Australia, el espejo en el que España se mira para prohibir las redes sociales a menores de 16 años
- El país tiene la legislación más punitiva y amplia contra el uso de plataformas, por sus multas y controles de acceso
- Sin embargo, sus murallas digitales no podrían calcarse en una UE regida por el Reglamento de Protección de Datos
"Vamos a devolver las redes sociales a esa tierra prometida que nunca debieran haber abandonado". Con esta frase comunicaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Cumbre Mundial de Gobiernos, que España va a seguir la estela que ya inició Australia, y que van a imitar Reino Unido y Francia, de prohibir a los menores de 16 años el acceso a las redes sociales. No se trataba de un anuncio, puesto que esta medida forma parte del proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, al que el Congreso de los Diputados dio luz verde en septiembre de 2025.
Falta aún determinar a qué alude Sánchez con la "tierra prometida" y cuáles van a ser los cerrojos que impidan el paso a quienes no están invitados a entrar a ella hasta que cumplan la nueva edad que va a marcar el límite. A qué se refiere el texto del Proyecto de Ley, en términos concretos, cuando habla de los "sistemas de verificación de la edad" que "deberán garantizar la seguridad, la privacidad y la protección de datos". Más allá de que se pase la pelota al "prestador" del servicio de esas redes sociales para que sea él quien determine cuáles son esas barreras. Ante la duda, el multimillonario y dueño de X (antes Twitter), Elon Musk, ya ha llamado a Sánchez "fascista totalitario" y "tirano y traidor al pueblo de España".
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Transcripción completa
España va a banar acceso a los medios sociales para los mineros de la edad de
16 años.
España ha acompañado fuerzas con cinco otros países europeos en una coalición
de
los grupos a ese
¿Qué hacen en otros países? Los espejos en los que mirarse se reducen prácticamente a uno: Australia. Se convirtió el pasado diciembre en una de las naciones con la legislación más punitiva y extensa contra el uso de redes por parte de menores. La fórmula que ha propuesto se basa en multas a tecnológicas y la implantación de contrafuertes digitales que estiman la edad del usuario, a partir de datos ya existentes o registros biométricos de sus rasgos faciales o su voz, y la verificación de la misma con documentos oficiales. Todo ello ha desembocado en el bloqueo de millones de cuentas casi dos meses después de la puesta en marcha de las medidas.
El propósito del Gobierno de vetar el acceso a redes sociales, como Facebook, Instagram, Threads, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Reddit, Discord, y a las plataformas de streaming Twitch y Kick, como en el modelo que ha materializado Australia, "es valiente, duro y se sube a la ola de lo que están haciendo otros países", indica Nacho Guadix, responsable de Educación y Derechos Digitales de UNICEF España.
¿Cómo se verificará el acceso?
El Gobierno de Anthony Albanese ha trasladado a las plataformas de redes sociales gran parte de la responsabilidad para "adoptar medidas razonables para impedir que los australianos menores de 16 años tengan una cuenta en redes sociales". También España va a volcar parte de la responsabilidad en las empresas.
Los menores de 16 años australianos pueden seguir viendo contenidos públicos en redes sociales que no requieren iniciar sesión, pero "es menos probable que estén expuestos a algunos de los elementos de diseño más perjudiciales, como los algoritmos depredadores", explican en el documento en el que describen cómo se aplica su nueva medida.
Además, continúan teniendo acceso en Australia a servicios de mensajería (como WhatsApp), videojuegos en línea, servicios de desarrollo profesional y redes profesionales, así como a servicios destinados principalmente a fines educativos y de apoyo a la salud.
Existen tres tipos de tecnologías que permiten garantizar que la persona que va a acceder a una cuenta en una red social es mayor de 16 años: con mecanismos de inferencia de edad, que emplean datos existentes del usuario, como el tiempo que lleva utilizando esa cuenta; con estimaciones biométricas de su edad, a través del análisis de sus rasgos faciales o su voz; y con una verificación para la que la plataforma suele consultar documentos.
Como "no basta con marcar una casilla" para contrastar los datos de los usuarios, la Comisión Europea, en colaboración con los Estados miembros, presentó en julio del año pasado un plan de verificación de edad para plataformas en línea, con herramientas, conocidas como pruebas de conocimiento cero o elementos de doble factor ciego, que no comprometiesen la privacidad de los usuarios.
Sin embargo, estas medidas y las que propone Australia "no son 100% infalibles", sostiene Vicente Aguilera, director de Internet Security Auditors, empresa especializada en ciberseguridad. "Son menores, pero en muchos casos conocen la tecnología mucho mejor que los adultos", alerta, y pueden aprovechar los recovecos de los que disponen para saltarse las limitaciones de edad. Destaca Aguilera la opción de utilizar una VPN para "evadir esa restricción geográfica" y hacer creer que se intentan conectar desde fuera de España, aunque hay "medidas técnicas" que pueden detectar el uso de esa tecnología.
Y evidencia que existe también un riesgo de que los adolescentes "se vayan a otras plataformas" no restringidas o, incluso, "a la dark web", un rincón de Internet reservado para desempeñar actividades ilícitas o comunicaciones anónimas.
El Gobierno apuesta por una herramienta presentada por el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública en julio de 2024: la aplicación móvil Cartera Digital Beta, una tecnología que, pese al revuelo que generó su sobrenombre de pajaporte, no se ha llegado a poner en marcha.
Se puede hacer en Australia, pero ¿también en España?
Australia procesa datos biométricos de los menores para verificar su edad. Sin embargo, "eso no se podría hacer" en un país miembro de la Unión Europea, porque debe cumplir la normativa comunitaria, esclarece Elena Gil, abogada especializada en Derecho digital y divulgadora legal.
Gil es clara: los datos relacionados con el rostro o la voz son "supersensibles" y están "especialmente protegidos", más aún cuando se trata de menores. La abogada no cree que Europa vaya a hacer excepciones en la vía que lleva años construyendo, porque eso "implicaría recoger datos intrusivos en masa de menores de edad". "Sería como matar moscas a cañonazos y la Unión Europea es especialmente protectora con este tipo de datos", argumenta.
Laura Cuesta, profesora de Comunicación y Estrategia Digital de la Universidad Camilo José Cela y divulgadora sobre Bienestar Digital, sentencia, en la misma línea, que "en la Unión Europea no es tan fácil implementar las medidas de Australia", porque los Estados miembros se deben ceñir a lo que rige el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Esa norma es "muy escrupulosa con cómo se tienen que proteger datos tan sensibles de los menores de edad".
Esta experta, que es además autora de los libros Conectados (Molino) y Crecer con pantallas (Amat Editorial), recalca que la prohibición de la que habló esta semana Sánchez tiene que venir acompañada de medidas complementarias o, como ha ocurrido en otras ocasiones, formará simplemente parte de lo que legalmente no se puede hacer, pero se hace.
Actualmente, recuerda, está vigente el Reglamento de Servicios Digitales, que exige que las plataformas no alberguen en sus sitios ni contenidos ilícitos ni ilegales. Esa normativa ya se está incumpliendo, porque los Estados comunitarios "no hemos dotado de recursos suficientes a los órganos que tienen que controlar y coordinar que esa ley se cumpla".
La legislación actual fija en 14 años la edad mínima para tener una cuenta en redes sociales y, ahora mismo, tampoco se cumple. El 78,3% del alumnado de Primaria está ya registrado en alguna red social y el 43,6%, en tres o más plataformas, de acuerdo con datos recogidos por UNICEF en su estudio Infancia, adolescencia y bienestar digital. Una aproximación desde la salud, la convivencia y la responsabilidad social.
Alcance real de la prohibición
La realidad es que los menores de 16 años "hacen un uso intensivísimo" de las redes sociales, señala Nacho Guadix, de UNICEF, con el beneplácito o, en su defecto, por el descuido de las familias. "Los adultos no hemos sido capaces de crear un entorno perfecto para la infancia, porque las herramientas no están diseñadas para que sean seguras para los niños, las compañías están evitando responsabilidades y las familias no estamos acompañando adecuadamente", refleja.
Y es entonces cuando la situación se ha descontrolado, cuando se plantea la medida de "sacar" a los niños y niñas de ese espacio reservado a quienes se suponen mentalmente adultos. Una medida que Marta Fresnillo, subdirectora del Departamento Jurídico de las Líneas de Ayuda ANAR, una fundación dedicada a la orientación a menores de edad, considera "positiva". "La aplicación práctica de la medida supondrá un esfuerzo por parte de todos: de los menores, de las familias, que deben dar educación y acompañamiento digital, y de las plataformas, con unos sistemas de verificación lo suficientemente buenos, que garanticen que el menor no pueda burlarlos fácilmente", concluye.
“"Los adultos no hemos sido capaces de crear un entorno perfecto para la infancia"“
Limitar el acceso a estos entornos tecnológicos que han generado "mecánicas adictivas", "patrones oscuros en los algoritmos" y que han permitido que se compartan "contenidos tanto ilícitos como inapropiados", describe Laura Cuesta, va a ser complicado. Precisará del trabajo conjunto entre administraciones y plataformas, algo que pinta imposible, vistos los desencuentros entre los tecnoligarcas y el Gobierno que se han reproducido a lo largo de esta semana. Si no cumplen por las buenas, las empresas tecnológicas "se enfrentarán a responsabilidad penal", amenazó Sánchez.
