El PP denuncia la política migratoria "opaca e irresponsable" del Gobierno y rechaza participar en la Conferencia sectorial
- El Gobierno ha convocado la Conferencia Sectorial de Inmigración para hacer balance del proceso abierto
- Hay un total de 1.174.978 peticiones, con más de 600.000 ya admitidas a trámite
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Las comunidades del PP no han acudido a la XIV Conferencia Sectorial de la Inmigración, convocada este jueves por el Gobierno, para analizar el proceso de regularización de migrantes puesto en marcha recientemente, cuyo plazo venció a finales de junio con un total de 1.174.978 peticiones, de las que más de 600.000 ya están admitidas a trámite.
En una declaración conjunta, las comunidades del PP han denunciado la política migratoria "opaca e irresponsable" del Gobierno y le han acusado de "ignorar sistemáticamente" a las comunidades para establecer una política común en este ámbito.
Denuncian, además, la "deslealtad institucional" del Gobierno, que convierte la Conferencia Sectorial de Inmigración en un instrumento de "imposición, opacidad y unilateralismo" al "rechazar" las solicitudes que hacen desde las regiones.
En el comunicado conjunto, se quejan además de que "tampoco se ha atendido a la solicitud de acceso de la grabación de la Comisión Sectorial de la Inmigración, un derecho que asiste a las comunidades y que, de nuevo, ha vulnerado el Ministerio".
De esta manera el PP escenifica su oposición a la política migratoria del Gobierno, que ya generó críticas por su falta de coordinación e información, y por que los 'populares' consideran, tal y como dijo su líder, Alberto Núñez Feijóo, que España no resiste esa regularización masiva "desde el punto de vista social, bienestar y cultural".
El Supremo avaló el nuevo Reglamento de Extranjería, con matices
La Comunidad Valenciana y Aragón llevaron al Tribunal Supremo este proceso pidiendo su suspensión, que finalmente fue rechazada por el alto tribunal, que descartó llevar a la justicia europea esta regularización.
El Supremo respaldó así la estructura general del Reglamento de Extranjería aunque sí introdujo importantes cambios al estimar parcialmente el recurso presentado por varias organizaciones de defensa de los derechos de las personas migrantes.
Casi un mes después de que se cerrase ese plazo para que los migrantes que viven en España sin papeles desde antes del 1 de enero de 2026 regularicen su situación el Ejecutivo había convocado esta conferencia sectorial, la quinta en esta legislatura, bajo la presidencia de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, a la que estaban llamados los consejeros del ramo de las comunidades y ciudades autónomas y representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
El perfil de los que han solicitado la regularización
El 81% de los migrantes que han presentado su solicitud es menor de 45 años, el 67% procede de Latinoamérica, y Madrid y Barcelona son las provincias con mayor número de solicitudes, seguidas de Valencia, Alicante y Murcia. El 57% de los solicitantes son hombres. El Gobierno ya ha hecho este primer balance de las solicitudes, de las que hay un 51,9% admitidas a trámite, lo que conlleva la concesión de una primera autorización temporal para residir y trabajar en España.
Durante la reunión también se tratará la implementación en España del Pacto Europeo de Migración y Asilo, un asunto sobre el que autonomías como Canarias demandaron más información antes de la entrada en vigor del paquete normativo, el pasado 12 de junio, por sus implicaciones en procesos como el triaje que se debe realizar a las personas que llegan de forma irregular al país, según informa Efe.
En el encuentro también se debatirá el despliegue del Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030, anunciado el pasado 30 de junio por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con una dotación para el primer año de más de 500 millones de euros.
El presidente defendió esta regularización como una política de inmigración "responsable, legal, segura y ordenada" y ofreció datos para avalar el proceso: sin inmigración, dijo el presidente, España perdería un 19% de su PIB en 2050 y un 22% en 2075.
