Amnistía Internacional denuncia crímenes de lesa humanidad bajo el régimen de excepción en El Salvador
- Amnistía Internacional denuncia 470 muertes bajo custodia judicial desde que se aprobó esta medida en 2022
- 90.000 personas han sido detenidas en 4 años, en el nombre de la lucha contra las pandillas
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El elevado número de muertes que se están produciendo en El Salvador bajo el régimen de excepción impuesto por Nayib Bukele hace cuatro años podría constituir crímenes de lesa humanidad, denuncia la organización pro derechos humanos Amnistía Internacional (AI). Según un informe publicado este miércoles, al menos 470 personas han muerto bajo custodia estatal y 90.000 personas han sido detenidas desde 2022. Además, aseguran que aún miles de familias desconocen el paradero de sus seres queridos.
Una medida que se implementó como temporal por parte del presidente Nayib Bukele, con la idea de combatir la violencia de las pandillas, ha acabado transformándose en una política que, asegura la ONG, podría incumplir el articulo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, debido al "ataque generalizado y sistemático" que este régimen supone para la población civil, a sus detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia: "La excepcionalidad se transformó progresivamente en una política permanente de seguridad basada en la suspensión prolongada de derechos y el debilitamiento sistemático del Estado de derecho", afirman.
El informe, que cuenta con fuentes de la Policía Nacional Civil (PNC), revela un sistema de cuotas de detención por parte de los agentes, el uso de bases de datos desactualizadas y criterios socioeconómicos y territoriales a la hora de realizar capturas arbitrarias masivas. "En numerosos casos, nadie revisa si las capturas son legales o no. Nosotros solo llevamos a la gente, la Fiscalía recibe el paquete y ya. No hay juez que vea nada en ese momento [...]. Cuando los llevan a los juzgados, ya pasaron los quince días, y los jueces solo leen la lista y confirman todo. Nadie pregunta si hubo golpes o si había orden de captura”, relata un agente de la PNC entrevistado por Amnistía Internacional.
El informe documenta, además, cómo durante las audiencias judiciales, los argumentos de arraigo presentados por las defensas —como empleo formal, vínculos familiares, estudios, residencia fija o participación comunitaria— frecuentemente son descartados sin una valoración individualizada suficiente. Según Amnistía Internacional, esto ha contribuido a convertir la detención provisional en una medida prácticamente automática y no excepcional.
Aunque el gobierno salvadoreño presenta el régimen de excepción como una política exitosa de seguridad, Amnistía Internacional advierte que el costo humano ha recaído principalmente sobre personas sin condena firme, detenidas sin orden judicial, sin investigación individualizada y, en muchos casos, sin pruebas verificables en su contra.
Un sistema judicial que ha "dejado de ejercer control"
"El Estado tiene la obligación de proteger a la población frente a la violencia criminal y de investigar y sancionar los delitos cometidos por las pandillas, pero esa obligación no autoriza la comisión de graves violaciones de derechos humanos", afirma Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. "La experiencia salvadoreña demuestra el enorme riesgo de normalizar modelos de seguridad que prometen resultados inmediatos bajo un enfoque meramente represivo, sin considerar las salvaguardas del debido proceso ni el respeto a los derechos humanos", añade.
El informe señala una transformación del sistema penal y judicial salvadoreño, que supuestamente ha dejado de ejercer control sobre las actuaciones oficiales y ha operado como instancias que "validan detenciones arbitrarias". Un abogado defensor anónimo relata a AI que, en muchos casos, "no importa si existe evidencia o no, basta con que la policía diga que alguien parece pandillero para que el sistema lo procese". Esta nueva investigación apunta hacia un componente discriminatorio en la implementación de este instrumento jurídico, ya que la mayoría de las víctimas documentadas provienen de comunidades históricamente empobrecidas y estigmatizadas. Las capturas y acusaciones penales, supuestamente, se han llevado a cabo mediante criterios de residencia, apariencia física y condiciones socioeconómicas.
““Amnistía Internacional exige que quienes no cometieron delitos, que podrían ser miles, no sigan pagando las cuotas de una política diseñada para producir cifras, no justicia. “
Organizaciones argumentan que esta reducción de la independencia judicial está relacionada con la destitución de los magistrados principales y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que se produjo en mayo de 2021 tras una votación del Congreso: "Estamos limpiando nuestra casa", argumentó el mandatario salvadoreño.
Asimismo, esta ONG registra las condiciones de los detenidos una vez presos, y registra patrones de tortura, incomunicación prolongada y negación sistemática de atención médica. Además, documenta desapariciones forzadas, en las que las autoridades ocultaron durante semanas el paradero de personas detenidas y no proporcionaron a los familiares información sobre su situación.
El origen del régimen de excepción
En marzo de 2022, se registraron más de 60 muertes violentas en el país a causa de las pandillas. Bukele, que llevaba 3 años en el poder, implementó el régimen de excepción para combatir esta escalada de la criminalidad. Este mecanismo constitucional le permitía suspender temporalmente determinados derechos constitucionales ante una circunstancia extraordinaria. La Asamblea Legislativa, donde el partido de Bukele, Nuevas Ideas, cuenta con mayoría absoluta, aprobó esta medida.
El régimen de excepción contempla, por ejemplo, la suspensión del derecho a la defensa de los detenidos y amplía la detención administrativa a 15 días.
Desde entonces, los datos del Gobierno aseguran una tasa de homicidios drásticamente baja en el país, que durante años había sido considerado como uno de los más violentos del mundo, a pesar de que desde hace diez años había experimentado una desescalada en los asesinatos. La administración afirma haber detenido a más de 91.000 pandilleros o personas ligadas a las bandas en estos cuatro años. Con motivo de su éxito, el Congreso ha ampliado esta medida excepcional sucesivamente hasta en casi 50 ocasiones, extendiéndola durante más de cuatro años.
Las detenciones masivas han llevado a El Salvador a alojar a más de 100.000 presos en sus cárceles. Bukele admite que entre ellos, se encuentran al menos 8.000 "inocentes" atados a procesos penales. La medida cuenta con el apoyo del 85% de la población, según las encuestas.
Amnistía Internacional no es la única organización que ha denunciado que en el marco de este régimen se hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Anteriormente, un documento elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Naciones Unidas, señalando esta posible infracción del derecho internacional.
