El Constitucional desestima el recurso de Cataluña contra la Ley de Vivienda porque respeta "al legislador autónomico"
- Avala las competencias del Estado para "regular" las condiciones que permitan el acceso a la vivienda
- Junts, la CUP y ERC votaron a favor de recurrir la norma en la Parlamento catalán en 2023
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El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso contra la Ley de la Vivienda de 2023 que el Parlamento de Cataluña interpuso ese mismo año con los votos de Junts, la CUP y ERC. Los letrados consideran que la norma respeta las competencias de "los legisladores autonómicos".
La sentencia asegura que existe una "íntima conexión" entre el "el derecho a la propiedad privada de la vivienda" y "el derecho a disfrutar" de un hogar digno. El Estado, asegura el Alto Tribunal, debe regular "las condiciones básicas" para que los españoles accedan a este derecho.
Amplio margen de maniobra a las autonomías
Añaden los magistrados que avalan los artículos de la ley que se ocupan de "la planificación general de la actividad económica" con repercusión en el mercado de la vivienda porque "no agotan la regulación en la materia". Un punto que deja "un amplio margen de maniobra al legislador autonómico".
El dictamen también da el visto bueno a la regulación de los usos de suelo urbanizado en entornos residenciales. La ley, reiteran los letrados, "deja un amplio margen al legislador autonómico" para que “concrete” la propuesta del Estado.
Aval a regular la vivienda asequible incentivada
También logra respaldo del tribunal la “regulación” de "la vivienda asequible incentivada" que persigue "el incremento del parque disponible". Señala a las comunidades autónomas como responsables de su desarrollo.
La declaración de zonas de mercado residencial tensionadas también cuentan con el visto bueno del Alto Tribunal, como ya ocurrió con un dictamen de enero de 2025.
La creación de un registro de fianzas en cada autonomía es calificado en la sentencia como "una medida que contribuiría a combatir el déficit de vivienda" y recuerda que es opcional en cada territorio implantarla o no. La ley de 2023 permite el uso temporal del dinero de las fianzas para "financiar medidas relacionadas con la política de vivienda".
Por último, los magistrados apoyan que la ley disponga que se marque un porcentaje mínimo de vivienda social de aquí a 20 años. La sentencia es clara y destaca que se otorga a los gobiernos regionales "un plazo" para que trabajen sus "objetivos y calendarios". Si incumplen, entonces será el Estado el que marque ese porcentaje.
