Tres de cada diez empresas españolas tienen planes de pensiones privados para sus plantillas
- KPMG destaca las grandes diferencias entre sectores: de la amplia adopción en finanzas a la mínima en transportes
- Apunta que la viabilidad del sistema público sigue "comprometida" pese a las reformas y recomienda más "ajustes"
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Los planes de jubilación para compensar la pensión pública en el futuro siguen siendo minoritarios en España. Disponen de ellos el 27% de las empresas, según un informe publicado este martes por la consultora KPMG Abogados, que subraya las diferencias entre sectores.
La adopción cercana al 62% en el sector financiero contrasta con el apenas 17% de las compañías de transporte y logística que cuentan con algún sistema de previsión social.
Se encuentran por encima de la media también las empresas energéticas, químicas o farmacéuticas y tecnológicas, mientras caen por debajo de ese nivel las de consumo y distribución, construcción e infraestructuras, servicios e industria. En el último lugar, se encuentran las mencionadas de transportes y logística, según los datos recabados a partir de los estudios de mercado realizados por la consultora entre 2017 y 2025 con una muestra de 582 empresas.
Al respecto, el informe "Situación de las pensiones en España", en su novena edición, recuerda que la obligación de contar con un plan de pensiones privado forma parte de los convenios colectivos de las entidades de seguros y mutuas, así como de la banca.
"España continúa muy alejada de los estándares europeos de cobertura del segundo pilar, lo que anticipa una brecha creciente entre salario y pensión futura para una parte relevante de la población activa", opina KPMG, que describe que la práctica más habitual son las aportaciones definidas, con una media del 3,6% del salario, lo que considera "limitado para compensar la pérdida esperada de ingresos en la jubilación".
Advierte del aumento del gasto por el envejecimiento
Es más, la consultora advierte que la viabilidad futura del sistema público de pensiones está "estructuralmente comprometida". Su análisis apunta que la tasa de reemplazo de España, que es la ratio entre la pensión inicial y el último salario, es de las más altas entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) al situarse en torno al 80% en el caso de los salarios medios.
No obstante, también avisa del "rápido deterioro" al que se expone por el envejecimiento de la población, que aumentará el gasto en pensiones, profundizará el déficit contributivo y el endeudamiento del Estado.
"Las proyecciones sitúan el gasto público en pensiones cerca del 17% del PIB en 2050, uno de los niveles más altos del entorno europeo. Las reformas recientes han reforzado los ingresos del sistema, pero no neutralizan las presiones demográficas y de gasto a medio y largo plazo", concluye, y recomienda "ajustes adicionales" para aumentar los ingresos y modificar los "parámetros" de las prestaciones.
Finalmente, el informe presta también atención a la educación financiera en España y determina que existe una mayor sensibilidad social y una mejora de los conocimientos sobre la edad legal de jubilación, pero que persisten "déficits relevantes" en el conocimiento de cómo funciona el sistema. En concreto, observa que se comprende menos cómo se penaliza a las pensiones anticipadas, se incentivan las demoradas o se aplica la base de cotización.
Además, más de la mitad de los encuestados perciben que el sistema es poco transparente, lo que la consultora señala como una "oportunidad" para las empresas y los sistemas de pensiones privados.
