enormes. Es terrible. Bukele quiere que la gente se muera en las cárceles", asegura.

El milagro de Bukele, como algunos llaman a su política, ha hecho trizas a la familia de Javier, cuyo testimonio es solo una prueba de lo que denuncian distintas ONG dentro y fuera del país. El estado de excepción —que fue la respuesta a un oleada de asesinatos que causó 80 muertos en tres días— ha traído consigo miles de detenciones arbitrarias, hacinamiento en las prisiones, torturas, falta de garantías judiciales, incomunicación absoluta con el exterior para los presidiarios y muertes bajo custodia. 

En su último informe, Cristosal constata la muerte en prisión de 261 personas durante el estado de excepción, aunque menciona la política gubernamental para ocultar estas informaciones que incluye "la negativa de proveer a los familiares información mínima sobre la condición de salud [...] y, esencialmente, sobre la causa de muerte de las víctimas. "En algunos casos, hasta se promueve que los familiares no den declaraciones a medios de comunicación o informen de estas muertes a organizaciones", afirma la investigación.

Cuando arrestaron a Javier, su hija mediana (29) llevaba cinco meses en prisión; también la apresaron sin pruebas. "Se rumorea que alguien habló mal de ella. La detuvieron en mi casa, ni su nombre sabían. Hacía poco la habían operado de apendicitis y estaba recuperándose. Se la llevaron semidesnuda, no dejaron que mi esposa la vistiera", lamenta el hombre. Cuando fueron al calabozo a exigir su libertad, las autoridades les llamaron "ratas" y "mareros". "No pudimos hacer nada, solamente cargar con el dolor y la impotencia", lamenta. Una carga que todavía pesa.

Una espera interminable en un estado de excepción permanente

Bukele presume de haber obrado su milagro y de gobernar "el país más seguro de América Latina". Sin embargo, el Parlamento de El Salvador ya ha aprobado 36 prórrogas del estado de excepción. "La discusión que es conveniente hacer tres años después es: si ha sido exitosa esta política, ¿no sería el momento de suspenderla —ya que ya no es necesaria debido a la baja de homicidios— y buscar alternativas de recuperación del tejido social mediante políticas sostenibles en recursos, respeto a derechos humanos e institucionalidad democrática?", se pregunta Estrada.

La hija de Javier está ahora en libertad, aunque cada 15 días tiene que ir a comisaria; su hijo mayor ha huido a EE.UU. y, a su mujer, dice, también la buscan. Desde hace meses, él y su esposa son "nómadas", cambian de un piso de alquiler a otro, huyendo del régimen y esperando el regreso de su hijo pequeño. Ahora que no lo ve, la única forma que tiene de saber de él es a través del dinero que le envía a la cárcel. "Si la cuenta baja, es que sigue gastando, si sigue gastando, es que sigue vivo", explica. De fondo, se oye la voz de su nieto de cinco años, que vive con sus abuelos mientras espera el regreso de su padre.

Félix imagina que su hijo se sentará pronto a la mesa de su salón, desde donde responde a las preguntas de RTVE. "Siempre cenábamos acá y ahora nos falta él. Ves su cama, su ropa que está allá doblada, y eso es lo que más extrañamos, además de la ayuda económica que nos daba", asegura este hombre, desempleado a raíz de una oleada de despidos masivos por parte del Gobierno. "Es muy grave la situación de las capturas, para mí arbitrarias e ilegales, sin orden alguna. Si al agente o el soldado le cae mal, se lo lleva y se acabó, le arruinó la vida y el futuro y ya convirtió en víctima a su familia", se queja.

A Camila, sobre todo, le pesan los domingos. "Siempre los pasaba ella en la casa conmigo [...] Preparábamos la comida, nos arreglábamos el pelo. Platicábamos. Ella es mi única hija, tengo un hijo, pero con él hay cosas de las que no puedo hablar", dice esta madre, que menciona "la impotencia" de vivir en un "país donde uno no puede hacer nada, ni se puede mover" e insiste en guardar el anonimato porque recuerda: "Nosotros acá, con este Gobierno, corremos peligro".