Zapatero pide al juez que proteja sus datos personales y limite la investigación al auto de imputación
- El expresidente denuncia el "atropello" de sus derechos fundamentales: "Es desolador"
- Zapatero habla de una investigación "prospectiva": "El objeto no puede ser una persona, sino unos hechos"
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El equipo jurídico de José Luis Rodríguez Zapatero ha cargado contra la filtración del contenido íntegro de las agendas de los dos últimos años del expresidente, así como los mensajes que intercambió con su secretaria, Gertrudis Alcázar, y ha pedido al juez Calama, en un escrito al que ha tenido acceso RTVE, que adopte medidas eficaces para "evitar la difusión indiscriminada de datos personales". Precisamente, el magistrado ordenaba este jueves tomar medidas para investigar dichas filtraciones.
Además el expresidente, imputado en el caso que investiga el rescate a la aerolínea Plus Ultra, pide al Juez Calama que limite su investigación "exclusivamente a los hechos concretos" que fueron delimitados en el auto del pasado 18 de mayo.
Pide medidas "reforzadas" ante el "atropello" de sus derechos
Tal como señala en su escrito el letrado de Rodríguez Zapatero, el contenido de las agendas del expresidente y los detalles de sus conversaciones con Alcázar, que ocupan, "la friolera de 1.084 páginas", recibieron un "inmediato reflejo en los medios de comunicación".
El abogado denuncia la filtración de datos como el número de teléfono móvil, la dirección de correo electrónico, contraseñas del mismo e incluso números de cuentas bancarias. Un "auténtico disparate" al que se une la publicación de esas conversaciones con Alcázar. También llama la atención sobre cómo en el informe de la UDEF sobre la actividad del expresidente en Bolivia aparecen "datos personales enteramente ajenos al objeto de esta instrucción".
"Siendo grave este desliz, lo es mucho más la absoluta falta de cuidado y de respeto por los derechos fundamentales" del expresidente, señala el informe, que denuncia que no se han adoptado "precauciones previas o medidas posteriores" ante "semejante violación".
El letrado, que considera este hecho "desolador", cita de forma expresa los derechos a la intimidad personal y familiar, a la vida privada y al derecho de las comunicaciones, del artículo 18 de la Constitución. Y también refiere la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías del artículo 24 de la Carta Magna.
Por ese motivo, exige al juez que adopte "medidas reforzadas para la preservación del derecho a la privacidad, la intimidad y al secreto de las comunicaciones" para "evitar e impedir la publicación de información y datos reservados". Reclama incluir, "cuanto menos", marcas de agua en los informes policiales "y sobre todo en los anexos" que se suben a la plataforma de justicia en la nube, para la que también pide "procedimientos, protocolos y cautelas reforzadas".
Dejar fuera los asuntos ajenos al auto de imputación
En el escrito, el equipo jurídico de Zapatero denuncia una "investigación prospectiva" sobre Zapatero y pide que se acote el objeto de la misma "exclusivamente a los hechos concretos" delimitados en el auto de 18 de mayo". Su vida, dice, "no puede ser sometida al escrutinio y conveniencia" de la unidad policial.
Le pide, además, que establezca la "prohibición expresa de servirse de la información masivamente obtenida" de su representado o de terceros para investigar cualquier actividad personal o profesional del expresidente del Gobierno. "El objeto de la investigación policial no puede ser una persona sino unos hechos concretos", señala la defensa del expresidente, que reclama que "la vida del señor Rodríguez Zapatero no puede ser sometida al escrutinio de la unidad policial, a su propio criterio y conveniencia, sin justificación alguna".
Recurre la personación de la acusación popular en la pieza de las joyas
En otro escrito al que ha tenido acceso RTVE, el expresidente recurre la personación de la acusación popular en la pieza que investiga las joyas halladas en el despacho del expresidente. El letrado de Rodríguez Zapatero denuncia la "falta de legitimación" de la acusación popular en esta causa que "trataría de esclarecer la presunta existencia de un delito" contra la Agencia Tributaria.
En este caso concreto, dice el escrito, "las acusaciones populares carecen de legitimación activa", puesto que no se dan los presupuestos para ello respecto a los hechos investigados. Y señala que, según la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, "la representación procesal del Estado y la defensa del erario público corresponden a la Abogacía del Estado". Por ello, dicen, "no admite su delegación a cualquier ciudadano que quiera suplir lo que interpreta como censurable inacción de los poderes públicos".
