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El cofundador de Telegram critica la regulación de Sánchez de las redes y el Gobierno señala que es una medida urgente

  • Pavel Durov dice que las regulaciones de Sánchez "amenazan" las libertades
  • Para el Gobierno este mensaje demuestra "la urgente necesidad de regular las redes sociales"
El cofundador de Telegram critica la regulación de Sánchez de las redes

Siguiendo la estela del magnate Elon Musk, que el martes criticó a Pedro Sánchez por su anuncio de que prohibirá las redes sociales a los menores de 16 años, este miércoles ha sido el multimillonario Pavel Durov, cofundador de la red social Telegram, quien ha respondido al presidente del Gobierno español.

En un mensaje en esta red social, Durov dice a los usuarios de Telegram que las regulaciones que pretende impulsar Sánchez "amenazan a vuestras libertades en internet" y las califica de "peligrosas". Afirma que esta decisión del Ejecutivo español podría convertir nuestro país "en un estado de vigilancia bajo el pretexto de protección".

El cofundador de Telegram advierte que las medidas anunciadas por Sánchez "no son salvaguardas", sino "pasos hacia el control total" y "censurar a sus críticos". "En Telegram", dice, se prioriza la "privacidad y libertad" con un "cifrado fuerte, sin puertas traseras y resistencia al exceso".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ya ha respondido en la red social X con una alusión a Don Quijote de la Mancha: "Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos". Horas antes ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente quien ha señalado en esa misma red social que "es un buen día para desinstalar Telegram de mi teléfono". Una herramienta, que asegura, "nunca me fue de gran utilidad".

También la vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Gobierno de coalición, Yolanda Díaz, ha advertido a Durov, que no logrará "tumbar" al Ejecutivo tras sus críticas y ha asegurado que van a "romper los monopolios digitales y devolverle la tecnología a la gente trabajadora. El poder es de la gente, no de ellos", ha escrito Díaz en su cuenta de la red social Bluesky como reacción al mensaje de Dúrov.

Fuentes de la Moncloa han denunciado además las "mentiras y ataques ilegítimos" del mensaje de Durov a los usuarios de Telegram y señala que "es la primera vez que ocurre en la historia de nuestro país". Según esas fuentes, este hecho demuestra "la urgente necesidad de regular las redes sociales y aplicaciones de mensajería móvil".

"Los españoles no podemos vivir en un mundo en el que tecno-oligarcas extranjeros puedan inundar nuestros teléfonos de propaganda a su antojo solo porque el Gobierno ha anunciado medidas para proteger a los menores y hacerles cumplir la ley", dicen esas mismas fuentes, que aseguran que el mensaje de Durov "está lleno de bulos y va destinado a erosionar la confianza en nuestras instituciones".

Durov critica las medidas y el Gobierno responde desmontando esos "bulos"

En su mensaje en Telegram, Durov afirma que las medidas del Gobierno "son una señal de alarma roja para la libertad de expresión y la privacidad" y habla en primer lugar de la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años. Según él, la verificación de edad obligatoria", requerirá "que las plataformas usen controles estrictos, como exigir DNI o biometría". Esto, afirma, supone un peligro, porque establece un precedente para "rastrear la identidad" de cada usuario, "erosionando el anonimato y abriendo puertas a la recopilación masiva de datos". Durov incide en que "lo que empieza con los menores podría extenderse a todos, sofocando el debate abierto".

Esta afirmación representa, según fuentes de la Moncloa, un bulo, y defienden que la medida responde a una lógica de protección de menores, del mismo modo que se limita el acceso al alcohol o a la conducción para preservar su integridad. Según el Ejecutivo, "las plataformas digitales exponen a niños y adolescentes a riesgos graves y documentados, en un entorno prácticamente sin control", como la hiperconexión y los problemas de salud mental que de ella derivan. También los abusos de menores, cuyas denuncias han aumentado un 13% en dos años y los deepfakes, que en su práctica totalidad son pornográficos.

"Telegram forma parte de este problema", dice el Gobierno: "Su falta de moderación, presentada como “libertad”, la ha convertido en un canal preferente para la difusión de material de abuso sexual infantil". Y continúa "no es casual que su fundador, Pavel Durov, fuera imputado en Francia en 2024 por delitos vinculados a la difusión de este tipo de contenidos".

Sobrecensura o protección

El fundador de Telegram se revela contra el anuncio de exigir responsabilidad penal para los ejecutivos de las plataformas si no se elimina el contenido “ilegal, odioso o perjudicial”. Esta decisión, dice Durov, forzará la "sobrecensura", ya que "las plataformas borrarán cualquier cosa mínimamente controvertida para evitar riesgos, silenciando disidencias políticas, periodismo y opiniones cotidianas". Y lanza un mensaje directo al corazón del usuario: "Tu voz podría ser la siguiente si desafía el statu quo".

Desde el Ejecutivo aclaran que su planteamiento es "que las grandes plataformas digitales y sus directivos sean responsables si no retiran contenidos ilegales" que se les haya notificado. Y señalan que el Reglamento de Servicios Digitales de la UE ya obliga a las redes sociales a impedir la difusión de contenidos ilícitos. "Ningún tribunal europeo ha considerado que eso vulnere la libertad de expresión", continúa el Gobierno. "De hecho, son contenidos que también incumplen los códigos éticos de las propias plataformas sobre la moderación de contenido".

Su objetivo, dicen, es proteger los derechos de la ciudadanía y actuar contra contenidos que atentan contra la dignidad. "Exponer cuerpos de menores desnudos o alentar al genocidio no son manifestaciones de libertad de expresión, son delitos", señala el ejecutivo.

El Gobierno propone "mecanismos de supervisión algorítmica transparentes"

Respecto a la decisión de convertir en delito los contenidos "perjudiciales" a través de algoritmos, el cofundador de Telegram señala el "peligro" de que los Gobiernos entierren las "opiniones opuestas" y creen "cámaras de eco controladas por el Estado".

A esto el Ejecutivo español responde que lo que propone es perseguir la utilización "espuria" de los datos y las "manipulaciones algorítmicas" para difundir desinformación o contenidos ilícitos. Su objetivo es que haya "mecanismos de supervisión algorítmica transparentes y abiertos a las instituciones públicas, la judicatura y la sociedad civil".

El presidente del Gobierno anunció, además, la creación de un sistema de "rastreo cuantificación y trazabilidad" que permita establecer una "huella de odio y polarización" que sirva para rastrear, medir y visibilizar cómo las plataformas digitales fomentan la polarización social. En opinión de Durov esta medida supone igualmente un "peligro" porque dice que puede utilizarse como "herramienta para suprimir la oposición", ya que las "definiciones vagas de odio podrían etiquetar críticas al Gobierno como divisorias, llevando a cierres o multas".

Según el Ejecutivo, en las legislaciones española y europea ya recogen los delitos de odio, y su objetivo es "detectarlos, perseguirlos y erradicarlos" en las redes sociales e incentivar a las plataformas a generar un "entorno más seguro y abierto para promover el debate entre los usuarios".

Desde el Ejecutivo señalan que los problemas en las redes sociales son "una preocupación generalizada de la ciudadanía". Aluden al último Eurobarómetro, según el cual "el 95% de los españoles están preocupados por la desinformación y por los discursos de odio, y el 89% por la concentración de poder en las grandes plataformas y la falta de transparencia de sus algoritmos". Según la Unesco, continúa el Gobierno, "nueve de cada diez ciudadanos consideran que es responsabilidad de los Gobiernos y de los reguladores actuar, una realidad que desmiente el relato de neutralidad y autorregulación que defienden figuras como el fundador de Telegram, Pavel Durov".

Señalan, además, que Telegram "ha incumplido de forma reiterada sus obligaciones de control". Acusan a Durov de diseñar "deliberadamente una arquitectura de mínima moderación que ha convertido a esa plataforma en un espacio recurrente para actividades criminales documentadas, como redes de abuso sexual infantil y tráfico de drogas". "No se trata de episodios aislados", porque, aseguran, existen "cientos de canales dedicados a actividades criminales con millones de usuarios, lo que apunta a una necesidad de una respuesta regulatoria y coordinada".