PP y Vox pactan un decreto en Extremadura para evitar que estar en funciones paralice la administración
- El objetivo es adaptar la situación a las necesidades de los ciudadanos y evitar la paralización administrativa
- Casi tres meses después de las elecciones, este pacto podría significar un acercamiento entre PP y Vox
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Una semana después de que Vox tumbase la investidura de la popular María Guardiola, PP y Vox han alcanzado un acuerdo para blindar el funcionamiento de los servicios públicos y evitar la paralización administrativa derivada de un gobierno en funciones. Este pacto se ha materializado en un decreto-ley aprobado este viernes por la Junta de Extremadura.
La fecha límite para celebrar un nuevo debate de investidura antes de convocar, de nuevo, elecciones en Extremadura, es el 4 de mayo. Han pasado casi tres meses desde los comicios del 21 de diciembre, en los que el PP ganó sin mayoría suficiente para conformar gobierno. Necesita, por tanto a los de Abascal para para investir presidenta a Guardiola. Ese acuerdo todavía no ha llegado, pero el pacto sellado este viernes podría significar un acercamiento entre ambas formaciones políticas.
La nueva norma ha sido autorizada este viernes en una sesión extraordinario del Consejo de Gobierno del Ejecutivo extremeño, con el objetivo de adaptar la situación de un gobierno en funciones a las necesidades reales de los ciudadanos. El texto ha sido consensuado con el Grupo Parlamentario de Vox "dentro de una voluntad de entendimiento y de búsqueda de soluciones concretas para Extremadura por ambas partes".
El decreto-ley parte "de una idea sencilla", según remarca el Gobierno, que es que estando en funciones debe actuar con prudencia y sin tomar decisiones que condicionen políticamente al futuro Ejecutivo, "pero eso no puede traducirse en una administración paralizada ni en problemas para atender a los ciudadanos".
Recuerda que la regulación vigente hasta ahora era "excesivamente rígida", incluso más restrictiva que la legislación estatal y que muchas normas autonómicas, ya que en la práctica, la Ley 4/2015 imponía limitaciones "que iban más allá de lo razonable y dificultaban la gestión ordinaria de la administración". Según recoge el propio decreto-ley, esas limitaciones podían terminar afectando al funcionamiento normal de la Junta de Extremadura y, sobre todo, a la prestación de servicios públicos, especialmente cuando la situación de interinidad se prolonga en el tiempo.
La Junta asegura además que la duración prolongada de un gobierno en funciones se suma a la circunstancia de que las elecciones autonómicas se celebraron en diciembre, coincidiendo el periodo de interinidad con el inicio de un nuevo ejercicio presupuestario, lo que "dificulta la puesta en marcha de muchas actuaciones propias del arranque del año". Con este decreto-ley, se facilitan actuaciones como la firma de convenios, la tramitación de expedientes necesarios para la actividad administrativa, la canalización de fondos públicos o la gestión de procesos selectivos y de necesidades de personal ya comprometidas.
Vox quiere alcanzar un acuerdo de gobernabilidad pero pide discreción
Según el presidente del Grupo Parlamentario Vox Extremadura, Óscar Fernández Calle, el acuerdo demuestra que cuando se trabaja con seriedad, sin injerencias ni ruido político, es posible alcanzar acuerdos útiles para Extremadura. En este sentido, ha señalado que entre ambas formaciones existe un intercambio constante de documentación y un trabajo discreto y continuo.
El presidente regional de Vox ha insistido en la importancia de mantener la discreción que su formación exigió desde el inicio de las conversaciones, evitando en todo momento trasladar a los medios detalles de las negociaciones en curso. Por eso, preguntado por la evolución de esas negociaciones ha evitado entrar en el contenido de las mismas y ha reiterado que su formación mantiene una posición de responsabilidad y prudencia.
“Desde el primer momento pedimos discreción y la vamos a mantener. Lo importante es que se siga trabajando y que los acuerdos que se alcancen sean útiles para Extremadura”, ha señalado.
Fernández Calle ha concluido destacando que la prioridad de su partido es alcanzar un acuerdo de gobernabilidad que realmente suponga un cambio en Extremadura. A través del decreto- ley que hoy presentan los dos partidos, los de Abascal esperan que la Administración siga funcionando y que los servicios públicos no se vean afectados por la situación política, como muestra de que cuando se busca el interés general de Extremadura es posible alcanzar entendimientos.
