La prioridad nacional, también en el pacto de Andalucía: claves de los acuerdos entre PP y Vox en las autonomías
- Los pactos sellados por PP y Vox tras las últimas elecciones se oponen a la política migratoria de Sánchez
- También se recogen medidas de apoyo a la familia y exigencias en el ámbito educativo
Todos los presidentes autonómicos del PP que han salido de las citas con las urnas en los últimos meses (Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía) han acabado cediendo a las exigencias de Vox. En sus respectivos pactos de gobernabilidad se incluyen, no solo la entrega de vicepresidencias o consejerías, sino también la inclusión de principios tan comentados como el de prioridad nacional.
Todos ellos incluyen, además, la oposición frontal a la política migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez, además del rechazo de sus medidas de vivienda. La reducción de la fiscalidad verde y las medidas orientadas a las familias son otras de las claves de estos pactos con muchos puntos comunes y pequeñas salvedades sobre cuestiones específicas de cada territorio.
La prioridad nacional, una constante
Uno de los aspectos más comentados, que dejó correr ríos de tinta, fue la prioridad nacional exigida por Vox. Aunque no todos los presidentes autonómicos le dedicaron tiempo en sus discursos, aparece en todos los pactos de investidura. La "prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas", establecen todos los acuerdos.
Y la formulan de manera idéntica, para otorgar los recursos "a quienes mantienen un arraigo real con el territorio". Se incluirá un "periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación". La prioridad nacional se tendrá en cuenta también, de cara al acceso de la vivienda protegida.
Oposición frontal a la política migratoria del Gobierno Central
Los cuatro pactos arrancan sus medidas de cara a la inmigración con el mismo epígrafe: "No más menores extranjeros no acompañados (MENAS)". Y muestran su oposición frontal a la política migratoria del Gobierno, con la petición de establecer un plan de retorno y repatriación de la inmigración ilegal para "devolver a los menores no acompañados a sus países de origen".
PP y Vox han pactado la supresión "total" de las subvenciones a las ONG que "favorezcan la inmigración ilegal" o participen de forma directa o indirecta en la "promoción facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal": "Ni un solo euro público a estructuras que incentiven el efecto llamada", dicen los pactos.
Además, prometen endurecer el régimen disciplinario en los centros de acogida y prohíben la utilización del burka y nicab en espacios públicos.
La familia, lo primero
Aunque en algunos pactos dedican más espacio a la promoción de las familias que en otros, este es un elemento central de todos ellos. Los pactos incluyen la incorporación de la perspectiva de la familia en sus acciones de Gobierno, con planes de apoyo a la natalidad y deducciones fiscales o apoyo a familias numerosas.
También hay puntos comunes en el ámbito educativo: PP y Vox anuncian que se dejará de impartir se el programa para la Enseñanza de la Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los centros de Educación primaria y secundaria. Se muestra un "rechazo explícito a cualquier programa de adoctrinamiento en las aulas y cualquier injerencia extranjero o intento de diluir nuestra identidad, usos y costumbres".
Se propone, además, la inclusión de la historia del terrorismo en España dentro de los planes de estudios, se avanzará "progresivamente" en la concertación del Bachillerato y se exigirá "se exigirá" al Gobierno central una prueba de acceso a la universidad única en todo el territorio nacional.
Oposición a la política medioambiental del Gobierno central
Otro punto que tienen en común todos los pactos, con independencia de su extensión, es la oposición frontal a la política medioambiental del Gobierno. El pacto andaluz adquiere el compromiso de que "se suprimirá yo no se creará toda carga y tasa autonómica perjudicial para el sector productivo derivada del pacto verde o la Agenda 2030".
Los pactos incluyen la supresión de impuestos medioambientales y el "rechazo a las imposiciones de agendas ideológicas" en este ámbito, tal como reza el pacto de Andalucía. Además se defiende la caza y el control de especies cinegéticas y se reivindica y promociona la tauromaquia y el mundo del toro. También expresan su rechazo a Mercosur y la defensa de "la ganadería intensiva frente a la criminalización del lobby animalista y a las políticas climáticas desarrolladas desde Bruselas".
Por otra parte se reducen al 50% las subvenciones destinadas a "sindicatos y organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública". Y se incluye la elaboración de una nueva Ley de Concordia "que sustituya la normativa vigente en materia de memoria histórica".
Algunas diferencias, por cuestiones territoriales
Aunque en lo esencial los cuatro pactos son prácticamente idénticos, se incluyen algunas cuestiones específicas relacionadas con el territorio.
Por ejemplo, los de Extremadura, Aragón y Castilla y León mencionan el reto que supone la despoblación. En Aragón se habla también de cuestiones lingüísticas. En una comunidad donde el idioma catalán se habla en algunas zonas limítrofes con esa comunidad autónoma, el pacto se propone "librar a Aragón de la imposición del Catalán" y suprimir el Instituto Aragonés dedicado a ese idioma.
El pacto andaluz propone el "rechazo a las condiciones de la Política Pesquera Común que limitan los días de pesca". Y el de Extremadura blinda la continuidad de la central nuclear de Almaraz y eliminar la ecotasa energética.
El reparto de responsabilidades políticas
Los pactos, sin embargo, no tienen la misma extensión. Van de las 23 páginas que ocupó el de Extremadura hasta las 62 del de Castilla y León o las 60 del andaluz, pasando por las 39 páginas que ocupa el pacto entre ambas formaciones en la Comunidad de Aragón.
El primer pacto, pero el que más costó alcanzar, fue el de Extremadura: 74 medidas en un total de 23 páginas. En esa comunidad, donde el PP obtuvo 29 escaños (cuatro menos de la mayoría absoluta) y Vox 11, María Guardiola cedió una Vicepresidencia y dos consejerías, además de uno de sus senadores por designación autonómica.
En Castilla y León el PP obtuvo 33 escaños, a nueve de la mayoría absoluta. Y Vox 14. Fernández Mañueco cedió a los de Abascal una vicepresidencia y tres consejerías en su Consejo de Gobierno, además de la vicepresidencia de la mesa del parlamento.
En Aragón, Jorge Azcón se quedó a ocho escaños de la mayoría absoluta (el PP obtuvo 26 asientos). Vox consiguió 14 diputados autonómicos. El PP cedió una vicepresidencia en el Ejecutivo y tres consejerías. Además, la vicepresidencia primera de las Cortes de Aragón y un senador por designación autonómica.
En Andalucía el PP sólo necesitaba dos votos para alcanzar la mayoría suficiente: Juanma Moreno obtuvo 53 y los de Abascal 15. Su pacto en esta comunidad incluye una Consejería con rango de vicepresidencia, la vicepresidencia primera de la mesa del Parlamento y también, un senador por designación autonómica.
