El supervisor de los informes policiales sobre la contabilidad B del PP niega que obligara a quitar el nombre de Rajoy

• Desmiente que se intentara desarticular la unidad investigadora del caso Gürtel: "Se pusieron más funcionarios"
• Los principales imputados son el exministro Jorge Fernández Díaz y su secretario de Estado

El juicio del caso Kitchen ha entrado este lunes en su sexta semana con el interrogatorio a los últimos testigos que quedan por declarar para pasar después a la fase pericial. Todo, antes de escuchar los audios del excomisario de policía José Villarejo con el exnúmero dos de Interior Francisco Martínez, en los que hablaban de esta operación de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Entre los testigos que han comparecido figura un exalto cargo de Interior, el comisario Juan María Rueda Menéndez, así como otros agentes de Policía.

El inspector jefe de la Policía Nacional que supervisó los informes policiales sobre la existencia de una contabilidad B en el PP ha negado este lunes que se obligara a la unidad investigadora del caso Gürtel a quitar el nombre del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

Asimismo, ha negado que se desmantelara el grupo investigador de Gürtel, liderado por el inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) Manuel Morocho, al asegurar que "siempre se le ha dado el apoyo máximo" y "se pusieron funcionarios para ayudar" a la unidad que llevaba el caso.

De la misma forma, ha afirmado que "no todo el mundo estaba a gusto" trabajando a las órdenes de Morocho, quien tenía un carácter "fuerte", y que eran los propios agentes quienes solicitaban cambios de destino.

"Nunca hubo orden para quitar determinados nombres"

Con su declaración, el agente ha contradicho algunas de las manifestaciones realizadas por Morocho, quien en su testifical en el mismo juicio aseguró que hubo una "estrategia" para desarticular la unidad investigadora de Gürtel y que hubo presiones para que no incluyera el nombre de Rajoy en algunos informes sobre la contabilidad B del PP.

Este lunes, el inspector, que en el momento de los hechos era jefe de sección de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, ha aseverado que "nunca" hubo una orden para quitar determinados nombres.

"Nunca le hemos dicho que quite el nombre", ha garantizado, insistiendo en que en las reuniones para revisar los informes sobre Gürtel le indicó a Morocho que "para poner" esos nombres "no podían fijarse en unas iniciales porque de entrada no se sabía si esos papeles eran reales o no". "Presión no ha recibido ninguna", ha añadido.

"Hubo errores pero se rectificaron al momento"

El inspector ha expresado que los informes se revisaban "con mucha cautela" para "no cometer errores", y que no hubo fallos "de gran dimensión". Los que hubo, ha dicho, "se rectificaron en su momento".

Sobre el grupo investigador de Gürtel, el agente ha indicado que el número de personas "se tuvo que incrementar y se incrementó" por el volumen de trabajo, y llegó a albergar a "12 o más" funcionarios".

"Se pusieron funcionarios de otros grupos a ayudarle, porque (los informes) tenían que salir cuanto antes. Siempre se le ha dado el apoyo máximo", ha manifestado.

El exjefe de Blanqueo y Anticorrupción ha manifestado que "es cierto" que la gente "se quería marchar" de allí "porque venían cansados del tema". "Morocho es un profesional buenísimo, pero con un carácter fuerte. No todo el mundo estaba a gusto", ha terciado.

Según su relato, los funcionarios que abandonaron el grupo investigador "no fueron directamente reemplazados" porque no se podía "desmantelar" otras unidades.

Además, también han declarado otros dos agentes de la Policía Nacional, que han confirmado que José Ángel Fuentes Gago, inspector jefe acusado en este juicio, se encontraba destinado en Cantabria y que coincidieron físicamente con él, a finales de 2013 y en 2014, cuando se llevaron a cabo los presuntos espionajes al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Fuentes Gago formó parte de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional bajo las órdenes de Eugenio Pino en la etapa del Gobierno del PP, también acusado en este juicio.

Audios de Villarejo y declaraciones de García Castaño

No será hasta el jueves cuando de comienzo la fase documental en la que se procederá a escuchar los audios de Villarejo, así como de las siete declaraciones que prestó ante el juez instructor como imputado el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, el comisario Enrique García Castaño, que fue eximido de este juicio por motivos de salud.

Su declaración fue clave para la imputación y procesamiento del exsecretario de Seguridad Francisco Martínez, si bien siempre ha mantenido que el objeto de la operación Kitchen era la búsqueda de cuentas de Bárcenas en el extranjero y localizar a sus testaferros, y no la sustracción de documentos comprometedores para el partido o sus dirigentes como sostiene la Fiscalía y las demás acusaciones.

Según confesó, el exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos, al que captó como confidente, le entregó por unas horas unos dispositivos del extesorero que un agente experto en informática al que pidió asistencia los volcó en un ordenador en una cafetería Vips y al día siguiente le entregó la copia del contenido en un pendrive, que luego él, según aseguró, entregó al exnúmero dos de Interior, extremo que éste niega.

La escucha de los audios y de estas declaraciones podría extenderse unas tres jornadas por lo que hasta entonces no comenzará el interrogatorio a los diez acusados en este juicio, que se calcula que sería a partir del 19 de mayo.

Los acusados declararán en último lugar

En el juicio están acusados, entre otros, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, su secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino o el comisario Andrés Gómez Gordo, para quienes la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel.

También están acusados Villarejo, para quien el Ministerio Fiscal pide 19 años de prisión, y Sergio Ríos, para el que la Fiscalía reclama una pena de 12 años y cinco meses.

Está previsto que el juicio se extienda hasta el próximo 30 de junio y que los acusados declaren en último lugar, aunque aún no se ha determinado la fecha de sus declaraciones.